Rodrigo Roco, director de Educación de Santiago: “No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, pero hemos tenido que cancelar matrículas y expulsar”

Rodrigo Roco cumplió hace pocos días tres años como director de Educación de la Municipalidad de Santiago, rol desde el que ha visto cómo un puñado reducido de alumnos de algunos liceos emblemáticos mantiene una dinámica de violencia que, dice, con el tiempo han ido logrando aplacar. De hecho, ejemplifica con que antes a esos estudiantes sus pares los aplaudían y ahora ya no. “El punto es cuánto se ha consolidado, porque hay que ser realista en el sentido de que toda realidad de comunidad educativa es frágil. Basta una secuencia de hechos negativos y puedes retroceder”, señala a modo de balance del primer semestre escolar.

Da la sensación de que este 2024 ha tenido menos episodios violentos en los establecimientos de Santiago. ¿Las cifras dicen lo mismo?

Problemas de violencia a nivel de la sociedad están presentes y por lo tanto también están en el sistema escolar privado y público. Pero tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo entre 2022 y hoy, los hechos más graves -amenazas a personas, destrucción de bienes, quemas de micros, cosas que ocurrieron en algún momento- no están presentes en nuestro paisaje escolar. Pensamos que eso es el resultado de estrategias complementarias que hemos desplegado. Hemos reducido ese tipo de hechos en cerca de un 70% y en algunos liceos hemos logrado avanzar más que en otros.

¿Pero en todos se ha avanzado?

En todos se ha avanzado. Nuestra idea es consolidar las respuestas que hemos ido construyendo, que son principalmente educativas.

¿Estos avances que refiere son una suerte de reivindicación por sobre la mano dura que se pide?

Totalmente. Para ser un espacio formativo necesita también ser normativo. Ningún tipo de violencia puede ser aceptable en un espacio escolar porque, entre otras cosas, queremos que en la sociedad no sea aceptable. Por lo tanto, el uso de las herramientas que hay en el sistema escolar para abordar las faltas es algo que hemos promovido también. Normativamente tenemos que hacer lo que tenemos y el enfoque de abordaje es siempre, en primer lugar, formativo. El enfoque sancionatorio es parte de eso como una evolución cuando corresponde. Y también hemos abordado desde la esfera de la comisión de delitos. En general presentamos algún tipo de querella que nos permite estar más encima de los procesos. Pero no habríamos logrado nada si solo nos hubiéramos enfocado a la mirada persecutoria.

¿Qué han logrado con las querellas?

Hay situaciones donde el tribunal ha tomado decisiones penales y cautelares.

Y ustedes, ¿les mantienen la matrícula?

Cada caso es puntual, porque a veces el propio tribunal puede pedir o sugerir que el niño no sea desvinculado. Recuerdo un chico que estaba en el Sename y se entendía que era muy importante mantener un vínculo con él.

Entendiendo su lógica de diálogo y que apuestan a los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), ¿no llega el punto en que se debe actuar y no esperar procesos?

El proceso formativo, y por lo tanto la eventual adopción de sanciones, está alojado en el establecimiento. Como nivel de gestión territorial de la educación pública no somos los que estamos a cargo directamente de los chicos.

Pero como sostenedores pueden sugerir acciones.

Nuestro empuje ha sido que apliquemos lo que está en nuestro RICE, que son herramientas suficientes para tomar sanciones cuando se ameriten. No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, pero sí hemos tenido que cancelar matrículas y expulsar. En lo que quiero insistir es que nuestro enfoque no es solo eso, porque si fuera solo eso no habríamos logrado avances en términos de que estos hechos han ido disminuyendo paulatinamente en masividad, en aceptación.

Igualmente, hace unos días fueron agredidas profesoras del Instituto Nacional. ¿Ese tipo de hechos no amerita tomar determinaciones inmediatas?

Es que los RICE consideran la medida preventiva de separación de los agresores mientras dura el proceso. Y en ese caso hay proceso abreviado, es lo más rápido que se puede.

Pero, insisto, ¿no cree que un estudiante que agrede a un profesor amerita una expulsión inmediata?

Es que el proceso abreviado conduce a eso y el proceso regular también. Es el mismo tema que en la comisión de cualquier delito en Chile todos tienen un proceso con derecho a defenderse, independientemente de que esté sumamente establecido qué se hizo. Pero es muy raro que casos así no terminen en expulsión.

Dentro de las querellas y denuncias, ¿han invocado alguna vez Aula Segura?

Tempranamente se resolvió ese tema. En nuestros RICE tenemos todos los mecanismos que ofrece la ley y los directores van tomando decisiones dependiendo de la gravedad de los hechos. La discusión de Aula Segura está superada y la Contraloría y la Superintendencia nos han dado permanentemente la razón. No hablamos de Aula Segura, hablamos de Reglamentos Internos de Convivencia Escolar.

¿No es curioso que si los directores tienen las herramientas legales a la mano nunca invoquen Aula Segura? En Providencia ocurre lo contrario.

Sinceramente creo que es una cosa más discursiva. Providencia y nosotros compartimos el mismo problema: tenemos este tipo de hechos y nuestros enfoques de abordaje han sido diferentes, pero eso no significa que no estemos aplicando la legislación en lo que corresponde y cuando corresponda.

¿Es un tema ideológico?

Diría que es discursivo, es propagandístico. Aula Segura es lo que uno llamaría una especie de mono de paja, que lo levantas para generar fuego y efectos pirotécnicos, pero lo único que vale son las herramientas que están establecidas en los RICE.

