Dieciocho años tiene la fiscalía y más de una década desde la total puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal. Un lapso que ha convertido a los fiscales en figuras públicas reconocidas por la ciudadanía. Muchos de ellos aplaudidos por su trabajo y otros tantos criticados por su alta exposición mediática.
Pero ¿qué tan eficiente es la gestión de los fiscales? La Tercera realizó el ejercicio de comparar a los 18 abogados que lideran las fiscalías regionales a lo largo del país, revisando las tasas de resolución de los casos que investigaron entre enero y diciembre de 2017.
En especial, se analizó el tipo de término que dieron a esas causas. Si fueron salidas judiciales, donde se dictaron condenas o absoluciones, sobreseyendo o llegando a acuerdos reparatorios, por ejemplo. O si más bien eran fiscales proclives a las salidas no judiciales, es decir, archivando provisionalmente las causas o aplicando la decisión de no perseverar, facultad discrecional que tienen los persecutores para cerrar una causa sin control de un juez (ver infografía).
En términos generales, durante el año pasado, el Ministerio Público cerró a nivel nacional un total de 1.537.706 causas. El 42,97% de ellas a través de salidas judiciales y el 57,03% por la vía no judicial. De los cierres, un 14,52% fueron condenas, 47,3% de los casos fueron archivados, en 6,6% se decretó suspensión condicional del procedimiento y en 3,7% se aplicó la decisión de no perseverar.
Los datos fueron extraídos del Boletín Estadístico Anual 2017 que elabora la Fiscalía Nacional, documento publicado la semana pasada.
Además de revisar los antecedentes de los fiscales jefes, La Tercera solicitó los balances de desempeño de la Fiscalía de Alta Complejidad en que participaron hasta esta semana los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Sin embargo, el requerimiento hecho a través de Ley de Transparencia fue negado por parte de la institución.
Primeros en el ranking
Encabezando el listado de salidas judiciales se encuentra la Fiscalía de Aysén, que hasta julio lideró el fiscal Pedro Salgado, el mismo que llevó la investigación por el caso de Nabila Rifo, en que su ex pareja Mauricio Ortega fue condenado. Desde octubre la fiscalía regional es encabezada por Carlos Palma.
Los persecutores superan por lejos el promedio nacional y tienen un índice de resolución judicial de los casos de un 57,99%. Asimismo, en materia de condenas obtenidas, logran un 20,4% y sólo un 28,7% de archivo provisional, el promedio más bajo del país para salidas de este tipo. En todo caso, también son quienes más dictan sobreseimientos a nivel nacional, ya que en un 15,3% de los casos aplicaron esta medida.
La explicación más simple sobre el buen porcentaje de salidas judiciales de esta fiscalía es que son quienes manejan el menor número de casos: sólo 11.064 causas llevaron en 2017. Además, el tiempo promedio de tramitación es de 631 días, el doble de las otras zonas.
En la vereda opuesta se encuentra la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte, una de las cuatro fiscalías que hay en la capital. Esta zona fue liderada hasta enero de este año por el fiscal Andrés Montes, quien renunció para asumir como fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión de Mercado Financiero.
Su equipo investigó el año pasado el mayor número de causas en comparación a otras fiscalías. En total decretó 203.450 términos de casos. Sin embargo, un 65,2% tuvo una salida no judicial y sólo un 34,75% de éstos se cerró por la vía judicial, siendo el porcentaje más bajo a nivel país.
En el porcentaje de condenas, la Región Metropolitana registra los menores índices de Chile. Mientras el fiscal Montes sólo obtuvo sentencias condenatorias en el 11% de sus causas, el fiscal Manuel Guerra, de la zona Oriente, logró un 10,8%. En tanto, el fiscal Raúl Guzmán, de la zona Sur de Santiago, un 10,5%, y el fiscal José Luis Pérez Calaf, del área Occidente, un 9,3% de condenas.
Santiago también lidera el archivo de causas. Guzmán registra un 49,4% de los casos, Pérez Calaf un 52,4%, Montes un 54,3% y en el caso de Guerra, un 59,6% de las causas que investiga son archivadas sin responsables.
¿La razón? Además del enorme volumen de casos que hace más compleja la labor investigativa, en el entorno de los fiscales explican que reciben gran cantidad de denuncias por delitos financieros, como clonación de tarjetas o fraudes telefónicos o por internet. Más aún porque en esa zona se encuentran las casas matrices de los bancos. Este tipo de robos son difíciles de investigar y seguir la huella del estafador, por lo que suelen terminar sin sanción.
Otra variable que explica los distintos resultados son los delitos como robos o hurtos. Mientras algunos fiscales por consideraciones político-criminales definen como simples faltas los "robos hormiga" en supermercados o el retail, así como el porte de arma blanca y los cierran sin mayor tramitación, otros, más duros en estas materias, optan por judicializar estos casos.
