Mapeo: las regiones donde la Fiscalía investiga irregularidades en convenios con fundaciones

Suman ocho las regiones donde el Ministerio Público ha iniciado investigaciones penales -ya sea de oficio o por querellas/denuncias de terceros- por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde el gobierno central o regional a fundaciones ligadas al oficialismo en todo el país.

El caso, que en un inicio se circunscribió a Antofagasta y que involucraba a RD producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, tiene ramificaciones y distintas aristas también en Arica, Atacama, O’ Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

En todas esas regiones Ministerio Público busca esclarecer posibles ilícitos ligados a actos de corrupción: malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias en los traspasos de montos por el Estado hacia entidades privadas vía trato directo o por concurso público.

Según una revisión realizada La Tercera, se examinan transferencias de dinero que ascienden a un monto total de $ 14.215 millones, lo que podría aumentar conforme se expandan las pericias en curso o se sumen nuevas aristas de un caso que remece a Revolución Democrática y a todo el oficialismo.

Una de los últimos giros del caso fue la solicitud de renuncia al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), ya que habría infringido -según explicó el titular de la cartera, Carlos Montes- la inhabilidad que pesaba sobre él, al firmar un documento relativo a la ONG Urbanismo Social, fundación donde se desempeñó durante siete años antes de arribar al ministerio. Semanas antes, el Presidente Boric había señalado que la ahora exautoridad no tenía “responsabilidades políticas que pagar”.

Revisa a continuación el detalle región por región

La región nortina fue el germen de todo el entramado de eventuales conflictos de interés y corrupción que remece al oficialismo. Todo comenzó cuando el medio regional Timeline reveló que la fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade (RD) -expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)- celebró convenios por $426 millones con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuando era encabezada por otro exmilitante RD y antiguo jefe de gabinete de Pérez, el exsecretario regional Carlos Contreras.

Además, este jueves el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó una diligencia solicitada por el fiscal jefe de la ciudad, Cristián Aguilar, respecto de entrar, registrar e incautar elementos tecnológicos desde las sedes de cuatro fundaciones que mantienen convenio con la Seremi de Vivienda de la región.

En concreto, las fundaciones allanadas fueron: Procultura, Tomarte, Urbanismo Social y la Fundación Arte y Cultura Movimiento FABRE.

En esta arista iniciada por el Ministerio Público el 28 de junio, según confirmó el fiscal regional Julio Contardo, se indagan ocho transferencias desde la Seremi de Vivienda del Maule a la Fundación Urbanismo Social, por un total de $ 577 millones.

Los cuestionamientos surgieron al observar que quien estaba a la cabeza de la Seremi, Rodrigo Hernández (RD), había trabajado durante siete años -antes de asumir en el cargo- en la fundación que resultó beneficiada, donde incluso tuvo el cargo de director jurídico.

En horas de este viernes, de hecho, el ministro Montes informó sobre la renuncia del seremi Rodrigo Hernández, ya que habría infringido -según explicó el titular de la cartera- la inhabilidad que pesaba sobre él, al firmar un documento relativo a la ONG Urbanismo Social.

Días antes de su renuncia, el Presidente Boric había señalado que la ahora exautoridad regional no tenía “responsabilidades políticas que pagar”.

Respecto de la causa iniciada en la X Región el mismo 28 de junio, como confirmó la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, se ha establecido que se investigan convenios celebrados por parte del gobierno regional, encabezado por el ex DC Patricio Vallespín, con la Fundación Participa, con la Corporación Kimün, con la Fundación Chinquihue y también con otras entidades a las que se traspasaron dineros en 2022, por lo que el monto cuestionado aún no está delimitado.

En suma, como dan cuenta reportes del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, ese año el Gobierno Regional transfirió un total de $ 8.049 millones a organizaciones vía convenios, por lo que el Ministerio Público verificará si todo ello está en regla.

En medio de la causa iniciada en Atacama el 30 de junio, se indaga un traspaso realizado desde la Seremi de Vivienda de la región a la Fundación Comprometidos, por un total de $ 128 millones.

De acuerdo con los antecedentes precisados hasta ahora, el proyecto a ejecutar correspondía a un plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, en el marco del programa de asentamientos precarios.

Sin embargo, llamó la atención que la citada fundación, al momento de resultar “beneficiada”, sólo registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.

