Fue uno de los fiscales que tomó uno de los casos más mediáticos del último tiempo: el denominado caso Caval. El entonces fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, en 2015, asumió la investigación que involucraba al hijo de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon.

Entre diligencias, declaraciones públicas e interrogatorios, Toledo fue dándole forma a un caso que terminó con condenas solo por delitos tributarios. Fue uno de los casos más mediáticos que le tocó asumir en 22 años de carrera en el Ministerio Público, institución que deja, luego de liderar la Unidad Antidrogas de la institución.

Toledo decidió cruzar la vereda e incorporarse a la academia para ser parte del equipo que está formando el Centro de Estudios para la Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián.

¿En qué pie estamos hoy día frente al crimen organizado, el narcotráfico y los delitos violentos?

Hace seis años, cuando ingresé a la unidad de drogas, la realidad criminal y delictual en el país era distinta. Había organizaciones criminales nacionales que estaban vinculadas prácticamente a una organización barrial compuesta por clanes familiares y conocidas sobre la causa de los Cara de Jarro que eran todas familias ligadas al narcotráfico en sectores poblacionales en el sur de Santiago. Era lo que teníamos como institución de drogas a nivel nacional, sin embargo, eso fue creciendo, modificándose y mutándose por diversas razones. Una de ellas tiene que ver justamente con los vínculos internacionales. De algunas de esas organizaciones familiares primero, y que se fueron también en el orden nacional profesionalizando, es decir, que no eran solo clanes familiares, sino que tenían una estructura empresarial y donde adquirían servicio y estilo outsourcing, es decir, contratando a terceros, precisando sus funciones en que el sujeto que llevaba la droga no sabía quién se la encargaba.

¿Y mientras se iban dando cuenta de este fenómeno se dieron voces de alerta a las autoridades políticas de entonces?

Por supuesto que levanta voces de alerta a través del Observatorio, los esfuerzos de la fiscalía, también en mi gestión, comprendieron internacionalizar el tema. Entendimos que la venta o el aumento de venta de drogas más tóxicas en Chile implicaba también ciertas conexiones entre las organizaciones nacionales e internacionales con nuestro país y con la distribución de droga en nuestro país o con la distribución de droga a otros mercados europeos y otros mercados del norte de la región, en consecuencia, lo que hicimos fue fortalecer la red de fiscales antidrogas. Comprometimos puntos de contacto junto con los coordinadores de esta red con Argentina, Perú y Bolivia, empezamos a trabajar en conjunto. Levantamos investigaciones para poder esclarecer varios hechos de vínculos con Holanda, España, Bélgica y Alemania en operaciones internacionales que lograron resultado y que pudimos, efectivamente, desbaratar. Pero los esfuerzos, claramente no han sido suficientes, porque, efectivamente, todo esto requiere de una voluntad más fuerte.

La voluntad, sin embargo, no es suficiente...

Claro. Yo creo que se requiere un compromiso público-privado gigante, que implique un compromiso real por parte de las empresas privadas vinculadas a sectores estratégicos del Estado, aquellas concesionadas particularmente, con la seguridad pública que implique esfuerzos reales de inversión. También la mantención de esas inversiones para la implementación y traspaso de prueba se requiere de una voluntad para la creación de un sistema de seguridad o de inteligencia estatal que implique una coordinación real entre las organizaciones del Estado dedicadas a la persecución penal del narcotráfico. Esto no es una cosa que vamos a inventar en Chile, esto existe en Estados Unidos, existe también en España, Italia, y se requiere con urgencia, desde mi punto de vista, la creación de una fiscalía suprarregional que vea el crimen organizado de una manera integral y que coordine la estrategia a nivel nacional. La estructura de la fiscalía no va a ser suficiente, creo yo, para abordar esta temática, porque lo que sucede en una región tiene impacto en otra, sobre todo en aquellas del norte con las del centro que son más pobladas.

En ese sentido, me imagino que usted también tiene una visión crítica de cómo está hoy día la fiscalía. La han criticado harto a propósito del nombramiento del fiscal nacional, donde, incluso, se advierte un clima tenso en el Ministerio Público, ¿cómo lo ve usted?

Yo creo que las críticas que se tienen respecto del sistema de justicia y particularmente la labor de la fiscalía tienen algún grado de justificación. Simplemente, porque creo que la estructura al interior del Ministerio Público debería tener algún grado de modificación. Cuando hablo de estructuras se requiere, desde mi punto de vista, lo dije adentro y también lo digo desde afuera, algún grado de modificación legal de la Ley Orgánica del Ministerio Público para recuperar el sentido que tiene la labor de la fiscalía, es decir, la labor de constituir un servicio para las personas, para quienes reclaman justicia penal.

¿Y eso no se está logrando hoy?

Yo creo que podría mejorarse, porque efectivamente si no la percepción sería distinta. La percepción ciudadana de la fiscalía no es buena y eso es un hecho innegable, no podemos esconder la cabeza frente a eso. Me da la sensación de que puede perfectamente mejorarse con decisiones administrativas, parte de las cuales la ha anunciado el nuevo fiscal nacional y otra que creo que sería bueno que se pudiera implementar, porque seguramente dentro de su gestión las va a ir encontrando.

¿Su salida del Ministerio Público tiene que ver con esta percepción que tiene de la institución?

Mi salida tiene que ver con un grado de convicción, es decir, de haber cumplido una labor en la fiscalía, que creo que fue un aporte, espero que también así sea percibido de manera interna. Ahora, también tiene que ver con la convicción de que la mejora del sistema penal no va a llegar necesariamente desde adentro de una de las instituciones que lo componen. Creo que aquí tenemos que aportar todos, particularmente desde la academia, para tratar de colaborar en la producción de soluciones y así tener modelos comparativos a nivel internacional. La situación de seguridad pública del país no es culpa de la fiscalía, de los tribunales, ni siquiera de las autoridades de gobierno, que están constituidas, esta es una realidad en la que estamos todos por alguna razón y por eso creo que el aporte de ideas tiene que ser también desde los institutos vinculados a la academia.