En julio de 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero -actual titular de Seguridad-, afirmaba que había sólo tres alternativas para enfrentar la crisis penitenciaria que afecta al país. “O se deja de enviar gente a la cárcel, se construyen plazas rápido o se dicta una ley de indulto general”, decía.

Sus palabras buscaban acallar los cuestionamientos que recibía la administración del Presidente Gabriel Boric por la determinación de avanzar en la construcción de una nueva cárcel en el eje de Av. Pedro Montt, en la comuna de Santiago. Esta vez, con el objetivo de albergar especialmente a sujetos ligados al crimen organizado, con nuevos módulos de alta y máxima seguridad, y como una ampliación de Santiago 1.

La fórmula no convencía. De hecho, una de las principales opositoras fue la exalcaldesa oficialista Irací Hassler (PC). Pero desde el Ejecutivo no cedieron. Es más, la vocera Camila Vallejo y Carolina Tohá, en ese momento a la cabeza de Interior, aseguraron que la idea era comenzar a construir en 2025 y que el nuevo recinto estaría “a punto de terminarse” antes del fin de este gobierno.

Pese a ello, el cronograma formal y detallado que presentó el Ejecutivo evidencia que los plazos son otros.

De acuerdo con la ficha técnica de la nueva licitación de Santiago 1, que elaboró la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el inicio de las obras está proyectado para 2027 y la habilitación, para 2030.

En los próximos días se publicará en Mercado Público la licitación, y conforme al cronograma, se adjudicará durante el tercer trimestre de 2026. Eso permitiría hacer entrega de los terrenos a la nueva concesionaria entre octubre y diciembre del próximo año.

Quien se adjudique la licitación, además de la mantención y conservación de las instalaciones que hoy se conocen como Santiago 1 -que tienen capacidad para albergar a 4.000 internos-, también deberá construir 600 nuevas plazas distribuidas en cuatro módulos, tres de alta seguridad (550) y uno de máxima (50).

Junto con ello deberá habilitar una nueva unidad de salud penal, nuevas áreas administrativas para Gendarmería, un nuevo centro de adiestramiento canino y realizar obras de rehabilitación de la infraestructura existente. ¿Costo total? 4.750.000 unidades de fomento (UF). O sea, más de $ 185 mil millones por el plazo máximo de 20 años de la concesión.

Apurar los trámites

La ampliación de Santiago 1 es parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que presentó Justicia en enero pasado y que permitirá sumar alrededor de 15 mil nuevas plazas de aquí a 2030.

Y si bien hay diferencias en los plazos señalados, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, asegura que han podido “agilizar” los procesos e insiste en que están trabajando para que la construcción comience durante el tercer trimestre de 2026. Eso sí, necesitan que se apruebe el proyecto de fast track penitenciario.

“De aprobarse por el Congreso, las obras de construcción se extenderían entre 24 y 36 meses, revirtiendo así la histórica burocracia y lentitud que condiciona este tipo de iniciativas. Es un proyecto que ha concitado un amplio apoyo (...), lo que da cuenta de la relevancia que tiene el sistema penitenciario para la seguridad pública”, sostiene.

Por lo mismo, también releva que la ampliación “permitirá descomprimir la situación de actual sobrepoblación que tiene el penal y la ex Penitenciaría, pero, además, aumentará significativamente la capacidad en alta y máxima seguridad, mejorando la segmentación de la población penal y fortaleciendo el control de Gendarmería”.

La resistencia

Aunque la Corte Suprema frustró hacia fines de febrero las intenciones de la Municipalidad de Santiago de paralizar la construcción de las nuevas dependencias, la administración de Mario Desbordes se mantiene firme en ese interés.

Así, el pasado 3 de marzo el municipio recurrió ante tribunales civiles y presentó una demanda de nulidad de derecho público que se encuentra actualmente en tramitación en el 17º Juzgado Civil de Santiago. La administración de Desbordes busca que se declare la nulidad de la Resolución Exenta N° 1.902 que emitió el Ministerio de Vivienda y que aprobó la ampliación.

Con fecha 4 de abril, el ministro del ramo, Carlos Montes, fue notificado de la demanda, por lo que ahora en Santiago están a la espera de la contestación.

Desde la administración de RN insisten en que la negativa frente a la nueva cárcel se funda en proteger a los vecinos, pues recuerdan que en la consulta ciudadana realizada los dos primeros fines de semana de marzo evidenciaron que el 86% de ellos rechaza la construcción. Según comenta Desbordes, si el gobierno no cede, instarán a quien llegue a La Moneda en 2026 a que se desista y redestine el proyecto fuera del radio urbano.

Ante esto, desde Justicia manifiestan que están llanos a fijar medidas de mitigación. “Hemos expresado disposición a buscar todos los mecanismos para que esta obra, necesaria, tenga un impacto favorable para el entorno y los vecinos. Con diálogo, aunando criterios, este proyecto puede ser un factor determinante para elevar los estándares de seguridad. Creemos que las soluciones deben ser a partir de una mirada integral”, manifiesta Jaime Gajardo.