Una inédita mesa de diálogo formada entre gobierno, comunidades indígenas y empresas forestales está dando resultados. Silenciosamente, desde el año pasado el sector forestal se ha sentado en una comisión de política forestal formada al alero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, para definir y viabilizar traspasos de tierras reclamados por comunidades indígenas.
En noviembre de 2018, Conadi elaboró un catastro de 66 propiedades que, según sus registros, eran reclamadas desde hace años y sobre los cuales no había habido respuesta. Las empresas forestales trabajaron sobre esa lista de propiedades para definir el estatus de cada una de ellas y en mayo hicieron un primer recuento: de las 66 propiedades, 48 pertenecían a socios de la Corporación de la Madera, Corma, y 31 habían recibido peticiones formales de traspaso. El reporte que hizo en mayo el presidente de Corma, Juan José Ugarte, contabilizó 17 respuestas positivas. El acta de esa reunión agregó un PowerPoint, al que accedió La Tercera, y que identifica las propiedades dispuestas: en total, suman 4.640 hectáreas e incluyen propiedades de Forestal Arauco, del Grupo Angelini; Bosques Cautín, del Grupo Von Appen, y Forestal Masisa, entre otros (ver infografía).
Esta semana, los integrantes de la comisión que ha estado negociando se reunieron nuevamente y afinaron aún más el catastro. La cifra subió. "Al menos hay 22 predios disponibles de las forestales para que puedan ser negociados", dice Marcial Colín, consejero nacional de Conadi, presidente de la comisión.
A la reunión de este miércoles asistió por primera vez el nuevo director nacional de la Conadi, Ignacio Malig, quien asumió el cargo hace menos de un mes. La comisión, que siempre había sesionado en Santiago, lo hizo esta vez en Temuco para descentralizar las negociaciones. Lo hicieron en el hotel Bayern y asistieron representantes de 12 comunidades indígenas como oyentes. Fue una sesión ampliada, con unas 40 personas. "Esta mesa para mí es inédita: podemos tener muy buenos resultados y ser una experiencia que puede ser replicada en muchos otros ámbitos", dice Malig sobre el trabajo multipartito. "Siempre es bueno tener a todas las partes sentadas en la misma mesa".
La presencia de Malig es valorada por Marcial Colín. "Fue una buena sorpresa que haya asistido el director nacional de Conadi con el fin de ir a manifestar su disposición a confirmar el acuerdo", dice Colín. El acuerdo al que refiere Colín quedó plasmado en el acta de la sesión del 8 de mayo de la comisión de política forestal. Germán Riquelme, coordinador de fondos de la Conadi, explicó en esa sesión que Conadi podría adquirir en un plazo de cuatro años los predios contenidos en el catastro que Conadi realizó en noviembre del año pasado y que involucraban más de 14 mil hectáreas.
Malig prefiere no hablar de plazos, sino de disposición. "Rescato el diálogo, el buen trato, que acá no hay obstrucciones ni búsqueda de peros", resume.
La voz de la Corma
Juan José Ugarte intenta que este trabajo no se reduzca a un mero traspaso de tierras y advierte que es un proceso dinámico que busca construir confianzas, generar agendas de trabajo y espacios de convivencia. "Esta no es una tribuna política y gremial, sino que es la construcción de una agenda real de colaboración entre comunidades y empresas", explica.
El proceso, alerta, está lleno de fragilidades, pero ha tenido avances sostenidos. "Existe la plena disposición de las empresas a instalar esta mesa de diálogo con la Conadi, sobre predios, identificados y específicos, y construir en conjunto con las comunidades un nuevo modelo de relacionamiento. Es una agenda super- real", opina Ugarte.
La próxima reunión, dice Colín, será en septiembre, fecha en la que pretenden haber avanzado en definiciones para la etapa más relevante: la implementación de un plan de compras a cuatro años. Ese proceso, asegura, será un trabajo bilateral entre la Conadi y las empresas forestales, que incluye estudios, tasaciones y negociaciones directas de precio.
"No quiero generalizar ni hablar de los 22 procesos como un todo. Primero, que haya voluntad de los distintos propietarios que pertenecen a los gremios por vender es un avance, pero cada uno de estos predios debe estar enmarcado en un proceso de compra", dice Malig, el jefe de la Conadi.
La actual reglamentación establece condiciones que Conadi especificó en mayo, según el acta de estas negociaciones.
Primero, no se pueden comprar predios que hayan sido perturbados, que estén en toma o con historias de violencia.
Segundo, se deberá priorizar comunidades que no tengan compras anteriores.
Y tercero, se privilegiará la antigüedad de los reclamos de tierras de las comunidades.
Además, habrá un asunto no menor: los recursos involucrados. Conadi tiene un presupuesto anual de $ 74 mil millones en el Fondo de Aguas y Tierras, lo que obliga a adquisiciones graduales y parceladas. El precio promedio que se ha pagado es de $ 2,8 millones por hectárea.
La comisión ha discutido otros dos asuntos: la revisión de sitios de significación cultural para el mundo indígena y que estén en manos de forestales y la creación de un comité que trabaje un modelo integral de acompañamiento a las comunidades que reciban los predios adquiridos por la Conadi, para dotarlas de competencias para generar emprendimientos sustentables y sostenibles en esas tierras. "Este no es un solamente un tema de traspaso de tierras, sino de construcción de un nuevo modelo de relacionamiento", insiste Ugarte.