Detalles impactantes y desconocidos contiene la querella criminal que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra los responsables de lo sucedido con los conscriptos de la Brigada Motorizaza N°24 “Huamachuco”, con asiento en la localidad nortina de Putre y que culminó con la muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años de edad.

En el recurso judicial presentado por el delito de “apremios ilégitimos”, se detalla que “desde el día 21 de abril del presente año, alrededor de 250 jóvenes soldados conscriptos pertenecientes al Regimiento Motorizado N°24 ‘Huamachuco’ de Putre, formaron parte de una instrucción militar que les trasladó hasta el sector denominado “Pacollo”'.

Agrega que los efectivos del grupo de 45 soldados conscriptos “fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas”. Añade que “estas caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima”.

Luego se indica que a los soldados se les privaba de sueño durante varias noches, lo que en la jerga castrense se denomina la “imaginaria”, en que les permitían dormir sólo una hora por noche, para luego continuar con la instrucción. Además, a los conscriptos se les exponía “a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como obligarlos a comer con las manos de una misma bandeja grupal por no entregarles elementos básicos como cucharas”.

En otra parte de su contenido querella señala que los conscriptos “fueron obligados a utilizar letrinas sin acceso a medidas higiénicas de aseo personal, espacios saturados de excrementos humanos, sin agua corriente, jabón ni papel higiénico, en grupos de hasta 15 personas defecando al mismo tiempo”.

Se indica, además, que “todas estas situaciones tuvieron lugar a 4.600 metros de altura, con temperaturas de -15 grados durante la noche y con índices de radiación solar extremadamente altos durante el día”.

Uno de los soldados relató que las condiciones estructurales y de higiene en el recinto de Pacollo eran “deplorables”. “El techo tenía agujeros que dejaban pasar el aire frío, no había ventanas, el lugar siempre estaba expuesto al frío. Les hicieron entrega de ropa de abrigo adecuada para bajas temperaturas, pero rara vez les permitían utilizarla”, se indica en la querella.

En documento se precisa también que todas estas situaciones de ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente, con frases homofóbicas o de connotación sexual.

Incluso algunos instructores, señala el texto, repetían la frase “un pelao menos es mejor”, aún después del fallecimiento del conscripto Franco Vargas, situación que algunos de los soldados presenciaron directamente.

En la querella se puntualiza que “en los hechos se denuncia el actuar ilícito de funcionarios públicos, correspondientes a funcionarios del Ejército de Chile”.

En este contexto, la acción legal del INDH demanda que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 letra e del Código Procesal Penal, se solicita al Ministerio Publico que “se practiquen todas aquellas diligencias para la investigación de delitos de apremios ilegítimos y “se despache orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile”.

En las diligencias investigativas se pide identificar a los (ex) soldados conscriptos del “último grupo de 45″ de los 250 soldados que se encontraban en instrucción en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” de Putre, se le tome declaración acerca de estos hechos y se identifique a los funcionarios del Ejército de Chile que se encontraban a cargo de la instrucción.

También el recurso pide que se solicite al Hospital Regional Dr. Juan Noé, de Arica, las fichas médicas de los soldados que hayan sido trasladados hasta sus instalaciones y se oficie al Servicio Médico Legal (SML) a fin de que se realicen peritajes psicológico y físico a las víctimas.

La querella expresa que también se pida mediante requerimiento de información conforme el artículo 19 del Código Procesal Penal, a la Comandancia de la VI División del Ejército, el listado de todos los conscriptos que estaban desarrollando el servicio militar en esa fecha (mayo de 2024) en ese regimiento de Putre, que se remitan los protocolos que existen al interior del Ejército relativos a salidas a terreno con conscriptos y entrenamientos en altura, y que se informe detallada y documentadamente acerca de la cadena de mando al interior de esa unidad militar con base en la Región de Arica y Parinacota.

Luego de la presentación de la acción judicial, el INDH informó que el Juzgado de Garantía de Arica declaró admisible la querella presentada por apremios ilegítimos, luego de la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años.

De acuerdo a lo señalado, la jueza Paulina Zúñiga programó para el próximo 30 de mayo una audiencia para establecer si correspondía de los tribunales civiles en esta causa, lo cual fue solicitado por el organismo de derechos humanos, que solicitó desde el comienzo la definición respecto a qué tribunal resolverá, si debe ser la justicia militar o la civil.

El INDH señaló en su querella que el Ejército -a través de diferentes medios de comunicación- informó que presentó los antecedentes del caso de Putre ante la justicia militar. Sin embargo, de acuerdo al organismo los hechos corresponden a apremios ilegítimos. Este delito se encuentra en el Código Penal. Es decir, sostiene el instituto, se trata de un delito ajeno y que no afecta fines o bienes jurídicos estrictamente militares.