Protestar en contra de la futura estación de la Línea 7 de Metro, que se ubicaría en el Parque Araucano. Esa es la convocatoria que se conoció esta semana, lanzada por vecinos y concejales, que generó polémica y diversos comentarios en redes sociales, desde la aprobación al rechazo. La discusión en torno al futuro acceso reabrió el debate sobre las externalidades, positivas o negativas, que implica la expansión de este medio de transporte urbano.

Para Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, la llegada del Metro a una zona de la ciudad es "solo positiva. Significa calidad de vida, integración, progreso y conectividad".

En esto coincide Paola Tapia, exministra de Transportes y actual directora de Derecho de la U. Central. Afirma que cada nueva línea se convierte en una "oportunidad para las personas que residen en el lugar y para los desarrollos comerciales". Tapia agrega, entre los beneficios, la disponibilidad de un transporte sustentable que está integrado a otros métodos de traslado.

Franco Basso, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la U. Diego Portales, recuerda que el crecimiento de la red incide en aumentar el precio del suelo. Así, los inmuebles situados en las primeras dos cuadras del entorno de una estación pueden presentar un incremento de hasta 30% en el valor del m2.

"Además, Metro se ha transformado en los últimos años en un gran generador de espacios públicos, sobre todo en zonas que están menos consolidadas", reconoce.

No obstante, las externalidades negativas también están presentes. "En los sectores en los que ya existe una buena calidad urbana, como puede ser en el caso del Parque Araucano, el mayor flujo de personas daría pie a ciertas incomodidades que pudiesen tener los vecinos", señala Basso. Tales inconvenientes, agrega, se relacionan con el aumento del ruido, atochamientos viales y mayor presencia de comercio ambulante.

Otro de los problemas surgidos en los últimos años, a partir de la puesta en marcha de las líneas 3 y 6, consiste en las vibraciones denunciadas por vecinos de ambos trazados.

En otro punto, expertos en urbanismo y seguridad descartan de plano que la presencia de estaciones del tren subterráneo incida en el aumento de hechos delictuales. "Asociar Metro a delincuencia es algo erróneo, no está documentado", enfatiza Basso.

Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, también sale al paso de una de las inquietudes de quienes se oponen a la estación en Parque Almagro. "No hay estudios que demuestren que existe una relación entre la llegada del Metro a un lugar y el aumento de ciertos delitos", precisa.

No obstante, Johnson acota que la aglomeración de personas "en ciertas circunstancias hace que esa instancia sea propicia para la comisión de cierto tipo de delitos, como robos o robos con sorpresa".

La ubicación de estaciones también ha generado inquietudes en la zona sur de la capital. Felipe Delpin, jefe comunal de La Granja, explica que ha sostenido reuniones con la estatal para conseguir que futuras estaciones de la Línea 9 también tengan salidas hacia esa comuna, y no solo por San Ramón. "En la medida en que no seamos capaces, como ciudad, de establecer otros elementos y más infraestructura, será una gran inversión que no va a ser bien aprovechada", asevera.

Otro conflicto relacionado con instalaciones del Metro surgió este año en torno a las futuras cocheras (lugar donde se guardan los convoyes) de Línea 7. Claudio Castro, alcalde de Renca, explica que si bien se valora la llegada del Metro, las externalidades negativas que implicaría la presencia de esas instalaciones, que ocuparán 17 hectáreas, generan preocupación en la comuna. "Metro no nos ha explicado por qué esto no puede ser soterrado", declara.

Más participación

Uno de los factores que podrían ayudar a prevenir futuros desacuerdos en este ámbito se centraría en promover la participación ciudadana. "Hay que estar disponibles para generar los cambios necesarios y para que la estación converja con su entorno. No hay que imponer su instalación", recomienda la exministra Tapia.

En este plano, la hoy académica recalca que la participación ciudadana "se realiza en la práctica, pero muchas veces puede depender de las autoridades actuales".

En tanto, a través de un comunicado, Metro resalta que la red "democratiza la ciudad y acerca a las personas, mejorando la conectividad y favoreciendo que nuevos servicios lleguen a sectores hasta ahora aislados".

La estatal añade que en todos sus proyectos trabajan en conjunto con las municipalidades y otros organismos competentes "para que durante la construcción las obras provoquen la menor afectación posible en la superficie y en la ciudadanía". Y al mismo tiempo, insiste en que en el caso de Renca, no está contemplado que las cocheras sean soterradas.