Antes de que la Corte Suprema decidiera respaldar parcialmente el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió un recurso de amparo de la defensa de “Los Gallegos” para reevaluar la presencialidad del juicio en contra de los 38 imputados, esta jornada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había pedido al máximo tribunal revocar la sentencia de alzada haciendo presente “la improcedencia de utilizar el mecanismo constitucional del amparo para discutir la forma en que debe efectuarse un juicio oral”.
Cabe recordar que el tribunal de alzada acogió un recurso de amparo por las defensas de los imputados, que buscaban que -al contrario de lo decidido por el Tribunal Oral de Arica- el juicio se hiciera de manera presencial. Sin embargo, tras esto la Corte Suprema acogió una orden de no innovar -a la espera de analizar el fondo del fallo de la Corte de Arica- por lo que este lunes el juicio pudo comenzar finalmente de manera remota, aunque fue prontamente suspendido.
El juicio inició este lunes de forma telemática en el Tribunal Oral de lo Penal de Arica, pero fue aplazado tras conocerse el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ordenó su suspensión a la espera de una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial. Asimismo, ordenó entregar a las defensas los informes donde Gendarmería justifica los motivos por los que el juicio debía realizarse de forma remota.
Sin embargo, horas antes y en representación de Gendarmería, el CDE había expuesto sus alegatos ante el máximo tribunal para que revocara la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica que, pronunciándose en acción de amparo, dispuso la comparecencia personal en el juicio oral de un conjunto de imputados.
El abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía, señaló que solicitó a la Suprema acoger el recurso de apelación presentado por el CDE, “haciendo presente la improcedencia de utilizar el mecanismo constitucional del amparo para discutir la forma en que debe efectuarse un juicio oral”. Los argumentos expuestos, añadió, se fundaron en “la defensa de la racionalidad y legalidad de la decisión del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Arica, que ordenó el desarrollo del juicio de manera híbrida, esto es, de manera remota para los imputados, evitando con ello el traslado de los internos a dicha ciudad desde distintos centros penitenciarios del país”.
Los 38 imputados están acusados por los delitos de homicidio calificado, secuestros, porte de armas y tráfico de drogas, entre otros. La Fiscalía pide presidio perpetuo para 11 de los imputados, mientras que las condenas solicitadas para los otros 27 implicados suman más de 200 años.
