Igualdad social y legal fue la frase más repetida de la marcha por los derechos LGBTQI+ que convocó a más de 150 mil personas este sábado en el centro de Santiago, después de haber sido suspendidas las dos versiones anteriores debido a la pandemia.

En un Chile enmarcado en cambios profundos, con una Convención Constitucional que escribe una nueva Carta Magna y a pocos días de elegir a un nuevo presidente, la Marcha del Orgullo incorporó por primera vez una columna de migrantes LGBTQI+ con un lienzo que manifestaba “diversidad sin fronteras”, reivindicación acompañada por representantes de embajadas y consulados de 12 países de América y Europa.

“Esta marcha es muy significativa, pues marca la reactivación de nuestra lucha masiva en las calles, tras dos años y medio sin poder marchar debido a la pandemia. Venimos a decir, con toda la fuerza, que el orgullo está más vivo que nunca”, precisó Daniela Andrade, vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los asistentes al encuentro se reunieron en Plaza Baquedano, y caminaron por la Alameda, portando lienzos, pancartas, globos y la bandera arcoíris que representa al movimiento gay.

La marcha pacífica, que se desarrolló con música y bailes, fue encabezada por familias homoparentales que, con un lienzo que indicaba “Igualdad legal y social para todas las familias”, demandaron la pronta aprobación del proyecto de ley que avanza en el Congreso para instaurar el Matrimonio Igualitario.

Desde 2015 rige en Chile el Acuerdo de Unión Civil (AUC) que legaliza la unión de parejas del mismo sexo con las mismas obligaciones legales de un matrimonio heterosexual, pero no les permite tener hijos.

“Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Debo darles las gracias también por existir, porque ustedes en su diferencia están construyendo una democracia amplia sin exclusión”, dijo la académica Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constituyente, quien participó de la instancia vestida con un traje típico de la mujer mapuche.

La manifestación también exigió el cese de la violencia y los crímenes de odio, una reforma de la Ley Zamudio sobre derechos LGBTQI+ y la derogación del artículo 365 del Código Penal, un texto que establece una edad mínima de 14 años para consentir relaciones heterosexuales, pero que la fija en 18 para homosexuales.