Los seis casos que atraviesan la crisis judicial de Rancagua

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, será formalizado el 24 de mayo por la presunta malversación de caudales públicos por $ 3 mil millones. Esto, en el marco de la remodelación del teatro municipal de la ciudad. Moya, en su denuncia ante la Fiscalía Nacional, aseguró que en noviembre de 2017 ocurrió un hecho que podría catalogarse como presión indebida. Emiliano Arias -según la acusación- le pidió estar atento a los requerimientos del entonces abogado del edil, Luis Hermosilla. Al día siguiente, Moya incautó teléfonos y computadores personales de Soto.

Según la versión del fiscal adjunto, Arias le pidió devolver las especies, pero Moya se negó a hacerlo sin antes realizar un respaldo de todo el material que se encontraba en los dispositivos.

Cuatro años llevaba Sergio Moya investigando al juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta. La causa hoy tiene formalizado al magistrado por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, luego de que se le detectaran pagos vinculados a sus fallos. Además, otros dos magistrados, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, fueron suspendidos de sus funciones.

Moya dio a conocer -en una entrevista a través de Radio Bío Bío- que Arias dilató la formalización en contra de Elgueta, ya que tardó en autorizar el requerimiento. El fiscal añadió que, al notar que su superior no impartía instrucciones, decidió solicitar la audiencia por su cuenta. De esta manera, se saltó los canales formales que establece el Ministerio Público.

El 4 de diciembre de 2017, el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó un procedimiento abreviado del síndico de quiebras Herman Chadwick, en el marco del caso Caval. La acusación de Moya indica que el proceso fue llevado adelante por Emiliano Arias y que se pidió una pena de 879 días de prisión, lo que no se ajustaba al delito por el cual se estaba acusando.

Sergio Moya, en la entrevista que dio a Radio Bío Bío el 19 de abril, indicó que su superior había dado instrucciones de terminar rápido la causa contra Herman Chadwick, para no dañar la imagen del gobierno que se iba a instalar. Moya, además, señaló en su denuncia que Arias tenía un trato mucho más severo con otros dos imputados en esta causa: Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, y su esposa Natalia Compagnon.

El caso Huracán también tiene ramificaciones con la crisis de Rancagua. El 25 de marzo, Emiliano Arias abrió un sumario contra Sergio Moya para aclarar citas de este con efectivos de Inteligencia de Carabineros, producidas cuando ya se sospechaba que la información levantada por los uniformados para inculpar a comuneros en atentados podría ser falsa. El martes, previo al consejo de fiscales donde se decidió quién indagará a Arias, este envió un mensaje con descargos, diciendo que a Moya le molestó la filtración a la prensa del sumario. Arias agregó que su subalterno dijo que el fiscal nacional le aseguró que la situación no tendría "daños colaterales".

"Sería bueno un apoyo al fiscal... muy injusto lo que ha hecho la Fiscalía Nacional al sancionarlo por investigar incendios". Este mensaje de WhatsApp se incluye en la denuncia que Moya presentó contra Arias y quien lo escribió fue Andrés Chadwick. El destinatario era el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. La comunicación ocurrió en 2017, antes que Chadwick tuviera un cargo en el gobierno.

La autoridad se refería a la sanción que recibió Arias por parte de Jorge Abbott ese año, a raíz de sus declaraciones contra la empresa eléctrica investigada por los incendios forestales que se registraron en la Región de O'Higgins.

En la Fiscalía de Puerto Montt se tramitó un caso por microtráfico en contra de un sobrino de Emiliano Arias. Sergio Moya denunció que en el marco de estas pesquisas ocurrió una situación irregular, ya que Carabineros detectó que un particular tenía en su poder documentos que eran de uso interno del Ministerio Público.

Esta situación fue informada a Moya, quien investigó la situación y detectó que había sido la secretaria de Arias quien había extraído estos antecedentes.

Por esto, el fiscal Moya acusó que existió una violación de secreto y que, posiblemente, el autor haya sido su jefe regional. En su denuncia, el persecutor explicó que derivó estos antecedentes a la fiscalía regional, para que fueran enviados a la Fiscalía Nacional. Sin embargo, aseguró Moya, no habrían sido remitidos a Jorge Abbott.