Doce son los puntos que contiene el protocolo de acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia, Gendarmería y el Frente de Trabajadores Penitenciarios la madrugada de este viernes, y con el que se puso término al paro nacional que llevaban adelante los funcionarios desde el lunes.

Pese a que la negociación fue extensa, y a que algunos se resistían a aceptar la propuesta, se llegó a buen puerto y autoridades y funcionarios acercaron posturas.

De acuerdo al documento, para solucionar el problema de aquellos funcionarios que, cumpliendo con todos los requisitos para hacerlo, no podían hacerlo o el trámite tardaba demasiado, se acordó "regular tanto el ingreso a la carrera como el egreso de la misma, con el objeto de no repetir el crecimiento inorgánico de las dotaciones, por una parte, y evitar que en la parte superior de la carrera se genere un estancamiento, por otra".

En ese sentido, se fijó, a partir del año 2019, un incentivo al retiro para ambas plantas que, en el plazo de 4 años, permita que 100 funcionarios de la Planta I y 1.000 de la Planta II, puedan adelantar su retiro de la carrera. Dicho incentivo ascenderá a 900 Unidades de Fomento (UF) por funcionario.

El incentivo se aplicará para aquellos funcionarios que registren fecha de ingreso al Servicio entre los años 1991 y 1998. Además, se establecerán cupos anuales en cada planta. "Para que este instrumento opere generando los movimientos deseados en las plantas", indica.

"Atendido que lo anterior permitirá el egreso de funcionarios aún en plena edad laboral, para quienes se acojan a este incentivo no se aplicará la inhabilidad para trabajar en organismos públicos siempre y cuando no sea en Gendarmería de Chile", precisa.

Entre otros puntos, se modificará la regla para los ascensos de los funcionarios de estas plantas, permitiendo que, por el solo ministerio de la ley, si existen vacantes en un grado y no existen funcionarios del grado inmediatamente inferior que cuenten con el tiempo mínimo cumplido para efectos de ascender y cuentan con los demás requisitos para hacerlo; podrán ascender de igual forma, siguiendo estrictamente el orden de antigüedad, siempre que hayan permanecido, a lo menos, un año en el grado en que se encuentran previo al ascenso.

Con relación a la carrera funcionaria de aquellos no uniformados del Servicio se implementarán las siguientes medidas:

-A partir del año 2019, un incentivo al retiro para la Planta III que, en el plazo de 4 años, permita que 182 funcionarios puedan adelantar su retiro de la carrera. Dicho incentivo se equiparará en los montos a los establecidos en la ley 20.948, es decir, 622, 404 y 320 UTM para el correspondiente estamento. Para este efecto, se establecerán cupos anuales en cada planta. Quienes se acojan a no se aplicará la inhabilidad para trabajar en organismos públicos siempre y cuando no sea en Gendarmería de Chile.

-Con el objeto de contribuir a una mayor estabilidad de la carrera funcionaria, se crearán cargos nuevos en la planta. Para tal efecto, se considerará una aplicación gradual, con un aumento del gasto en régimen de 1.500 millones de pesos anuales. La medida comienza su aplicación desde el año 2019 y alcanza el régimen el año 2023.

-Se implementará un programa anual entre 2019 y 2024, que permita cursar ascensos, promociones e ingresos en las vacantes que se vayan generando en la planta, a través de concursos internos para funcionarios a contrata del Servicio, siempre que hayan cumplido 5 años de trabajo en Gendarmería de Chile. A partir del año 2025 se procederá conforme a las reglas generales del Estatuto Administrativo.

Otros Puntos del acuerdo:

-A partir del año 2020 se implementará un nuevo sistema de formación para el ingreso, en el contexto de la nueva ley de educación superior y, en esa línea, se homologará el número de funcionarios a la entrada de dichas plantas.

-Se creará la Unidad de Defensa Funcionaria, bajo el alero de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional para que se aboque a ejecutar, de modo particular y exclusivo, las labores de defensa judicial de los funcionarios.

-Se revisarán los procedimientos de seguridad de los funcionarios, especialmente respecto del personal no uniformado, estableciendo, entre otras medidas, la protección de su identidad en aquellos casos que puedan implicar una amenaza a su vida o integridad física o psíquica.

-Se invertirán $2.000 millones adicionales a la ley de presupuesto del año 2019 en mejoras de condiciones de habitabilidad para funcionarios en unidades penales, por ejemplo, en cuadras y casinos.

-Se reforzará al equipo de Gestión de Personas, con el objeto de implementar de manera adecuada la cantidad de ascensos y concursos que se verificarán en las tres plantas del Servicio a partir del año 2019.

-Las medidas establecidas precedentemente se formalizarán, en lo que corresponda, a través del correspondiente proyecto de ley, que será ingresado al Congreso Nacional a más tardar en el mes de enero de 2019.

-Habrá una instancia permanente de seguimiento de la implementación de las medidas acordadas en el presente protocolo, a cargo de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la que informará periódicamente del estado de avance de estas medidas, debiendo realizarse una evaluación de su impacto, una vez terminada la aplicación del incentivo al retiro, es decir, el año 2024.

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