Fueron más de tres años en total, a través de dos juicios de alta connotación pública, en que las familias y víctimas buscaron justicia, de un caso que hoy marcó su hito cúlmine.
Es que a las 14.00 de este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco entregó la sentencia en contra de Martín Pradenas Dürr, quien el pasado 7 de julio fue condenado en calidad de autor de siete delitos sexuales, perpetrados entre 2010 y 2019, en Temuco y Pucón.
En concreto, Pradenas fue sentenciado a una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo luego de un segundo juicio, que tuvo un total de 37 jornadas. La fiscalía había solicitado una pena de más de 40 años.
La pena impuesta es por los delitos de abuso sexual de mayor de 14 años, por el primer hecho imputado, abuso sexual de mayor de 14 años por el segundo hecho, abuso sexual de menor de 14 años o impropio, por el tercer hecho, abuso sexual de mayor de 14 años por el cuarto hecho imputado, violación de mayor de 14 años por el hecho cinco y abuso sexual de mayor de 14 años y violación de mayor de 14 años en el sexto hecho.
Las imputaciones por las que se condenó a Pradenas en este segundo proceso son las mismas que, finalizado el anterior juicio -el viernes 26 de agosto de 2022-, el tribunal le impuso. En ese primer juicio había sido sentenciado una pena única de 20 años de presidio efectivo, aunque luego fue declarado nulo, lo que derivó en este proceso que culminó este viernes, contra el sujeto que el Ministerio Público graficó como un “depredador sexual”.
El magistrado destacó que la pena impuesta -dado que no existen los requisitos para la concesión de penas sustitutivas- Pradenas deberá cumplirla de manera efectiva privado de libertad, en el Centro Penitenciario que Gendarmería determine.
Los años que el imputado ha pasado con medidas cautelares serán abonados al total de la sentencia. Esto es: arresto domiciliario total desde el día 22 al 24 de julio de 2020 y luego prisión preventiva con fecha 24 de julio de 2020 hasta ahora. Es decir, se le descontarán tres años a su condena.
Como penas accesorias, el juez señaló que se inhabilitaba a Pradenas para cargos y oficios públicos, lo mismo en sus derechos políticos y profesiones titulares mientras dura la condena. Se le exime pagar las costas de la causa.
Se estableció la prohibición para Pradenas de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las víctimas, así como la prohibición de aproximarse a ellas en cualquier lugar en que se encuentren, por 10 años.
Además, se le inhabilita de forma perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
En las horas previas a la lectura de sentencia, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, valoró la decisión de condena del tribunal.
“Más allá de la pena impuesta en este caso, valoramos la decisión de condena del tribunal, que implica dar por establecidos los hechos que fueron materia de la acusación y también permite reconocer la verdad de las víctimas”, dijo.
El persecutor también se refirió a la “valentía” de las víctimas de participar en este segundo juicio, ya que tanto ellas como sus familiares debieron revivir una vez más las agresiones.
“Además, su relato valiente y decisión de participar en este proceso ha permitido poner en la palestra la necesidad de abordar tanto la investigación como el juzgamiento de estos hechos con una perspectiva de género”, manifestó.
Un caso de repercusión nacional
El caso tuvo desde el inicio una fuerte repercusión nacional. Cuando el Poder Judicial transmitió la formalización de Pradenas por una serie de ataques sexuales, el martes 21 de julio de 2020, se registraron 1.088.815 conexiones.
Tras esa primera audiencia, hace ya tres años, la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de desestimar la solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público motivó una serie de reacciones de organizaciones feministas con protestas en varias ciudades.
Fue el suicidio de la estudiante universitaria Antonia Barra el punto de partida de las investigaciones en este caso, lo que le dio connotación pública, y también lo que motivó a las demás víctimas a denunciar.
La joven contó a Rodrigo Canario, quien había sido su pareja por años, que Pradenas la violó en una cabaña en Pucón en septiembre de 2019. Al acceder al teléfono de la joven, cuando ella ya se había quitado la vida, la familia Barra conoció los mensajes que hacían alusión al hecho.
Antonia, que tenía 20 años de edad, fue encontrada muerta en la casa familiar el domingo 13 de octubre de 2019 por su hermana menor y su abuela materna. La noche anterior Canario difundió una grabación del relato que ella había hecho y Pradenas la contactó para increparla.
Los registros del testimonio de la fallecida joven hicieron eco en otras mujeres que confesaron haber sido agredidas sexualmente por el sujeto. En junio de 2022, Pradenas enfrentó un juicio por siete delitos, cuatro por abuso sexual a mayores de 14 años, un abuso sexual a menor de 14 años y dos por violación a mayores de 14 años. Las mismas imputaciones que se hicieron en este segundo proceso iniciado en abril de este año.
