Problemas financieros como factor común: 26 universidades han cerrado sus puertas en los últimos 30 años en Chile

A diciembre del año pasado, 59.605 estudiantes estaban matriculados en 28 instituciones en riesgo financiero -poniendo en riesgo su continuidad- dentro del sistema de educación superior chileno, de los cuales 43.572 pertenecían a las once universidades detectadas en esta situación por la superintendencia del sector.

Hoy, por ejemplo, a universidades como la Austral, SEK, de Aysén, de Antofagasta, de Magallanes o De la Frontera se les han pesquisado diversos tipos de problemas de gestión financiera o, peor aun, severas crisis económicas, lo que ha derivado en planes de recuperación o, incluso, la intervención estatal mediante la asignación de administradores provisionales, poniendo en alerta hace largo rato a las autoridades educativas del país, sobre todo porque las situaciones particulares han acarreado incluso despidos masivos, todo con tal de no tener que cerrar sus puertas como sí lo han debido hacer 26 universidades en Chile desde 1994 a la fecha, según un estudio elaborado por Mauricio Bravo e Isaac Fierro, vicedecano y profesor, respectivamente, de la Facultad de Educación de la U. del Desarrollo.

“El cierre de universidades en Chile ha puesto en evidencia desafíos significativos en la sostenibilidad del sistema de educación superior, así como la capacidad del marco regulatorio para anticipar y prevenir estas situaciones. Desde 1981, un total de 26 universidades privadas independientes han cesado sus actividades, mayoritariamente debido a problemas financieros, deficiencias en infraestructura y baja calidad académica”, dicen los investigadores en su trabajo, en el que añaden que en la última década han existidos casos que han develado malas prácticas institucionales, pero también algunos en los cuales de manera voluntaria se accede al cierre, organizadamente, resguardando a alumnos, trabajadores y proveedores.

En el análisis los investigadores identificaron que el cierre de planteles universitarios se ha dado “exclusivamente” en un segmento de instituciones, que se denominan como privadas independientes, o que también se conocen como “sin aporte estatal”, identificadas como aquellas creadas después de la reforma de 1981 y que si bien no reciben un aporte basal del Estado sus estudiantes sí pueden acceder a algunos beneficios estatales.

Desde la reforma se establecieron mecanismos de supervisión y control. Las nuevas universidades, por ejemplo, estaban sujetas a un proceso de licenciamiento por parte del Consejo Superior de Educación y en sus primeros años no podían otorgar títulos ni grados sin la supervisión de otra universidad tradicional. Y ahí, cualquiera de las instituciones que no podían superar esta etapa debían cerrar. Para alcanzar la autonomía, entre 1981 y 1990 las casas de estudio requerían de un sistema de examinación por parte de otra universidad examinadora y, entre otras cosas, los estudiantes de las primeras cinco generaciones debían rendir exámenes finales ante comisiones mixtas, con docentes de ambas instituciones.

En 1990 y ya de regreso a la democracia vino también una nueva legislación, donde la autonomía se otorgaba a partir de la evaluación del Consejo Superior de Educación. Luego, en 2006, se implementó el Sistema Nacional de Acreditación, el que estableció que las universidades pueden recibir acreditaciones por hasta siete años. Aquellas que obtienen sólo tres deben someterse a restricciones, como la prohibición de abrir nuevas carreras y la no acreditación implica la pérdida de financiamiento estatal para los estudiantes. Después, en 2018, una nueva legislación buscó garantizar que las instituciones operen bajo estándares mínimos, fortaleciendo el rol de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), estableciendo la acreditación como un proceso obligatorio para todas las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Ahí quedaron definidas también sanciones estrictas, como la pérdida del reconocimiento oficial y la pérdida de la personalidad jurídica, o la limitación en el acceso a recursos públicos.

En ese sentido, se mencionan como ejemplos de universidades que no alcanzaron su autonomía a la Universidad Autónoma Indoamericana (se le retiró su reconocimiento oficial en 1994), Universidad Real (1996), Universidad de Puerto Varas (2005 y sus alumnos fueron absorbidos por la Universidad San Sebastián), Universidad José Santos Ossa (2005) o Universidad Francisco de Aguirre (2005). Esta última, por ejemplo, ofrecía Psicología, Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil en Computación e Informática en La Serena y a pesar de contar inicialmente con el respaldo para iniciar sus actividades, enfrentó serios problemas estructurales. En su cierre se fusionó con la Universidad del Mar.

