"La legislación vigente ha sido superada. Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico no contempla las herramientas adecuadas para que los establecimientos educacionales y los miembros de las comunidades educativas puedan enfrentar de manera eficaz aquellas situaciones en que aquéllos son, por distintas causas, afectados por hechos de violencia".

De esta forma el proyecto de ley firmado la jornada de ayer por el Presidente Sebastián Piñera, Aula Segura, aborda los incidentes ocurridos las últimas semanas fuera de liceos emblemáticos, e insta al Congreso a introducir modificaciones al decreto con fuerza de ley n°2 del Ministerio de Educación, para así expulsar a quienes denominó como "violentistas disfrazados de estudiantes".

Se propone, así, que los directores de establecimientos públicos y subvencionados puedan expulsar o cancelar la matrícula a alumnos que incurran en algunos de estos hechos:

  • Uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas.
  • Uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa.
  • Posesión, tenencia, porte, colocación, envío, activación, lanzamiento, detonación o disparo de bombas o artefactos explosivos.
  • Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

La idea, como explica la propuesta de nueve páginas, es "velar por el aseguramiento de la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa y la continuidad del servicio frente a hechos que por su entidad requieran medidas expeditas de solución".

Considerando que las actuales sanciones que pueden aplicarse no contemplan "las situaciones de violencia y de destrozos que han ocurrido", se busca aplicar nuevas medidas "armonizando" tres derechos: a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, al debido proceso y a la educación del estudiante sancionado. 

En esta misma línea, se debe agregar que el proyecto posibilita la expulsión o cancelación de la matrícula en un plazo de cinco días, mismo periodo en que los apoderados del alumno "infractor" podrán pedir la reconsideración de la sanción.

Sin embargo, al adoptarse la disposición, el alumno será separado de inmediato, sin perjuicio de lo que finalmente se decida luego de la reconsideración que eventualmente puedan presentar los apoderados.

La dirección regional respectiva de la Superintendencia de Educación será la encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos legales y garantías del debido proceso, mientras que el propio Ministerio de Educación será el encargado de reubicar al alumno y de adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

Cómo se reubicará a los alumnos

Como explicó la ministra de Educación a La Tercera, desde la cartera garantizarán "el derecho a la educación del joven expulsado, para que éste pueda completar su trayectoria educativa y recibir los apoyos para su desarrollo personal. No se está marginando al alumno del sistema educativo, sino que pierde la oportunidad de seguir estudiando en el liceo emblemático en el que estaba".

"Para la reubicación del alumno expulsado, la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva revisará las alternativas de establecimientos y modalidades educativas disponibles que cuenten con profesionales de la educación en el área psicosocial y, preferentemente, con una buena convivencia escolar", detalló Marcela Cubillos.

En el caso de los directivos, docentes y asistentes de la educación víctimas de acciones de violencia, Cubillos manifestó que la Seremi "coordinará con el sostenedor respectivo y con la red de salud de la comuna, además de sus propios profesionales, el apoyo profesional necesario".