La cuarentena es una medida sanitaria que ha cobrado cada vez más fuerza en la lucha contra el coronavirus. Hasta este lunes, se está aplicando en 16 comunas, abarcando a 2.649.000 personas. Es decir, 14 de cada 100 chilenos deben estar recluidos por obligación en sus casas.

Pero no todos han cumplido con esta restricción. Por ejemplo, la semana pasada una mujer de Concepción, confirmada con Covid-19, hizo noticia al fugarse del Hospital Las Higueras y acudir a la Vega Monumental, donde fue detenida por Carabineros.

Este lunes, además, Carabineros informó que más de mil personas han sido infraccionadas -a nivel nacional- por no respetar el aislamiento. En la Región Metropolitana se registraron 513 casos, principalmente en la comuna de Santiago (72). En regiones, la comuna con más infracciones es Temuco (48).

Ante el incremento de la población confinada, la Subsecretaría de Salud Pública distribuyó una circular en las Seremis de Salud con las instrucciones para fiscalizar a quienes no cumplan la cuarentena, según el tipo de persona que quebrante la norma.

Traslado a residencias sanitarias

Por ejemplo, si los funcionarios de la Seremi, policías o militares sorprenden en la calle a una persona que, de acuerdo a los registros, tiene coronavirus, deberán conducir al infractor a una residencia sanitaria, hoteles o recintos dispuestos para la reclusión de enfermos, en un vehículo apto para ello.

“El personal policial deberá dar cuenta de la detención al Ministerio Público, de acuerdo a las instrucciones generales o particulares que haya recibido, e informar al fiscal correspondiente del traslado de la persona contagiada a la residencia sanitaria”, explica el instructivo.

Además, se establece que la Seremi debe levantar un acta de la situación y que se permitirá al detenido comunicarse con sus familiares solo a través de su propio celular. Si no puede hacerlo, entonces se dará aviso a la persona que el infractor indique. Luego de ello, el sumario sanitario “se tramitará en el plazo más breve posible”.

En caso de que el infractor sea alguien con sospecha de tener coronavirus o que tuvo contacto con alguien contagiado, la persona quedará detenida “en el punto donde sea sorprendido” hasta que se levante un acta de fiscalización. Luego, un policía o militar lo trasladará a su residencia.

Pero en un caso excepcional, si la Seremi considera que este caso sospechoso es un riesgo inminente para la salud, se puede determinar “que la persona sea conducida a una residencia sanitaria”. Además, se informará de la detención a la Fiscalía.

Por último, si el infractor no está contagiado ni es caso sospechoso, sino que simplemente incumple la cuarentena comunal o el toque de queda nacional, será citado a la justicia, según el Código de Procedimiento Penal y se levantará un acta de fiscalización.

Situación laboral del país

Las autoridades pidieron a la población tomar conciencia de la importancia de la cuarentena y quedarse en sus casas. Sin embargo, un sector importante de la población vive por estos días una estrechez económica muy seria.

Según la Fundación Sol, hay 3,6 millones de personas, equivalente al 39% de la fuerza laboral, que no tienen contrato de trabajo. Y el 70% de los trabajadores -sin distinguir si tienen esa protección o no- gana menos de $ 550 mil líquidos al mes. Ello explicaría que algunas personas insistiesen con salir a la calle para trabajar.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, cuenta que en la Mesa Social Covid-19, que reúne a autoridades y expertos, ha propuesto establecer condiciones sociales para aplicar las cuarentenas.

“Hay muchas personas que pueden no tener consciencia de lo que ocurre, pero hay otras que están saliendo obligadas, porque van a trabajar, porque son vendedores ambulantes, porque no tienen tranquilidad ni seguridad de las condiciones mínimas para estar en cuarentena”, explica.

Por ello, propone “fortalecer la agenda social del Gobierno para lograr el confinamiento de la ciudadanía. También se podría tener medidas restrictivas bien claras, pero que también incluyan a las iniciativas privadas, porque hay trabajos que siguen funcionando con normalidad, como el de las asesoras del hogar, que son zonas grises que hoy mantienen funcionamiento casi normal”.

De hecho, los partidos de Chile Vamos ya están discutiendo si es necesario que el Gobierno aplique un segundo paquete de medidas económicas. Así, por ejemplo, el centro de estudios Horizontal propone que el actual plan de salvataje se duplique y llegue a los US$ 22.510 millones.