A propósito, se han levantado voces de otras comunas que reclaman el recibir alumnos expulsados fruto de esos RICE.

Se dice que en Providencia el problema es que les están llegando los estudiantes de Santiago que expulsamos. Bueno, a nosotros también nos llegan los estudiantes de Providencia que ellos expulsan. Lo único que diría es que cada liceo y sostenedor tiene que hacerse cargo de los estudiantes que le llegan. Ese es nuestro mensaje: hagámonos cargo, trabajemos formativamente, abordemos los problemas. El punto político sobre otras cuestiones no ayuda.

Luego de las tensiones iniciales, ¿cómo ha sido la colaboración con las otras instituciones del Estado -gobierno, Carabineros- en el proceso de erradicar estas problemáticas?

Diría que hubo dos momentos. Uno inicial en que nos coordinamos con la Subsecretaría del Interior que no dio tantos resultados, y después la propia subsecretaría dijo que fuera con la Delegación Presidencial. Y en ese trabajo hemos tenido buenos resultados. Por ejemplo, nos propusimos evitar las quemas de micro y lo hemos logrado. Y también incluyo como resultado nuestras conversaciones con Carabineros.

¿Ve que las respuestas, como las remodelaciones de las salas de los liceos, van aplacando el descontento de quienes optan por la violencia?

Generan credibilidad. Diría que estamos terminando con los violentos producto de que se están empezando a dar dinámicas de trabajo pedagógico y de acogida a los estudiantes nuevas, diferentes y mejores.

¿Cuánto ha influido el aumento de la matrícula migrante en el abordaje de las problemáticas?

Pasamos del 2014 de tener cerca de un 8 o 9% de matriculados en proporción de migrantes, a hoy que tenemos casi un 40%. Ojalá el problema fuera enseñar historia de Chile. El problema es que el sistema mostró resiliencia en algún punto para ir generando adaptación y abordaje.

¿Hubo discriminación también?

Hemos visto que son bastante acotados y que las comunidades están bien atentas. El problema, y creo que es superimportante decir esto, si no estuviéramos apoyando a esos chicos y dándoles lo que corresponde, ¿dónde estarían?, ¿en la calle?, ¿a merced de los grupos de crimen organizado? El rol que están cumpliendo las escuelas de Santiago, no solo desde el punto de vista de pedagogía intercultural, sino de espacio de acogida, es muy notable.

¿Piensa que el sistema público de Santiago sigue siendo atractivo para educarse?

Nosotros tenemos un fenómeno muy evidente. Si tenemos liceos que durante 10 años no terminaban el semestre a tiempo es indudable que las familias empezaran a mirar para el lado. En la medida que hemos ido recuperando una normalidad, hemos visto que las familias empiezan a volver de a poco. Lo veo como un periodo de ajuste: la resignificación de los conceptos como la calidad son importantes también, porque hoy la propia familia lo que quiere es que sus hijos sean bien tratados y se les potencien sus talentos, que pueden ser muy diversos.

Dice que no solo se deben formar ‘lumbreras’.

Claro, pero la gracia es que en Santiago seguimos teniendo espacio para estas lumbreras académicas. Tenemos puntajes nacionales. Santiago sigue siendo un espacio atractivo para que las familias puedan venir a encontrar espacios inclusivos y al mismo tiempo proyectos educativos que ponen acento en los talentos. Esa es la excelencia a la que estamos aspirando.

¿Cómo vio el debate sobre que el fin de la selección dañó a la educación pública?

Como un debate bien inoficioso. La baja en los puntajes de los liceos de Santiago se viene produciendo desde 2010 en adelante y esa baja está asociada a fenómenos bastante evidentes. Falta de clases, paralizaciones prolongadas…

¿Pero el fin de la selección no tuvo nada que ver?

Es que la selección en Santiago se acaba en 2020, hace muy poco. Lo más complejo es que nuestra población hoy es socioeconómicamente mucho más vulnerable que hace 10 o 20 años. Es un grupo que tiene menos capital cultural y no hemos logrado producir un cambio pedagógico que nos permita agarrar las capacidades y los talentos de esos chicos.

¿Ve a bien el traspaso de los colegios de Santiago al SLEP, que se crea el próximo año?

Totalmente. Desde lo personal y es parte de una convicción técnica y política. Es un cambio necesario.

¿No le asustan los problemas que ha dejado la experiencia de otros SLEP?

No, porque muchos de esos problemas eran abordables. Lo de Atacama era totalmente previsible y abordable. Ese es un error no del diseño, que los tiene. Cuando se discutió la ley hubo mucho exceso de celos, que el nivel central no se meta. Eso es un error. Durante el periodo de transición, 10 o 20 años, el nivel central tiene que estar un poquito más encima para asegurar que no lleguemos a estos niveles de crisis.

En los últimos días se han vuelto a ver evasiones en Metro y varias de esas convocatorias son generadas en establecimientos de Santiago.

Lo que percibo es que efectivamente es una preocupación en los chicos. No hay que olvidar que en Santiago fue donde de alguna manera se catalizó el malestar que dio expresión al estallido, que tiene que ver con una visión general de la población, que en muchos casos sigue presente, de cierto poder económico que abusa del resto. Lo que hemos estado empujando como abordaje de esto es, por ejemplo, si los chicos tienen preocupaciones, que podamos aprovecharlo como oportunidad: las alzas sirven para explicar cómo funcionan los sistemas tarifarios y dos, buscar educar a los chicos en que no se expongan.