Son tres las muertes que se asocian a efectivos del Ejército, luego de decretado el estado de emergencia en nuestro país, a raíz de los desmanes públicos que comenzaron el 18 de octubre. De los tres militares imputados, dos ya han sido formalizados por el Ministerio Público, donde se han descubierto algunas pistas que apuntarían a cómo ocurrieron los hechos.
Los casos se dividen en dos regiones: Coquimbo y el Maule.
El primero ocurrió en La Serena, el 20 de octubre, con la muerte del joven ecuatoriano Romario Veloz Cortez (26), quien falleció luego al recibir un disparo en medio de las protestas. Por esta causa está siendo investigado el soldado conscripto Milován Rojas Barrera (19).
Según el parte de Carabineros de ese día, un testigo "detalla que mientras ambos lesionados (hubo otro herido) participaban del recorrido de la marcha que se efectuaba por la comuna de La Serena, específicamente en el sector de la Ruta 5 norte con calle Amunátegui, escucharon disparos y ráfagas que asocian a disparos efectuados por personal militar que se encontraba apostado a 200 metros del lugar, donde cayeron lesionados ambos activistas que no participaban de los incidentes ni ataques". Veloz murió pasadas las 18.40 de la tarde en el Hospital de esta ciudad.
Por el momento, la fiscalía no ha formalizado al sospechoso, pues se está a la espera de distintos peritajes encargados a la PDI.
72 horas sin dormir
Un día después a lo ocurrido con el joven ecuatoriano, en la misma región, pero ahora en Coquimbo, murió Kevin Gómez Morgado (23), pasadas las 00.30 de la noche . Según el parte policial, "dicha persona habría sido encontrada tendida en la vía pública en las inmediaciones de la tienda La Polar lugar donde se concentraron incidentes entre lumpen y funcionarios de Ejercito que habrían hecho uso de armas para disuadir".
Por este caso la fiscalía formalizó al cabo primero Cristián Care Care (32), quien quedó en prisión preventiva. Esta medida cautelar fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Coquimbo, la semana pasada.
De acuerdo a la constancia ingresada por el Ministerio Público al Juzgado de Garantía de La Serena, se revisaron las cámaras de seguridad de la vía pública que registraron los hechos, donde "se advierte, a contar del minuto 00:53 del registro cómo un militar dispara en contra de un hombre que aparece caminando desde el costado derecho, su resultado de muerte por la documental consistente en fotos e informes, constando además los casquillos que quedaron abandonados en el lugar de los hechos".
El registro audivisual ha sido clave para la fiscalía. Con los videos del lugar se aprecia cómo ocurrieron los hechos, donde el uso del arma del funcionario militar estaría acreditado. En el registro que tiene el Minsiterio Público y analizó la PDI, se aprecia tres vehículos militares desplazándose por la calle, y al imputado realizando un disparo a escasa distancia de la víctima.
Sin embargo, la defensa del militar expuso otro antecedente: durante la audiencia de formalización del uniformado, el abogado Alejandro García García, señaló que su representado advirtió una amenaza tanto para él como para su equipo, al ver salir del local comercial a una persona con una especie en sus manos, considerando que podría arrojarla y causar daño o lesiones al personal militar.
Dijo que, por esa razón, "actuó en cumplimiento de su deber, conforme al procedimiento para efectuar disparos establecidos en el Regla de Uso de Fuerza".
Agregó un antecedente que el tribunal resumió en la constancia de la audiencia: "Disparó en consecuencia, estimando también la circunstancia de que su representado se encontraba desde hace 72 horas sin dormir al momento de los hechos, desde que se acuarteló luego de la declaración de estado de emergencia".
Fusil de guerra en Curicó
El último caso en que habría tenido participación un miembro del Ejército en la muerte de un civil, durante esta crisis, ocurrió en Curicó, el 21 de octubre. Ese día falleció José Miguel Uribe Antipani (25), quien recibió un disparo en medio de una manifestación en la Ruta 5, en la Región del Maule.
Según los antecedentes que ha recogido la fiscalía y expuestos en la audiencia de formalización del imputado que está en prisión preventiva, el imputado y cabo segundo del Ejército, Juan Carlos Reyes Araneda (26), se trasladaba en el vehículo bus marca Hyundai PPU GWEY.61 de la institución, junto a otros siete militares. En plena Ruta 5, a la altura del kilómetro 137, el tránsito estaba cortado por manifestantes.
Los uniformados bajaron y, de acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal Jaime Rojas Díaz ante el Juzgado de Garantía de Curicó, el 23 de octubre, los uniformados bajaron a ver lo ocurrido, y "en ese contexto, el imputado ya individualizado desciende del bus portando un arma de guerra, fusil marca ZIG calibre 7.76 por 51 mm, modelo 510, serie Nº 1964, con su cargador, el cual contenía 19 tiros de guerra y uno de fogueo, momento en que el imputado se dirige hacia el grupo de personas existente en el lugar, efectuando sin causa ni motivo justificado, dos disparos con el arma que portaba hacia ellos, siendo el primer disparo el de una munición de fogueo, y el segundo con munición de guerra, impactando este último a la víctima, José Miguel Uribe Antipani". La bala entró por el tórax.
La semana pasada la Corte de Apelaciones de Talca revisó la causa, ratificando la prisión preventiva para el militar. En tanto, la defensa del imputado descarta la participación del uniformado en el homicidio. El defensor penal público Claudio Córdova Muñoz dijo al tribunal que en dos videos "que se muestra el sitio del suceso al momento de hechos y en los cuales se puede observar con total claridad que al momento en que la víctima cae abatido, mi representado ya no se encontraba en el lugar y no pudo haber ejecutado el disparo que dio muerte a la víctima".
El Ministerio Público, en tanto, ya incautó los teléfonos de los ocho funcionarios del Ejército que participaron del procedimiento, incluido el del imputado. Y se dispuso el análisis completo de estos dispositivos a la PDI.
