"Aspiramos que entre 2019 y 2020 tendremos 30 drones" en el aire, señaló a La Tercera la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar.

El nuevo plan, denominado Sistema de Vigilancia Móvil, fue presentado por el Presidente Sebastián Piñera, en conjunto con el ministro del Interior, Andrés Chadwick; la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la intendenta Rubilar.

"Este va a ser un instrumento muy poderoso" contra el delito, afirmó el Mandatario. Agregó que en 2019 el proyecto se va a extender a las regiones de Valparaíso, Biobío, Coquimbo y La Araucanía. En la de Antofagasta, aparatos similares operan desde diciembre pasado.

La intendenta metropolitana precisó que durante los primeros tres meses de marcha blanca se trabajará con los municipios y se establecerán los lugares de intervención en los que se desplegarán los aparatos, de marca DJI, modelo Matrice 210. Rubilar indicó que se dividirá la Región Metropolitana en seis zonas, incluyendo sectores rurales.

Los drones, que ahora son pilotados por Carabineros, quedarán posteriormente a cargo de una empresa que tendrá que pasar por un proceso de licitación.

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Los drones fueron mostrados en vuelo ante el Presidente y autoridades. Foto: Andrés Pérez[/caption]

Entre las características que tienen estos dispositivos aéreos se cuenta su capacidad de operar en la oscuridad, mediante cámaras de visión nocturna y termales. Así, se espera que luego de cumplirse la actual fase de pruebas, podrán volar las 24 horas del día.

La información que captan es analizada en una central ubicada en la sede de la Intendencia. La sala contará con cuatro operadores y un supervisor por turno, quienes tienen comunicación directa con la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco).

Las capacidades de los drones no se detienen allí. También contarán con softwares de reconocimiento facial y de patentes, aseveró Rubilar.

La puesta en marcha de este sistema, no obstante, despertó inquietud entre algunos expertos, centrada en el derecho a la privacidad. Se trata de una discusión que ya surgió cuando se lanzaron iniciativas análogas de vigilancia aérea, como los globos aerostáticos que se utilizaron en Las Condes hace dos años.

"Se generaron críticas que se han ido superando, porque en esas comunas ya nadie cuestiona el uso de la tecnología", señaló la intendenta.

Sin embargo, Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la misma institución, insistió en que el uso de drones implica "una afectación de la privacidad".

"El tipo de datos que los drones pueden recopilar, de acuerdo a las regulaciones actuales de la ley de datos son sensibles", asegura.

El académico colaboró en 2017 en la elaboración del 15° Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, en el que se señalaba que este tipo de sistemas vulnera los derechos humanos. Sobre la iniciativa presentada este lunes, advierte que a través de la información captada por los drones, "eventualmente se podrían reconstruir los patrones de vida de personas. Chile está muy al debe. Hay una desregulación absoluta sobre lo que el Estado hace con información sensible".

Jessica Matus, directora ejecutiva y fundadora de la fundación Datos Protegidos, afirma que el software de reconocimiento facial "tiene efectos sobre la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales. Se trata de un sistema de vigilancia desproporcionado".

Sobre el tema, Rubilar recalcó que los aparatos solo grabarán en espacios públicos. Añadió que se desarrollarán "protocolos trabajados con fiscalía, para evitar generar invasión a la privacidad".

Los drones tienen autonomía de 25 minutos y nueve baterías. Graban a 500 metros de distancia. El zoom es de hasta 250 metros. Los ocho drones iniciales, adquiridos por la Subsecretaría de Prevención del Delito, más la habilitación de la sala de monitoreo, gastos de operatividad, recursos humanos y pago de horas de vuelo, totalizan un costo de $ 797.244.014.