Los Gallegos: Corte acoge amparo de imputados vinculados a la banda y ordena que juicio se realice de manera presencial

La tarde de este miércoles, la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo interpuesto por las defensas de 19 imputados vinculados a Los Gallegos, organización criminal ligada al Tren de Aragua, y ordenó que el juicio oral en su contra se realice de manera presencial.

De esta forma, el tribunal de alzada revocó la disposición fijada por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica el pasado 5 de abril y mediante la cual se establecía que los encausados podrían comparecer de manera telemática.

Así, los acusados, que se encuentran distribuidos en seis penales distintos, deberán ser trasladados por personal de Gendarmería hasta la capital regional para ser juzgados. En el marco de esta causa, en total, hay 44 personas imputadas.

“Se acoge el recurso de amparo interpuesto por los abogados defensores Rodrigo Torres Díaz, Violeta Álvarez Ramírez, Renato Moscoso Lucero, Ginger Riffo Gaete, Diego Álvarez Trigo, Cintia Cartagena Martínez, María Zarricueta Robles y María Isabel Godoy, debiendo el tribunal de Juicio Oral en lo Penal disponer la comparecencia personal de estos imputados, a la respectiva audiencia de Juicio Oral”, se lee en la resolución de siete carillas.

Los ministros señalaron, en ese sentido, que “el ejercicio de la potestad punitiva del Estado se encuentra sometido a un conjunto de reglas que garantiza el debido ejercicio de sus derechos a todos los intervinientes en el proceso, debiendo, consecuentemente, el mismo Estado a través de todos los organismos que intervengan tanto en el proceso como en la seguridad de las audiencias y custodia de los imputados, disponer de los medios y recursos que aseguren su efectividad, no mutando el anterior argumento, lo supuestamente informado por Gendarmería de Chile, en un oficio, cuyo contenido fue declarado secreto y de cuyo contenido esta Corte, ni los intervinientes, han tenido conocimiento”.

De la misma forma, hicieron presente que “por la vía de haber decretado la comparecencia telemática de los diecinueve recurrentes, amenaza sin duda, el ejercicio de sus derechos procesales y, consecuentemente, la garantía de la libertad personal”.

Frente a la determinación, el fiscal regional Mario Carrera indicó que se enfrenta una situación “bastante compleja”. “Nosotros hemos respetados cada una de las resoluciones del tribunal y de las cortes. Hay un rol jurisdiccional que les compete, efectivamente. Sin embargo, vamos a analizar diferentes cursos de acción, si es que se recurre ante la Corte Suprema, si lo hace Gendarmería y cuáles serían los próximos pasos que vamos a dar”, comentó el persecutor.

Agregó, en el el mismo sentido, que “lo que nos preocupa es la seguridad, porque evidentemente tener a estas personas en Arica, en un lugar con un contingente de funcionarios y policías que no es el óptimo, es un riesgo”.

Recordó, en el mismo tono, que en esta causa se están pidiendo once presidios perpetuos y más de 200 años de cárcel para el resto de los implicados. “El riesgo es altísimo respecto de que pudiesen realizar algún acto que implique la fuga o alguna cuestión de esa naturaleza”, complementó.

Dadas las coordinaciones que se necesitará hacer, el persecutor aseguró que es poco probable que el juicio efectivamente comience el próximo lunes 22 de abril, como está previsto hasta ahora.