Consternación. Incredulidad. Decepción. Son varias las reacciones que se pueden recolectar entre la feligresía de Rancagua. Según algunos expertos en temas religiosos, después del caso Karadima, lo que ocurre en esta diócesis, donde actualmente hay 14 religiosos suspendidos por conductas "impropias", es uno de los casos más graves que impactan a la Iglesia chilena.

De estos, 13 son párrocos. Solo uno de ellos, Luis Rubio Contreras, de Paredones, tiene una denuncia formal por abuso de menores ante la Santa Sede. El resto está bajo investigación eclesial previa por mal uso de dineros parroquiales y conductas reñidas con el celibato.

Ministerio Público

Otra historia paralela se escribe en la justicia civil. En la Fiscalía de O'Higgins se indaga al grupo por "eventuales delitos sexuales contra menores", tal como el miércoles último aclaró el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad, Sergio Pérez, tras la declaración que ese día entregó, en calidad de testigo, el obispo Alejandro Goic.

En aquella oportunidad, Pérez aclaró que "no podemos afirmar o descartar que los sacerdotes denunciados a través de las redes sociales estén o no involucrados en los delitos que se investigan".

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha declarado ante el Ministerio Público, donde, además, barajan un número mayor a los 14 religiosos que están suspendidos de sus funciones pastorales.

El jueves, en tanto, el sacerdote José Vergara, de la Parroquia Sagrada Familia de Nogales, en Machalí, invitó abiertamente a la comunidad a debatir sobre este caso que remece no solo a la Iglesia, sino también a la figura del obispo Goic.

A la cita asistieron cerca de 50 personas, entre ellos, el experto en historia de la Iglesia Católica, Marcel Sánchez.