El martes 22 de agosto la Cámara de Diputados y el Senado autorizaron la trigésima prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, a solicitud del gobierno, en un hecho que genera ciertas dudas en sectores del PC y el Frente Amplio, dado que se trata de una medida que constantemente se descartaba desde Apruebo Dignidad, antes de llegar a La Moneda.
Fue el 12 de mayo del 2022 que el gobierno decretó la medida y, desde entonces, ha sido el Ministerio del Interior quien ha impulsado la renovación del estado de excepción, ahora a cargo de la ministra Carolina Tohá.
Tohá presentó a los parlamentarios una serie de antecedentes de la efectividad, en algunas zonas, del despliegue militar, uno que tiene al Ejército con sus recursos humanos y logísticos casi al límite, pues también se encuentran cumpliendo labores de resguardo en la Macrozona Norte.
Según detalló Tohá, la estrategia de “Más Seguridad” aplicada en las regiones en las que rige la medida constitucional contempla seis acciones.
Una de estas es sobre la “estrategia de controles”, la cual hasta el 30 de julio registró que Carabineros realizó 300.994 controles policiales, contemplando un promedio diario de 686 operativos de este tipo. A raíz de aquello, hasta ese periodo, 557 personas han sido detenidas, de las cuales el 31% han sido arrestadas por robo de madera.
En cifras de Interior, hasta el 30 de julio, las Fuerzas Armadas han realizado 23.412 patrullajes, además de 655 labores de ese tipo de manera aérea y 28.855 operativos de seguridad.
Para lograr aquello, según cifras a las que tuvo acceso La Tercera, las FF. AA han desplegado -en promedio- 1.497 funcionarios al día. De estos, 1.033 pertenecen al Ejército, 378 a la Armada y 86 corresponden a la Fuerza Aérea.
Puntos de control
El despliegue de las fuerzas militares también contempla 117 puntos de control, de los cuales 101 están en la Región de La Araucanía y las otras 16 en la Región del Biobío. A esto se suma que hasta la fecha hay ocho bases militares disputas en la Macrozona Sur.
En Biobío están ubicadas en las comunas de Los Álamos, Contulmo, Tirúa y Mulchén. Mientras que en la Región de La Araucanía se emplazan en Lumaco, Capitán Pastene, Curacautín y la que se instalará durante septiembre en Traiguén. Esta última fue anunciada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras la ola de ataques incendiarios ocurridos durante la primera semana de agosto.
En cuanto a recursos materiales, durante abril de este año se comenzaron a desplegar 34 camionetas blindadas, lo que generó una inversión de $ 5.500 millones, expusieron desde el gobierno. A estos también se suman los $ 3.000 millones que costó adquirir los cuatro vehículos blindados modelo “bastión”, además de otros 15 “módulos blindados móviles” que resisten hasta impactos de balas de fusiles de diversos calibres.
Durante el segundo semestre, además, según señaló el subsecretario Monsalve el 4 de agosto, se reconvertirán vehículos de Carabineros, los cuales pasarán a blindarse. Además de la adquisición de equipos de respuesta rápida.
Bajan homicidios y suben cortes de ruta
Durante la discusión de una nueva prórroga al estado de excepción, desde Interior destacaron que -en cifras de Carabineros- hasta el 3 de agosto los hechos de violencia en la Macrozona Sur han disminuido 11% respecto del año pasado, y 39% a la misma fecha del 2021.
Pese a que los delitos aumentan en algunas zonas, como los cortes de ruta que han crecido 13%, en promedio, los homicidios han bajado 58% este año, mientras que los ataques incendiarios descienden 21%. De igual forma, durante las últimas semanas se han registrado una seguidilla de eventos que hacen que el gobierno mantenga la medida y una especie de “alerta roja” en la zona.
A juicio del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (ind-Evópoli), “sin lugar a dudas”, si no fuera por el estado de excepción y la presencia de las Fuerzas Armadas y policías “estaríamos enfrentando una verdadera catástrofe”. Ante eso, agrega: “Hemos insistido desde el inicio del gobierno en la necesidad de esta respuesta, aunque lamentablemente llevó más de 50 días para que se renovara. E incluso cuando se extendió, se resistió la necesidad de eliminar sus limitaciones. Julio registró la menor cantidad de delitos terroristas en los últimos tres años, un logro que obedece a este cambio de estrategia”.
Pese a eso, Rivas sostiene que no basta con esto, por lo cual se necesita “un cambio radical en la forma de enfrentar esta crisis de seguridad: de la contención a la persecución. Es hora de que el gobierno declare de manera decidida la guerra al terrorismo”.
El delegado presidencial de la Región de La Araucanía, José Montalva, sostiene que “todas las medidas que ha impartido el Estado tienen incidencia, sin embargo, tenemos que seguir trabajando porque esta baja desde el 2021 hasta la fecha es una muestra del camino que tenemos que seguir recorriendo”.
En ese sentido, la autoridad de gobierno en la región asegura que se debe trabajar en materia legislativa, en el despliegue policial y finalmente en “poder enfrentar de forma determinada y con un punto de vista de Estado el conflicto que arrastramos desde el siglo XIX hasta la fecha y que en los últimos años ha tenido también expresiones violentas”.
