Los lapidarios oficios de la fiscal del caso Tomás Bravo: apunta a “situaciones irregulares” y “posibles negligencias” en el trabajo de la PDI y el SML

La polémica que ha rodeado la muerte de Tomás Bravo, quien tenía tres años y siete meses cuando su cuerpo fue encontrado en una aldea de la Región del Biobío, llevó a que la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena, remitiera -en julio del año pasado- una serie de oficios a entidades vinculadas para dar cuenta de desprolijidades en el caso.

Los informes ahora fueron revelados luego de que el 28 de marzo el Tribunal de Garantía de Arauco ordenara la reapertura de la investigación con la finalidad de que la fiscalía entregara -en un plazo de siete días- dichos oficios con errores metodológicos a la defensa del único imputado en la causa: el tío abuelo del menor, Jorge Escobar.

Los textos abordan las diversas vicisitudes por las que ha pasado el caso, que tuvo su origen el 17 de febrero de 2021, cuando el niño fue reportado como desaparecido en el sector de Caripilún, en la Región del Biobío, tras pasear con su tío abuelo por el sector. El cuerpo sería encontrado tras nueve días de intensa búsqueda, cerca de dos kilómetros de su hogar.

En concreto, los informes desmenuzan el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML), desde el inicio del caso hasta la entrega de diversas pericias, como tomas de muestra de sangre y prendas de vestir, la autopsia, entre otros.

La Tercera tuvo acceso a ambos textos, así como también a los resultados de las pruebas solicitadas a la Universidad de Santiago de Compostela y de Murcia, en España. En ellos, la fiscal regional del Biobío -Marcela Cartagena-, quien tomó el caso en marzo de 2021, critica el trabajo realizado por la PDI, así como también la labor efectuada por diversos profesionales de la salud en el SML.

En ambos casos los textos van dirigidos hacia las máximas autoridades de dichas instituciones, Sergio Muñoz y Gabriel Zamora, respectivamente, donde al final se entregan “sugerencias”.

En ocho páginas, Cartagena habla de “situaciones irregulares” por parte de la PDI, que han afectado la investigación, que se traducen en “acciones, omisiones o posibles negligencias”, tanto de la Brigada de Homicidios Concepción como de otras reparticiones policiales.

Al inicio, la fiscal reconoce que se ha hecho “análisis crítico respecto de la actuación” de los persecutores que tomaron el caso antes que ella: Carolina Molina y José Ortiz. En ese sentido, dice que, en algunos aspectos, hay “responsabilidades compartidas en cuanto a cómo se enfrentaron los primeros pasos de esta indagatoria”.

En el detalle, Cartagena critica que al inicio del caso no se haya dispuesto vigilancia para Escobar: “No fue dispuesto por ninguno de los dos fiscales mencionados que estuvieron a cargo de la investigación entre la desaparición y 4 días después el hallazgo del cuerpo, lo que derechamente merece nuestro juicio crítico y tampoco fue sugerido por el personal de la Brigada de Homicidios, encargado exclusivo de la investigación desde antes que transcurrieran 24 horas desde que se conocía la desaparición del niño y hasta la aparición de su cuerpo”.

Además, sostiene que “hubo una inexplicable reticencia a considerarlo sospechoso, en circunstancias que durante ese tiempo acotado (9 días) no apareció, ni aparece hasta la fecha ningún antecedente que lo descarte objetivamente como el responsable de lo que le aconteció al niño”.

A su juicio se dio un tratamiento “ambiguo” a Escobar y dice que la policía lo trató en ocasiones como investigado y en otras no. Así las cosas, acusa que los funcionarios realizaron diligencias “derechamente autónomas” sin la orden del Ministerio Público.

“Seguramente la falta de liderazgo de la fiscal Molina los primeros cinco días de búsqueda y la intervención de “muchas manos” desde la PDI, en ese mismo lapso, que proponían cursos investigativos desesperados y algo ansiosos, conspiraron para que se obtuviera un resultado investigativo definitivamente irregular”, espeta.

En otro ítem, Cartagena apunta al trabajo de la doctora Carla Aldana, miembro de la Brigada de Homicidios y del SML. La fiscal explica que una perito que trabajó en el cuerpo del menor cuando fue ubicado en el sitio del suceso no tomó muestras relacionadas a un posible delito de violación “porque la doctora Aldana descartó en el sitio de hallazgo que el niño haya sido violado”.

Esto, Cartagena lo califica como “muy grave, imposible para el más brillante de los peritos-médicos. Injustificable desde cualquier metodología posible y se torna peligroso si se analiza que dichos comentarios fueron escuchados por todo el personal BH que la acompañó”. Aldana, dice la persecutora, además encabezó la autopsia del SML, como funcionaria de ese servicio.

Hay un punto en la investigación que marcó un antes y un después. Esto fue cuando el fiscal José Ortiz decidió formalizar al tío abuelo del niño. “Fue una decisión equivocada del fiscal, no porque el tío abuelo fuera inocente, sino porque el fiscal no tenía antecedentes suficientes”, dice Cartagena, quien agrega que la PDI advirtió al fiscal lo “inconveniente” de la orden. “Creemos que este hecho marcó definitivamente y de forma negativa la predisposición del personal BH-PDI para con la fiscalía y los fiscales y también para con la indagatoria”.

A esto se suma, dice ella, que en ese entonces se decidió agregar a un equipo del Labocar de Carabineros en el trabajo investigativo. Tras ello, recuerda que el 4 de marzo hubo una reunión por Zoom con la BH y el Labocar. Según relata, en la cita, el prefecto inspector Juan Carlos Carrasco tuvo una intervención “inadecuada, irrespetuosa y absolutamente dañina”.

