El 19 de abril es un día que no será olvidado fácilmente al interior del Ministerio Público. En dicha jornada, el fiscal de Rancagua Sergio Moya dio a conocer la inédita denuncia que había presentado contra su superior, el persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias. La presentación apuntaba a presuntas irregularidades en la tramitación de causas.

Lo que vino después fue una serie de acusaciones cruzadas que gatillaron una crisis que hasta hoy persigue a la fiscalía. Primero, se decidió que se iniciaría una investigación penal y otra administrativa contra Arias. El 7 de mayo, cuando este último declaró en la indagatoria, lanzó su contraataque: aseguró que recibió un mensaje anónimo, que contenía un correo electrónico en que participaban Moya y un excarabinero de Inteligencia de La Araucanía imputado por la fallida Operación Huracán.

Este antecedente se tradujo en acciones concretas, ya que Moya pasó a ser imputado en la causa por la presunta implantación de pruebas e incluso se allanó su residencia en Rancagua.

Hoy, que se cumplen tres meses desde el inicio de la crisis, el presente de Arias y Moya tiene puntos en común y otros en discordia. Ambos se encuentran suspendidos de sus funciones, mientras se desarrollan las investigaciones administrativas. También han optado por limitar sus apariciones públicas, luego de que en un comienzo otorgaran entrevistas cuestionando las acusaciones.

El último en aparecer frente a las cámaras fue Sergio Moya, quien el jueves de la semana pasada se presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco para prestar declaración en el marco de la Operación Huracán. En dicha ocasión, descartó cualquier tipo de participación y aseguró que solo conoció la cuestionada aplicación Antorcha a raíz de una causa que tramitaba desde 2012.

Moya, relatan cercanos a él, pasa sus días analizando, desglosando y ordenando los 90 tomos que acumula la Operación Huracán. Esto, por consejo de su abogada, Andrea Reyes. Lo mismo hace por instrucción del estudio Figueroa Yavar, a quien Moya contrató para representarlo en el recurso de protección que presentó por el allanamiento a su domicilio. "En general, puro estudio y cumpliéndoles a mis abogados", relata a quienes han tenido contacto con él.

Junto con esto, ha estado acompañando a su esposa a la realización de exámenes y controles de la enfermedad que padece. No ha tenido tiempo de juntarse con abogados ni fiscales y asegura que no ha tenido ningún contacto con Emiliano Arias.

Lo único que perturbó sus estudios fue la noticia del suicidio del juez Marcelo Albornoz. Le pareció -señala su entorno- una noticia impactante, pues mientras él tuvo a cargo de esa causa nunca surgieron antecedentes que involucraran en delitos a ese ministro de la Corte de O'Higgins. Tampoco se ha puesto en el escenario de que sea removido del Ministerio Público, pues asegura que se demostrará su inocencia.

En tanto, la última acción pública que implicó a Emiliano Arias fue la querella por denuncia calumniosa que presentó contra Moya a fines de junio. El fiscal ha estado involucrado en su estrategia de defensa, en particular a través de su pareja, Marisa Navarrete, quien revisó qué material debía ser incorporado en la querella contra Moya.

En este periodo, Arias ha viajado bastante al sur y les ha expresado a sus cercanos que una vez que se resuelvan las investigaciones, evaluará su permanencia en el Ministerio Público. De hecho, no ha descartado dedicarse a algo distinto que el ejercicio del Derecho. Además, ha insistido en su inocencia de las acusones.

Judicialmente, lo más complejo es la acusación de que habría sacado información del sistema interno de la fiscalía sobre una causa por tráfico de drogas que involucraba a un sobrino. Por esta situación, el CDE se querellará en su contra por una presunta violación de secreto.