El magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza indaga estos casos de adopciones en el marco de una investigación por presunta sustracción de menores durante los años del régimen militar. Con estos nuevos antecedentes, se debe determinar si amplía su rango de investigación, decisión que sólo puede ser autorizada por la Corte Suprema. Esto, explicó, porque si las adopciones fueron irregulares, se debe evaluar si se vieron vulnerados los derechos humanos del menor.
Usted está indagando irregularidades o posible sustracción de menores relacionadas con adopciones durante el régimen militar. ¿En qué consiste este caso?
Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990. En razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular. Hemos realizado algunas indagaciones y pedido un informe. Efectivamente, nos han corroborado esta situación.
Hay un análisis que da cuenta de más 500 casos en que habrían irregularidades respecto de la adopción de estos menores.
Sí, este mismo peritaje que solicitamos dice relación con eso, que efectivamente estas adopciones habrían tenido un matiz de irregularidad y que en algunos casos podría haber una situación ilícita. Eso es lo que estamos investigando.
¿Cómo era el modus operandi?
Hubo muchos. Lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá.
¿Se han realizado diligencias?
Bastantes. Pero, tenemos que circunscribirnos solamente al período que me corresponde a mí, que dice relación, que es el mandato que tengo, por sustracción de menores que están relacionados con los derecho humanos de la violencia política de esa época. Pero la investigación va más allá, porque hay varios atisbos de irregularidades que tal vez convendría aclarar.
¿Habría problemas de prescripción?
Sí, en varios casos (...). Si estamos hablando de casos que no están contemplados dentro de lo que podrían ser delitos de lesa humanidad, estaríamos hablando de hechos que estarían prescritos.
Pero el niño al nacer es sujeto de derechos, ¿sería una violación a sus DD.HH. el que lo hayan entregado irregularmente o vendido?
Creo que son las consideraciones que deberían hacerse. En un momento dado, deberían tomarse esas determinaciones. No es el momento para señalar un camino u otro, pero, efectivamente, son elementos que hay que considerar al momento de decidir.
