El martes, a las 6.00, la PDI y el gobierno dieron inicio a un operativo que tenía como objetivo expulsar a ciudadanos colombianos que tenían condenas judiciales o bien que la autoridad administrativa había dictaminado su salida del país. La operación terminó hoy en la mañana y contó con el monitoreo del ministro del Interior, Andrés Chadwick. El saldo final fue la deportación de 51 colombianos, quienes abandonaron el territorio nacional en un avión Boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach).
Del total de estos extranjeros, 32 fueron deportados por fallos judiciales, los que habían establecido la sustitución de la condena por su expulsión del país. Los otros 19 fueron deportados por dictámenes del Ejecutivo.
Estos últimos, según la autoridad, no solo estaban en Chile en situación irregular, sino que también registraban condenas por diversos delitos, tanto en Colombia como en Chile (ver recuadro). "Estamos desarrollando lo que el Presidente (Sebastián) Piñera se había comprometido ante el país, que es ordenar nuestra casa en materia de migraciones", dijo Chadwick.
Con la actividad encabezada por el ministro del Interior, el gobierno retomó una tema que tiene alto apoyo en la ciudadanía -en abril pasado y según Cadem, un 75% respaldaba la política migratoria del gobierno- justo en una semana marcada por un cambio de gabinete que derivó en una crisis política, luego de que el recién nombrado ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, debiese abandonar el cargo 90 horas después de su designación, al conocerse declaraciones en las que realizaba duras críticas al Museo de la Memoria.
De todas formas, en Interior subrayan que la pauta estaba programada hace más de una semana. De hecho, los partidos de Chile Vamos fueron informados que vendría una actividad donde se reforzaría el mensaje de la expulsión de inmigrantes con problemas legales. Desde La Moneda, sin embargo, admiten que "nada es casual" y que se están evaluando otros anuncios para retomar el control de la agenda.
¿Por qué solo colombianos? La elección de extranjeros de esta nacionalidad, según el gobierno, no fue casual. Esto, porque se buscó seleccionar migrantes de un solo país para enviar a todos en un mismo vuelo. Esto, además, permitiría ahorrar dinero al Estado. Según los cálculos de la PDI, concretar estas 51 expulsiones por vía de aviones comerciales tendría un costo cercano a los $ 150 millones. Con esta metodología y usando una aeronave de la Fach, el valor sería cerca de la mitad.
Para reunir a todos los extranjeros que se buscaba sacar de Chile participaron 77 policías, más un médico y una enfermera. Sus detenciones se iniciaron el martes, e incluso trasladaron a migrantes desde cuatro regiones a través de caravanas, que viajaron del norte del país.
A los 19 que el gobierno decretó expulsar, los trasladaron el miércoles en la noche hasta el cuartel de la PDI ubicado en calle Seminario, en Providencia, y a los 32 deportados por vía judicial los llevaron al cuartel de Policía Internacional, ubicado en la calle Eleuterio Ramírez, en Santiago Centro.
Este es el tercer operativo de esta naturaleza que realiza la administración de Piñera. Además, y de acuerdo a las cifras de la PDI, este año ha aumentado en un 43% las deportaciones, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así, los expulsados pasaron de 628 a los 1.102.
Chadwick, además, adelanta que este número seguirá creciendo: "Nosotros esperamos que en este proceso, y el subsecretario (Rodrigo) Ubilla así lo ha señalado durante este año, podamos tener una cifra aproximada de 2.000 personas (expulsadas)".
Respecto del procedimiento realizado hoy, el prefecto Bernardino Cárdenas, jefe de Policía Internacional de la PDI, dijo que "continuamente se materializan expulsiones vía aérea. Esto viene a dar una solución importante, pero no corresponde a una expulsión masiva, dado que cada persona tiene su proceso judicial o administrativo, con sus respectivos recursos".
En tanto, la diputada RN Paulina Núñez señaló que "esto se trata ordenar la casa. Los que aportan y respetan las leyes se quedan, y los que delinquen se van".
Por su parte, el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, aseguró que con este operativo se buscaría "un efecto mediático". Así, añadió que "el Estado tiene el derecho a deportar, pero aún así debe haber un debido proceso. En este caso, al menos con un ciudadano colombiano, nos surge la duda".