La quinta arista penal corresponde a la abierta por la Fiscalía Regional del Biobío el 4 de julio pasado. En la zona se iniciaron dos investigaciones de oficio para esclarecer traspasos hechos desde el Serviu y el gobierno regional a fundaciones.

Estos dicen relación con convenios fijados con la Fundación Urbanismo Social y el Serviu del Biobío por $ 148 millones. La otra indagatoria es sobre las transferencias realizadas del gobierno regional a la ONG RedCultivarte por $ 274 millones.

Ambas causas quedaron radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo.

Según información entregada por la Fiscalía de La Araucanía, iniciaron una investigación este 5 de julio tras recibir una denuncia respecto de transferencias presuntamente irregulares visadas por el gobernador Luciano Rivas a la Fundación Local, con sede en la Región de Valparaíso, por un monto total de $ 2.113 millones.

Como se denunció, el proyecto a ejecutar tenía que ver con programas de reciclaje para la comuna de Padre Las Casas, pese a que la citada ONG no tenía experiencia en la materia.

Al respecto, la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Daniela San Martín, detalló: “Se recibió una denuncia a través de correo electrónico, en la cual se daba cuenta de presuntas irregularidades en el traspaso de dinero que habría efectuado el gobierno regional a una fundación de nombre Fundación local. En este sentido, se dispuso que sea la Fiscalía de Alta Complejidad de nuestra región la que asuma la dirección de esta instigación”.

En el caso de Arica y Parinacota, fue este jueves 6 de julio que se inició una investigación de oficio para establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delitos en el traspaso de recursos públicos desde el gobierno regional local hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo.

Esto, luego de que mediante redes sociales se denunciara que existieron eventuales irregularidades en la asignación de $ 2.500 millones a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.

La investigación quedó radicada en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica, a cargo del fiscal adjunto Carlos Eltit Ortega.

La tarde de este jueves, además, se confirmó la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional de O’ Higgins, pero como pudo recabar este medio, aún no se ha puesto foco en entidades en particular, por lo que no es posible establecer el monto que está siendo pesquisado.

Sin embargo, según reveló Tele13 Radio, la indagatoria del Ministerio Público apuntaría a esclarecer eventuales irregularidades en la firma de dos convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Arquiduc en 2021, que se adjudicó montos vía trato directo por $56 y $65 millones durante la última administración del expresidente Sebastián Piñera.

La firma de los convenios habría estado a cargo del exdirector del Serviu durante el gobierno de Piñera, Manuel Alfaro (Evópoli), quien esta mañana salió al paso del anuncio de investigación por parte de la fiscalía y descartó de plano cualquier irregularidad en la adjudicación de fondos por parte de Arquiduc.

“Importante aclarar que los convenios suscritos en 2021 entre el Serviu regional y Arquiduc se encuentran ajustados a Derecho y siguieron los canales institucionales, cumpliéndose la totalidad de los requerimientos técnicos y administrativos para su aprobación”, escribió Alfaro a través de sus redes sociales.

Uno de las aristas que se investiga, según reveló el citado medio, es la vinculación de Arquiduc con las autoridades regionales de la administración anterior. Y es que el jefe de gabinete de Alfaro en ese entonces era Gustavo Villalobos Rodríguez, quien figura como miembro del directorio de la fundación.

Además, el presidente de la entidad privada es Carlos Acuña Arévalo (RN), quien fue parte tanto del primer y segundo gobierno de Piñera en el gobierno regional de O’Higgins y en el Servicio de Educación local.

“No hay lugar para la política del empate. Los casos de corrupción que hemos visto en los últimos días son reprochables y afectan a las comunidades más vulnerables y a la fe pública. Esto no puede empañar la gestión de organismos que mejoran la calidad de vida de las familias”, se defendió Alfaro.

Este viernes 7 de julio, Aysén se sumó a las regiones donde se registran pesquisas por convenios entre privados y organismos estatales.

Según informó la Fiscalía de Aysén, esta vez la indagatoria busca establecer o descartar presuntas irregularidades en la adjudicación de dineros públicos desde el Gobierno Regional y la Universidad Estatal de Aysén hacia las fundaciones Democracia Viva y ProCultura.

Hasta ahora, la investigación tiene el carácter de desformalizada y las diligencias están radicadas en la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la fiscalía de la zona.

La indagatoria se da luego de una denuncia realizada por los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto. Los parlamentarios solicitaron dilucidar la relación entre la universidad estatal con Democracia Viva, entidad que realizó una escuela de verano para la casa de estudios.