Las tres denuncias que han llegado a Contraloría por los socavones en dunas de Viña del Mar

Desde que en agosto se produjeron deslizamientos de tierra en el entorno del santuario de la naturaleza Campo dunar la Punta de Concón, en el sector de Viña del Mar, tres requerimientos legales acusando faltas han llegado hasta la Contraloría General de la República.

La más reciente fue presentada el 26 de septiembre por Juan Ignacio Soza, en representación de la Inmobiliaria Montemar S.A. En ella, el también gerente general de la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. (Reconsa), pide al órgano contralor fiscalizar el mantenimiento y aprobación, por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), del colector de aguas lluvias Reñaca Norte, cuyo colapso provocó el deslizamiento del 22 de agosto, según afirmó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

Ese primer socavón, explica Soza, “impactó de manera inmediata el deslinde del predio de propiedad de mi representada (...) ubicado en el límite norte del edificio Kandinsky”, afectando el terreno de la inmobiliaria, donde se ubica parte del santuario de la naturaleza (los lotes 2 y 3B) y su edificio Costa Brava en calle Las Pimpinelas, ya en la comuna de Concón.

Para el ejecutivo, el deslizamiento “tiene la aptitud de alterar la integridad de un lugar como el Santuario de la Naturaleza, toda vez que impacta directamente en el ambiente en que se desarrollan las especies y los ecosistemas que alberga”.

Respecto de ese mismo terreno, Reconsa y la Inmobiliaria Montemar interpusieron una demanda contra el Fisco -un recurso de casación actualmente en acuerdo en la Corte Suprema-, donde exigen una indemnización por parte del Estado por haber extendido, dentro de su propiedad, el área protegida del campo dunar.

Al final del requerimiento, Soza, quien ha negado responsabilidad en los socavones, pide a la Contraloría que, de no entregar respuesta el MOP y los organismos involucrados, o detectar “eventuales infracciones a la legalidad que puedan derivar en responsabilidades administrativas (...) solicito a usted el inicio de un proceso de investigación sumaria respecto de la unidad del MOP responsable, particularmente respecto de aquellas deficiencias que digan relación con la mantención del colector de aguas lluvias”.

Para Gabriel Muñoz, abogado del movimiento Duna Viva, que se ha opuesto a la construcción de edificios en las dunas -logrando la paralización de algunos proyectos-, la denuncia de la Inmobiliaria Montemar S.A. “no sólo es increíble, sino que Soza y Reconsa ahora pretenden erigirse como defensoras del campo dunar cuando han sido su mayor depredador. Incluso hicieron un lobby feroz para reducir las 52 hectáreas originales y después el 2021 demandar por $ 90.000 millones al Fisco de Chile”.

La segunda denuncia fue presentada el 22 de septiembre ante la Contraloría Regional de Valparaíso por Renzo Limone, residente del Edificio Euromarina I, ubicado a 2 kilómetros del sector de los socavones.

En el requerimiento el ingeniero acusa que ni el municipio de Viña del Mar, ni el MOP, ni el Serviu han reparado la calle Lapislázuli, “que está sufriendo un desplazamiento”. Así como tampoco han arreglado las fallas de un colector de aguas lluvias (distinto al Reñaca Norte), que estaría provocando dicha anomalía, pese a lo informado, previamente, a los tres organismos:

“El acceso vehicular al edificio en donde se encuentra mi departamento se efectúa por la calle Lapislázuli, calle que está sufriendo desplazamiento y asentamiento de la calzada-acera provocado por falla del colector de aguas ubicado en ese lugar, denunciado por mi persona a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar con fecha 31 de agosto de 2023, de la cual hasta la fecha no he obtenido respuesta. Carta que además distribuí a la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas) de Valparaíso, Serviu de Valparaíso y a la DOM (Dirección de Obras Municipales), quienes tampoco acusaron recibo del reclamo ni menos me contestaron”, señala Limone en el documento.

Estos organismos, agrega, “han desatendido el mandato legal que las leyes aludidas le confieren y ordenan, lo que ha traído el desastre que es de público conocimiento en el edificio Kandinsky. Y si no actúan con la rapidez necesaria en esta oportunidad con la situación expuesta para la calle Lapislázuli, mucho me temo señor Contralor (Ricardo Betancourt) que tendremos un nuevo socavón en el sector”.

Consultada al respecto, desde la Seremi del MOP en la Región de Valparaíso informaron que “es importante precisar que el Ministerio de Obras Públicas no tiene colectores bajo su tuición en este sector” y que, “tras recibir la información, y revisados los antecedentes, se determinó remitirlos a los organismos con competencia en la materia: el Serviu y la Municipalidad de Viña del Mar”.

En paralelo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), pidió una prórroga a la Contraloría General de la República, que le solicitó vía oficio informar el “nombre y cargo de todos los profesionales que trabajan en la Dirección de Obras, incluidos los revisores de los proyectos” construidos en el campo dunar, además del “listado de personas que trabajaron en la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años”.

El requerimiento del órgano contralor se enmarca en una denuncia presentada por el movimiento Duna Viva, el 1 de septiembre, donde denunció al DOM Julio Ventura por eventuales faltas a la probidad administrativa en la entrega de permisos. En ese contexto, detalla el abogado Muñoz, “además pedimos la fiscalización y auditoría de todos los permisos de edificación sobre o cerca del santuario y acompañamos el listado de los 42 edificios construidos y en construcción a la fecha”.

Según informó el municipio, la extensión de plazo responde a que la alcaldesa pidió a la DOM informar lo requerido por la Contraloría, pero la información aún no es remitida por dicho departamento -que también pidió más plazo- para responder al oficio.

En el caso de detectar irregularidades, en cualquiera de los casos mencionados, la Contraloría podría exigir el inicio de sumarios administrativos al interior de los servicios investigados. Dicho proceso, explica la doctora en Derecho Público, Jessica Fuentes, “sólo establece responsabilidad administrativa. Por tanto, las sanciones posibles son amonestación, multa, suspensión de funciones con pago del 50% del sueldo y/o la destitución”.

Si un funcionario es removido de su cargo, agrega, “aplica la inhabilidad de cinco años para volver a la administración pública”. Pero si la persona responsable ya no trabaja en el Estado, “no es posible perseguir la responsabilidad administrativa. Ella sólo se hace efectiva si sigue siendo funcionario público o si el sumario se hubiera iniciado antes de dejar la administración pública. En tal caso, la responsabilidad prescribe en cuatro años”.

“Si la Contraloría detecta que hay hechos que revisten caracteres de delito, ella lo denuncia al Ministerio Público para la persecución penal. Eso no obsta a que lo haga también el MOP, por ejemplo, si es que también detecta vicios. En cuanto a los delitos, también depende de lo que se encuentre, pero podría ser cohecho respecto de funcionarios públicos u otros similares”, cierra la académica de la PUCV.