Los cuestionamientos a la Conadi por los recursos para compra de tierras indígenas

A las 12.40 del pasado jueves, la dueña del fundo “Mañío”, ubicado en la ruta entre Lautaro y Curacautín, llamó a Carabineros para denunciar la ocupación ilegal de su terreno. El caso es solo una de las 66 tomas que se han registrado en la Macrozona Sur entre enero y febrero. La cifra tiene en alerta a las autoridades de la zona, a las policías y también al gobierno, significa un notorio aumento en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando solo se registraron siete ocupaciones.

El alza de las tomas puso en debate público el rol que ha tenido la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la ejecución del presupuesto destinado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Este programa se creó en 1993, a partir del Artículo 20 de la Ley Indígena.

El fondo está compuesto de tres elementos. El primero es un subsidio para que una familia pueda postular a un beneficio de hasta $ 25 millones para insuficiencia de tierras. Luego vienen los dineros destinados a la restitución de predios, cuando hay comunidades que acrediten, vía títulos de merced u otras fuentes legales, pérdida territorial. Esto es lo que se conoce como compra de tierras -del Artículo 20 letra b- para devolver predios perdidos por las comunidades hace varias décadas. El tercer elemento tiene que ver con recursos destinados a agua para riego de tierras.

Los cuestionamientos a la Conadi apuntan justamente al uso que se les ha dado a las platas del Fondo de Tierras destinadas a la reivindicación territorial de las comunidades indígenas. Los consejeros de la entidad hace tiempo vienen denunciando que la dirección del organismo ha frenado la compra de tierras y no ejecuta todo el presupuesto destinado a este objetivo.

“Desde 2019 que la ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas ha sido bastante oscura. Se ha ocultado información”, afirma el consejero mapuche de la Conadi, Iván Carilao.

Carilao, quien lleva dos periodos de cuatro años en el cargo, asegura que la primera quincena de enero la Comisión de Tierras de la Conadi tuvo una reunión con el jefe nacional de este fondo, Tulio Matamala, quien les mostró una presentación en la cual reconocía que se gastaron casi $ 6 mil millones para compra de tierras, de un total de $ 76 mil millones.

“A estas alturas, a nuestro juicio se trata de una manipulación abierta de esta información. El gobierno está buscando hacer colapsar esta situación para que se produzca lo que está pasando. Debido a la no ejecución presupuestaria, la gente se fue a tomar los fundos. Toda esta situación es responsabilidad absoluta del gobierno y de quienes están en la Conadi. Yo creo que existe una instrucción para no comprar”, acusa Carilao.

Una opinión similar tiene el exdirector de la Conadi Alberto Pizarro. La exautoridad estuvo al mando del organismo durante casi todo el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Esto no es solo negligencia o incompetencia institucional de la Conadi. Esta es una decisión política de no avanzar en el uso de los recursos del Fondo de Tierras, específicamente en lo que tiene que ver con el Artículo 20 letra b respecto de las restituciones territoriales”, comenta Pizarro. De acuerdo a su visión, “esto evidentemente tiene relación con el clima de descontento entre las comunidades”.

La Tercera recopiló el presupuesto destinado a este fondo desde el año 2006 a la fecha y su ejecución. Para eso se revisaron los datos que tiene la Dirección de Presupuestos. Se incluyó tanto el presupuesto inicial -destinado originalmente en la ley- y el presupuesto vigente, que son los recursos reales que se tuvieron en el año.

Los datos muestran que los gobiernos del Presidente Sebastián Piñera son los que han ejecutado un menor porcentaje de este fondo. A la vez, la ejecución de estos recursos el año pasado fue de 86%. De hecho, el presupuesto de este ítem en 2020 sufrió fuertes recortes, en línea con los ajustes que se hicieron en todo el sector público por motivo de la pandemia. Así, el año pasado partió con más de $ 76 mil millones y terminó con casi $ 22 mil millones.

Esto, producto de una reducción que realizó en abril y otros dos hechos en mayo por el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Este año el presupuesto aprobado para el fondo es de $ 63 mil millones, un 17% menos que el de 2020.

La Conadi se defiende y asegura que no ha parado la compra de tierras. Según registros oficiales, hasta la fecha existen 661 comunidades que tienen el Informe Jurídico Administrativo favorable -lo que se conoce como aplicabilidades- para solicitar la compra de terrenos. De ese universo, 210 comunidades nunca han tenido una compra.

Este es uno de los puntos más críticos. Las comunidades que cuentan con aplicabilidades significa que pueden solicitar la compra de los predios. Dada la cantidad, esta situación se habría transformado en una especie de lista de espera. La lista se ordena por antigüedad y va corriendo a medida que la Conadi logra comprar el predio.

Sin embargo, aquí radica la complejidad del proceso, ya que son justamente las comunidades que cuentan con esta calificación las que se frustran por un trámite que califican como lento y engorroso.

En la Conadi, además, agregan que lo difícil es hacer calzar la demanda territorial de la comunidad con la disponibilidad de tierras, la disposición del dueño actual a aceptar el valor tasado y los requisitos legales que son, posteriormente, revisados por la Contraloría.

Estos criterios son cuatro: privilegiar las demandas y aplicabilidades más antiguas; dar preferencia a las comunidades que no hayan sido beneficiadas con tierras previamente; que los predios no hayan tenido “perturbaciones” -es decir, que no registren tomas o hechos de violencia-, y que, con la compra, la comunidad firme el fin de la demanda territorial.

Pero Ignacio Malig, director de la Conadi, rechaza los cuestionamientos y asegura que el fondo se ejecuta como corresponde.

“La ejecución presupuestaria total del año 2020 de Conadi alcanzó un 96,2%. En tanto, el fondo de tierras y aguas indígenas tuvo una ejecución de un 88%. La compra de tierras no está detenida, pero debe hacerse de manera ordenada y de acuerdo a lo que indica la Ley de Presupuestos como criterios”, asegura el director a La Tercera.

En esa misma línea, el líder de la Conadi agrega que “hacemos un llamado a seguir la vía institucional para poder atender de mejor manera los requerimientos, ya que Contraloría no nos permite comprar predios que no se ajusten a estos criterios”.

Pese a estas explicaciones, el consejo de la Conadi no está satisfecho. Para Carilao se trata de “excusas”, pero reconoce que el asunto ya se escapa de sus manos: “Las comunidades definirán el camino que van a seguir y ya no somos responsables de lo que está pasando. Es el propio gobierno el que tiene que responder a las comunidades”.