Cartagena afirma que “es posible afirmar que todas las actuaciones que realiza la BH, desde ese entonces y hasta que entrega el último Informe, fueron realizadas bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había fallecido al margen de la intervención de terceros”. En el texto se sostiene que Carrasco solicitó diligencias a la fiscal “siempre en pos de comprobar la teoría que se había elegido por la BH, como la única posible”.

“Dicha postura fue patente frente a diligencias que se les encargaron, las que realizaron sin el más mínimo entusiasmo, salvo aquellas que desplegaron de forma casi autónoma para poder imponer su versión de lo ocurrido, como lo hemos explicado”, argumenta.

El 26 de febrero, una perito policial recogió muestras del cuerpo de Tomás con la finalidad de buscar fluidos biológicos, como sangre, semen y específicamente espermatozoides. El informe fechado el 2 de marzo arrojó negativo a lo que se buscaba.

Sin embargo, dice el texto, “producto de una revisión de todas las tórulas tomadas al cuerpo del niño, realizada en los últimos meses, fue posible encontrar espermatozoides en los sobres de papel que sirvieron de envoltorio a las tórulas recogidas”. Lo mismo, dice la fiscal, ocurrió con las muestras de ropa.

En ese sentido, dice el escrito, se guardaron seis piezas de ropa en una bolsa, mezclándose y degradándose. Esto haría dificultoso pesquisar el ADN posiblemente presente encontrado. Luego, en Lacrim Central se realizó otra pericia en ese sentido, que habría arrojado resultados contradictorios. Cartagena critica que esta última perito no pidió nuevas pericias ni hizo comentarios adicionales.

En los mismos términos, la fiscal critica varias diligencias realizadas por el Servicio Médico Legal. Al inicio critica el trabajo de la doctora Aldana, quien trabajó en el sitio del suceso como miembro de la PDI y también en la autopsia, por el SML. “La doctora Aldana debió de muto propio abstenerse de ejercer esta indebida doble vinculación con la investigación”, comenta.

La fiscal dice que Aldana se negó en una primera instancia a hacer una autopsia bucal, sugerida por un odontólogo forense. “Dicha decisión fue un error en sí mismo, ya que dicho procedimiento se justificaba”.

También señala que en la autopsia se observaron “dificultades y comportamientos que salen de los normal”. Asimismo, acusa “poca prolijidad” en la toma de muestras de tejidos.

Con todo, la fiscal critica que los estudios histopatológicos fueron enviados a una profesional del SML de Antofagasta, Zenaida Beltrán, quien cuenta “con falta de especialización y una experiencia evidentemente reducida para un caso de tanta connotación como el presente”. “Las consecuencias de aquella decisión han quedado de manifiesto en el Informe Histopatológico presentado por la mencionada doctora Beltrán, el cual adolece de gruesos errores”.

Uno de los puntos más graves está en el almacenamiento de muestra de sangre y orina del menor almacenadas en el SML de Santiago que no estuvieron con el debido resguardo y terminaron descompuestas, “perdiéndose de modo irrecuperable”. Esto ocurrió debido a “varios desaciertos”.

Finalmente, al igual que en el caso de la PDI, también se aborda la contradicción en la búsqueda de espermatozoides. En ese sentido, dice que en los primeros informes, realizados en la autopsia, esto se descartó, pero un año después se halló.

Según detalla, se evacuaron dos informes del SML de Concepción “donde las peritos Patricia Tapia y Yazna Villarroel dieron cuenta de la total ausencia de los fluidos buscados”. En el CODIS de Santiago los resultaron también fueron negativos. Sin embargo, en mayo de 2022, el Departamento de Laboratorios del SML en Santiago y sus profesionales Viviana Salinas y Guy Neckelman encontraron resultados positivos.

El 28 de marzo, la Fiscalía del Biobío recibió los resultados de las pericias solicitadas al Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro”, de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

La solicitud buscaba identificar ADN de tres sujetos en el cuerpo del menor. Los sujetos son Jorge Escobar y otros dos sospechosos, identificados con las iniciales H.G.A.A. y V.H.A.A. Estos últimos sin parentesco con la víctima. Para ello se enviaron muestras corporales y ropas. El informe, de 55 páginas, descartó la presencia de semen.

Otro informe, esta vez a la Universidad de Murcia, firmado por el doctor en Medicina y Cirugía, Aurelio Luna Maldonado, buscaba dilucidar la causa de muerte del menor y analizó los trabajos realizados en Chile.

En ese informe, de 16 carillas, con fecha de diciembre de 2022, se afirma que el cuerpo del menor había sido movilizado luego de la muerte. El profesional, catedrático de medicina legal y forense, sostiene que “existen numerosas contradicciones y omisiones que impiden llegar a una conclusión en grado de certeza” en relación a la causa del deceso.

En 2021 se conoció que la causa de muerte habría sido inanición e hipotermia; sin embargo, dicha hipótesis no pudo ser concluyente. En la investigación también surgió la tesis de una presunta asfixia.

Argumentando con términos médicos, el informe de Luna echa por tierra la deshidratación. Además, señala: “como vemos, no existen datos objetivos lo suficientemente contrastados para poder emitir un diagnóstico de muerte por hipotermia, ni inanición”.

“A la vista de lo anterior no se puede mantener la hipotermia y la inanición como causa de la muerte”. También descarta la muerte por causas traumáticas y por intoxicación. “Actualmente y con los datos existentes no resulta posible establecer un diagnóstico exacto de la causa de muerte”, concluye.