También se analizaron casos en que, posterior a obtener su autonomía, a las instituciones les fueron señaladas deficiencias en el proceso de acreditación o incumplimiento de los estándares establecidos. Y ahí aparece la propia Universidad del Mar (2013), la polémica Universidad Arcis (2017) que dejó deudas que ascendían a $ 8.880.961.806; la Universidad Iberoamericana (2018) o la Universidad del Pacífico (2019). Algunas, de hecho, aún no han visto su cierre definitivo, programado para el 31 de diciembre de 2025 en algunos casos, por lo que están en proceso de cierre mientras terminan sus últimos alumnos. Hoy, aunque perdieron su personalidad jurídica, están funcionando con un permiso temporal hasta que egrese el último alumno.

“El sistema de acreditación en Chile también ha mostrado incapacidad para asegurar efectivamente la calidad en la educación superior, una problemática particularmente visible donde se obtuvieron acreditaciones institucionales y, posteriormente, enfrentaron graves crisis que derivaron en su cierre”, advierten, con todo, los investigadores Bravo y Fierro, quienes agregan que “al tratar de emular a universidades consolidadas, muchas instituciones terminan comprometiendo su sostenibilidad financiera y operativa”.

En ese sentido y según los dictámenes del Consejo de Educación Superior sobre universidades que no lograron la autonomía institucional y que derivó en su cierre definitivo, los autores del trabajo detectaron que los principales motivos se relacionan con deficiencias en la gestión académica, financiera y organizacional. “La falta de infraestructura adecuada, un cuerpo docente con baja formación y la ausencia de un plan académico coherente han sido factores determinantes que impiden la consolidación de un proyecto educativo viable. La imposibilidad de cumplir con los estándares mínimos de calidad y la falta de avances significativos en la acreditación institucional llevaron a que varias universidades no logren obtener su autonomía”, se extienden.

Además, suman, los problemas financieros fueron una causa recurrente: “Modelos económicos insostenibles, alta dependencia de recursos externos inestables y baja matrícula han afectado la viabilidad a largo plazo de muchas instituciones. La falta de mecanismos de evaluación interna de calidad y el escaso desarrollo en áreas estratégicas como la investigación y la vinculación con el medio han debilitado aún más su estabilidad”.

Y a pesar de los avances normativos, los investigadores dicen que persisten desafíos importantes para garantizar la sostenibilidad financiera y la calidad académica de las universidades. “Aunque las reformas implementadas en las últimas décadas han robustecido los mecanismos de supervisión y evaluación, los cierres de universidades evidencian que la calidad no puede garantizarse únicamente mediante regulaciones”, señalan al respecto, sumando que la creación de la Superintendencia de Educación Superior y el fortalecimiento de la CNA “representan avances significativos, pero no suficientes para abordar las complejidades del sistema”. Y cierran: “Uno de los principales retos radica en prevenir los cierres de instituciones antes de que ocurran”.

En tal sentido, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, contextualiza que en los años ochenta se impulsó la apertura masiva de nuevos planteles, “un proceso acelerado en que Chile llegó a tener más de 300 instituciones” y que los procesos de licenciamiento, aun con sus limitaciones, “pusieron de manifiesto que muchas de ellas no presentaban niveles de calidad ni sustentabilidad económica mínimos para funcionar”.

Y suma que las reformas de este siglo se han orientado a la búsqueda “de una mayor regulación y garantía pública de la calidad de la educación superior”, destacando la creación de la CNA, la Ley de Aseguramiento de la Calidad y que en paralelo desde 2014 se cuenta con un marco legal para la administración provisional y de cierre de instituciones.

Sin perjuicio, cierra, “la educación superior debe seguir modernizándose con un enfoque integral que priorice el bienestar de los estudiantes y las comunidades educativas. No basta con garantizar la viabilidad institucional: es fundamental asegurar que cada estudiante pueda desarrollarse en un entorno formativo de calidad, con las condiciones necesarias para su realización personal y profesional”.