Un menor de 17 años, sin antecedentes, fue detenido hoy, en la Región de Valparaíso, y formalizado por robo con intimidación. El juez de garantía ordenó su internación provisoria en el Sename de Limache, pero debido al paro de los gendarmes se frustró su traslado, por lo que terminó cumpliendo la medida cautelar en la Primera Comisaría de San Antonio, rodeado de adultos.
Anoche, su defensora pública, Valentina Brunet, presentó un recurso de amparo, como parte de las acciones que ha desarrollado esta entidad en favor de los internos, ante los estragos provocados por el paro -vigente desde el lunes- de los funcionarios de Gendarmería, quienes exigen mejoras laborales y salariales.
Como este adolescente, cientos de imputados se han visto afectados por la movilización del personal penitenciario, debido al gran número de audiencias que se suspendieron en los Tribunales de Justicia, ya que los internos no están siendo trasladados por los gendarmes.
Según un catastro elaborado por la Defensoría Penal Pública, en las primeras horas de movilización, solo en el Centro de Justicia, que alberga gran parte de los Juzgados de Garantía de la región Metropolitana, se suspendieron 150 audiencias de imputados. A nivel nacional, la cifra supera las 400. Más de 60 juicios orales corrieron la misma suerte en todo el país.
El defensor nacional, Andrés Mahnke, reconoce la legitimidad de las demandas de los gendarmes, pero advierte que la validez de la movilización se da cuando "no se perjudique la situación de personas que no están en el conflicto". Y, a su juicio, el paro "está afectando y perjudicando derechos, integridad y dignidad de las personas que están bajo el resguardo de Gendarmería (...). Los imputados no han podido generar el debate para poder obtener su libertad; por tanto, se está prolongando la privación de libertad de esas personas".
De allí los 15 recursos de amparo contra jueces y Gendarmería, presentados hoy por la Defensoría Penal ante las cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Magallanes y San Miguel.
La causa principal fue el no contar con garantías de seguridad e higiene en los centros donde fueron derivados los detenidos para cumplir la prisión preventiva. En Santiago se dispuso la zona de tránsito del Centro de Justicia para cumplir con la medida cautelar. En regiones, los imputados fueron derivados a comisarías de Carabineros.
Nula negociación
A más de 48 horas de iniciada la movilización, las negociaciones seguían, anoche, en punto muerto.
A través de un comunicado, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, insistió en que el gobierno "siempre estará abierto al diálogo; por ello, no entendemos las medidas de presión adoptadas por las agrupaciones gremiales de Gendarmería".
Advirtió que el paro es ilegal y que "el Ejecutivo hizo una propuesta a los gremios de Gendarmería que beneficia de forma muy relevante a los funcionarios. Se trata de medidas que abordan directamente los problemas de carrera funcionaria aducidos en la protesta. Lo anterior, en un escenario de gran estrechez fiscal, es un esfuerzo manifiesto del gobierno".
Los funcionarios, en tanto, por la misma vía, insistieron en que no permitirán "el ingreso de imputados, ni la salida al exterior de internos", salvo en casos excepcionales. Así, también, acusaron al gobierno de "amedrentamiento", al dictar un "instructivo para aplicar descuentos de sueldos".
Agregan que el personal que no está asistiendo normalmente a sus funciones lo hace "no por voluntad propia, sino por las acciones ejercidas por sus representantes gremiales".
