Dos meses duró el segundo juicio del caso Luchsinger Mackay en el Tribunal Oral de Temuco, tras la anulación del primer fallo que absolvió a los 11 comuneros mapuches que acusó el Ministerio Público. En esta nueva instancia, se determinó la responsabilidad de tres de los acusados.
Fue en este segundo juicio donde tomó protagonismo la jueza Ximena Saldivia, quien abandonó el estrado cuando faltaban cinco días para conocerse el veredicto. Esa jornada la magistrada volvió tras un receso secando sus lágrimas, lo que dejó en evidencia la tensa relación que existía con los otros dos jueces del tribunal. Incluso, Saldivia recibió en el estrado una reprimenda del magistrado presidente, Germán Varas.
Luego de esto, Saldivia presentó una licencia médica por 10 días, generando dudas entre los intervinientes. Según se conoció a través del sitio web de la Radio Universidad de Chile, la jueza denunció ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) acoso laboral y "haber sido objeto de presiones indebidas".
Estos antecedentes fueron recabados por el director del Observatorio Ciudadano y miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin, quien presentó un llamamiento urgente ante Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados.
En el escrito de seis páginas, Aylwin sindica al abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, como el responsable de presionarla "para dejar el juicio y así no participar del fallo", agregando que el jurista fue "incendiario en sus intervenciones durante todo el juicio".
Rechaza acusaciones
Hermosilla, quien actuó como querellante en el caso y enfrentó las acusaciones de la machi Francisca Linconao el día en que Saldivia abandonó la sala, rechazó los argumentos del escrito presentado por la ONG ante el relator de las Naciones Unidas. "Desmiento categóricamente cualquier acto de presión", dijo el penalista, y agregó que "todas las actuaciones de los intervinientes están registradas en audio. Desafío a esta institución a que pueda encontrar un acto de presión de mi parte".
Hermosilla también dijo que la acusación es "falsa y raya en la injuria", por lo que estudiará los antecedentes y evaluará acciones legales.
¿Nuevo juicio?
La denuncia de la magistrada y la información enviada a la ONU preocupan a los intervinientes del caso.
La defensora Karina Riquelme, abogada en diversas causas que involucran a comuneros mapuches, dijo que los hechos son "gravísimos. Hemos visto el actuar de la Corte de Apelaciones de Temuco y en especial en este caso Luchsinger". Según explicó, "el actuar del tribunal, con total falta de lógica jurídica, no tiene otra explicación que no sean presiones políticas".
En tanto, la defensora penal Manuela Arroyo estimó que la denuncia "genera más de una duda respecto de la imparcialidad del tribunal y, por lo tanto, perfectamente puede ser una causal de anulación del juicio".
Estas posturas se enfrentan a la que tiene el abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio, quien sostuvo que "en este caso particular no conocemos la sentencia, eso solo se va a conocer a partir del 11 de junio".
Agregó que "aventurar otras cuestiones, como que pudiera haber nulidad, me parece inapropiado. Es una aventura jurídica y una demostración de la falta de seriedad con que a veces algunos colegas hacen afirmaciones ajenas a lo que está en el espíritu de la ley".
