"Vimos que con el Acuerdo de Unión Civil los dos estábamos en igualdad de condiciones, sin que la mujer estuviera en una situación de inferioridad o nos viéramos afectados en cuanto al patrimonio. Además, es un trámite mucho más simple que celebrar un matrimonio", cuenta la socióloga Manuela Mujica (31), quien suscribió el contrato en julio del año pasado junto a su pareja Abel, de 37 años. Y aclara que "para nosotros tiene el peso en todo sentido; la misma valoración social".

Se trata de uno de los 28 mil Acuerdos de Unión Civil (AUC) que se han suscrito desde que entró en vigencia la ley, el 22 de octubre de 2015, marcando un hito al permitir que personas del mismo género pudieran ser reconocidas legalmente como contrayentes, y así también ser consideradas como familia ante el Estado y todas las instituciones.

La cantidad de uniones de este tipo se ha mantenido constante, lo que se refleja en que, de acuerdo a un balance entregado por la Fundación Iguales, a partir de datos obtenidos por Ley de Transparencia, entre 2015 y el 31 de julio de este año, la mayoría de los contratos han sido celebrados entre personas de diferente género, los que suman 21.951 casos, equivalentes al 78,3% (ver infografía).

En paralelo, los acuerdos contraídos por personas del mismo sexo alcanzan los 6.082, la mayoría de ellos, hombres. La mayor parte de estos enlaces se ha realizado en Santiago, con un 41% del total, y en Valparaíso, que concentra el 14,9% de las uniones.

El número de vínculos es bajo si se compara con los matrimonios tradicionales, los que llegaron a 63.164 a nivel nacional en 2018.

Las organizaciones de diversidad sexual evalúan positivamente la norma. "La cantidad de uniones se ha mantenido y proyectamos que seguirá constante. Pero las personas siguen abogando por que se apruebe un matrimonio igualitario en Chile", aclara Jorge Lucero, director jurídico de Fundación Iguales.

Añade que muchas personas optan por el acuerdo porque es más simple contraerlo (no se requieren testigos, por ejemplo) y darle fin, pero también destaca que tiene "falencias". Según Lucero, el AUC no reconoce aspectos de protección social como la entrega de asignación familiar, pensiones, derechos de alimentos y filiativos. Sobre este último punto, indica que cuando dos mujeres suscriben el AUC y tienen hijos, solo una de ellas ostenta el estatus de madre.

Margarita Ibieta, quien suscribió el acuerdo en enero de 2018, relata que junto María Jesús, su pareja, han reflexionado sobre la protección que reciben sus hijos: "A este acuerdo le falta el tema de la filiación. Por ejemplo, yo no puedo incluir al hijo de ella en el seguro complementario, mientras que las personas casadas sí pueden".

Francisco Videla, enfermero, cuenta que para él es valiosa la existencia de esta unión. Adoptó el acuerdo en 2018 junto a Cristián, su pareja, y plantea que "finalmente, las personas así reconocen legalmente a tu pareja, en caso de que a alguno le suceda algo. Antes, muchos gays no eran admitidos por las familias, aunque habían pasado mucho tiempo juntos".

Cambios

Pero más allá del acuerdo, ahora algunas organizaciones piden avanzar en nuevos derechos para las personas del mismo género. El abogado Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil de la U. de Chile y autor de una propuesta de matrimonio igualitario entregada al gobierno en 2017, explica que el Acuerdo de Unión Civil es "un contrato que reconoce ciertos derechos, pero no todos, y principalmente, quedan fuera los hijos: simplemente no son mencionados".

El académico aclara que en el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que este mes podría comenzar a ser discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, se incorpora la figura de la "homoparentalidad"; es decir, que los hijos puedan tener dos padres o bien dos madres (si el enlace es entre personas del mismo género). "Pero el AUC no lo contempla, lo que lleva, por ejemplo, a que si una persona muere, el hijo podría ser entregado a otros parientes", precisa Tapia.

El profesional advierte que Chile se comprometió ante la Corte Interamericana de Justicia a adaptar su legislación para recoger la figura del matrimonio igualitario, por lo que, si no se cumple, el país podría recibir una condena.

El senador y presidente de la comisión de Constitución, Felipe Harboe, señala que el AUC ha sido un mecanismo "importante para dar un marco de legalidad", pero que "se debe terminar con la discriminación de que el matrimonio solo es entre heterosexuales, pues hoy se dan relaciones entre personas del mismo sexo que deben ser reconocidas".

Por ello, dice que buscará poner en tabla el proyecto durante la tercera semana de octubre en la comisión. Harboe añade que el Ejecutivo "no debería imponer creencias religiosas, sino que hacerse cargo de realidades sociales".

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) anticipa que su bloque votará contra el matrimonio igualitario: "El programa de gobierno no incorporaba la iniciativa, por lo que no lo apoyamos".

Lo anterior, dice el parlamentario, porque considera que "el verdadero vínculo es entre un hombre y una mujer. Y esa es también la mejor forma de proteger a los hijos en la sociedad".

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