Los exministros jubilados que volvieron a las cortes como abogados integrantes

La figura de los abogados integrantes ha derivado, según se comenta en tribunales, en un "cementerio de elefantes". ¿La razón? Exsupremos y exministros de corte de apelaciones han vuelto a integrar salas a pesar de haber jubilado del Poder Judicial al cumplir el límite de edad de 75 años fijado en la Constitución.

Uno de los primeros en abrir esta puerta fue el expresidente de la Corte Suprema Hernán Álvarez, quien dejó el máximo tribunal en 2005, pero volvió a la Suprema un año después como abogado integrante, cumpliendo un periodo de tres años.

A Álvarez lo siguió posteriormente el exministro Jaime Rodríguez quien dejó la Corte Suprema en 2012, pero regresó al máximo tribunal como abogado integrante en 2015.

A Rodríguez se sumó el exsupremo Pedro Pierry. El abogado —quien desde enero de este año trabaja como consultor externo del contralor Jorge Bermúdez— integró durante diez años el máximo tribunal culminando su periodo en 2016. Estuvo dos años fuera de tribunales, pero volvió a la Suprema como abogado integrante en 2018, cargo en el que estará hasta 2020.

Estos casos no son bien vistos en la corte ya que son considerados como una forma de "burlar" el límite constitucional de los 75 años.

Esta situación también se replica en las cortes de apelaciones. Por ejemplo en el tribunal de alzada de San Miguel, a sus 80 años, ejerce como abogado integrante el exministro y expresidente de esa misma corte Claudio Pávez.

El año pasado, cuando el pleno de la Suprema tuvo que armar las ternas con los postulantes a abogados integrantes de los tribunales de alzada, los supremos Manuel Valderrama, Jorge Dahm, Ángela Vivanco y Andrea Muñoz votaron en contra de que estos exjueces, junto a otros cuatro que finalmente no fueron nombrados por el Ejecutivo, volvieran a las cortes.

"El artículo 80 de la Constitución Política de la República, precisamente, les obligó a abandonar el servicio por exceder la edad máxima permitida en la Carta Fundamental para el desempeño judicial, razón que hace improcedente su nombramiento como abogado integrante de Corte de Apelaciones".

La principal piedra de tope para terminar con los abogados integrantes es encontrar otra fórmula igual de eficiente que permita tener funcionando todas las salas de las cortes.

El pleno de la Suprema se inclina por la figura de los "suplentes de ministros" en términos similares a los contemplados en el Tribunal Constitucional (TC). El gobierno también apoya una fórmula parecida a la del TC.

"(Se proponen ministro suplentes) A razón de uno por cada una de las salas en que se encuentre dividida la corte de apelaciones de que se trate. En el caso de la Corte Suprema, se propone que los suplentes de ministros sean dos por cada una de sus salas especializadas".

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados propone una integración en los tribunales de alzada con los jueces de letras que tengan el curso habilitante para ser ministro y que en la Suprema las ausencias se subsanen llamando a integrar a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.

A estas dos propuestas, se suman otras que han sido planteadas en proyectos de ley y que apuntan a terminar con los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones y de la Suprema, para que luego estos pasen a ser ministros en esos mismos tribunales.

Para el investigador senior del CEP, Lucas Sierra, "la verdadera solución debe apuntar al problema que genera la necesidad de abogados integrantes: la gran cantidad de tareas no jurisdiccionales, administrativas, que deben cumplir los ministros. Estas tareas los distraen de su rol fundamental que es juzgar". Así, Sierra estima que "la necesidad de suplirlos para conocer causas se reducirá grandemente".