Más de $200 millones para “sanar” deudas de Achifarp y pagos a “funcionarios fantasma”: los hitos que marcaron el primer día de formalización del alcalde de Recoleta

Tres años, dos meses y 24 días. Ese fue el tiempo que pasó desde que la empresa proveedora de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), Best Quality, presentó la querella por estafa en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Este fue el punto de inicio del caso que este miércoles tuvo un importante hito cuando el Ministerio Público formalizara a la autoridad comunal por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa.

La audiencia, que se extendió por cerca de siete horas, y que continuará este jueves, estuvo marcada por una serie de hechos, pero principalmente por las imputaciones que tanto el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal especializada en delitos económicos, Giovanna Herrera, realizaron en contra del también expresidente de Achifarp.

A las 9 en punto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llegó hasta el frontis del Centro de Justicia acompañado de su pareja, la abogada brasileña Anjuli Tostes; además de su jefa de gabinete, Soledad Concha. Antes de su arribo, militantes del Partido Comunista (PC) se reunieron en el metro Rondizzoni, para luego -al ritmo de batucadas y consignas en apoyo al alcalde-, trasladarse hasta el Centro de Justicia.

Los cerca de 300 militantes que llegaron hasta tribunales vociferaban en contra del Ministerio Público con cánticos que decían: “La Fiscalía se vendió y con Jadue se ensañó”. Los convocados por el PC montaron incluso un espacio para comer en el frontis del Centro de Justicia.

En medio de vítores y loas de sus adeptos, el alcalde de Recoleta arribó al recinto en medio de una situación que a ratos se tornó compleja. Y es que al ser rodeado por periodistas, los militantes del PC se sumaron a acompañar la caminata de Jadue, además de comenzar a agredir a la prensa lanzando golpes de puños, patadas e intentar bloquear las cámaras de televisión. Los forcejeos llevaron al personal de seguridad del recinto de justicia a cerrar en momentos las puertas, para así controlar a la muchedumbre.

Una vez logró entrar a la explanada, Jadue entregó sus primeras palabras. “Vamos a demostrar nuestra inocencia y vamos a desmantelar todas las fantasías de la Fiscalía (...) estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la Fiscalía han hecho con mucho esfuerzo”, dijo el alcalde antes de llegar a la sala 101 del edificio D del Centro de Justicia.

En la sala también estaban los imputados José Matías Muñoz, secretario ejecutivo de Achifarp; Raúl Moraga, quien también ocupó ese cargo; María Constanza Matus, funcionaria cercana a Muñoz; María Eugenia Chadwick, exdirectora del departamento de Salud de Recoleta, y el sucesor de esta, Eduardo Sendra. Por la empresa que habría realizado el soborno a Jadue estaba Patricio Zavala y Álvaro Castro, socio de esta.

Pero los problemas al ingreso se repetirían más de una vez durante la jornada. En la entrada del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, así como también fuera de la sala, cinco militantes comunistas -a quienes no los dejaron ingresar por no ser abogados, ni familiares de los imputados-, protagonizaron una pequeña trifulca.

Luego de varios minutos, y ya con todos dentro de la sala, se dio inicio a la audiencia de formalización, la cual comenzó cerca de las 9.20 horas, aunque cerca de 20 minutos después entró en receso debido a la ausencia de uno de los imputados. En ese intertanto Jadue salió hasta el pasillo del piso 1 -la prensa y el público estaba en el 2-, lo que motivó a un grupo de militantes a hablarle al alcalde. “Sabemos que usted tiene las manos limpias, compañero. Pedro Aguirre Cerda acompañándolo hoy”, le dijeron. Ante lo cual, el alcalde PC sólo respondió: “Muchas gracias, compañera”.

Cerca de las 10.45, finalmente, la audiencia se reanudó y comenzó con la intervención del fiscal regional, quien leyó uno a uno los hechos que se le imputan a Jadue y compañía. Según señaló Armendáriz, entre el 2020 y 2022, el jefe comunal, Moraga y Muñoz, “realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp”. Acciones que habría sido sin el conocimiento del directorio de la asociación de municipios.

Luego de la lectura de hechos, cerca de las 13.20 horas, el abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda, pidió un receso para que la autoridad comunal fuera al baño, ante lo cual la magistrada Paulina Moya decidió hacer un corte por la hora de “almuerzo”. Poco antes, se dictaron medidas cautelares para los imputados menos comprometidos en el caso; Castro, Matus Chadwick y Moraga. Las medidas variaron entre firma mensual o quincenal, así como también el arraigo nacional. Junto con esto se acordó un plazo de 120 días para la investigación.

Al regreso del receso fue el turno de la fiscal Herrera, quien es la titular de la indagatoria y quien ha sido blanco de las críticas del militante comunista. Previo a exponer ante el tribunal las pruebas que acreditan los delitos y la necesidad de cautela, aclaró que esta investigación no tenía un objetivo político ni que iba en contra del modelo de las farmacias populares, sino que contra los delitos cometidos dentro de la organización liderada por Jadue.

En ese sentido, la persecutora solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde Jadue, así como también para el exsecretario Muñoz, quien además es investigado por el delito de lavado de activos. Durante toda la tarde, la fiscal entregó pruebas para demostrar que los imputados cometieron el delito de administración desleal y que defraudaron al Fisco.

“Los imputados se aprovecharon de la estructura, la organización y el patrimonio de esta asociación para sus propios fines, para su propio provecho y para sus propios intereses”, aseguró Herrera. Junto con esto, sostuvo que Jadue y Muñoz ocultaron el real estado del organismo el 2021 porque el primero se encontraba en la precampaña presidencial y la reelección de alcalde. Para demostrar que ocultaron la información y mal utilizaron la organización, la fiscal citó las declaraciones de los alcaldes Germán Codina y Jorge Sharp, quienes también encabezaban Achifarp.

La persecutora, quien aseguró que Jadue administrativa toda la organización, para justificar -en parte- el presunto fraude al Fisco, detalló que la Municipalidad de Recoleta aportó a Achifarp $ 90 millones, a lo que se suman aportes extraordinarios, como el de un convenio para adquirir un producto por $ 493 millones, a lo que se sumarán otros $ 206 millones, según adelantó La Tercera, que se entregaron para pagar deudas.

“Análisis de Ingresos y Gastos Achifarp”. Así se titula el informe policial que ayer llegó a la Fiscalía, enviado por la Jefatura de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS-7.

En el análisis se revisaron antecedentes bancarios -provenientes del alzamiento de secreto bancario- de la sociedad, detectando que los ingresos totales de Achifarp sumaron, entre 2017 y 2022, $ 3.233 millones, donde su principal fuente corresponde a entidades públicas en un 81,6%, observándose también ingresos de personas naturales y entidades privadas.

Sin embargo, el informe advierte que si bien los egresos totales de la asociación ascienden a $ 3.557 millones, donde su mayor gasto está en el pago a proveedores con un 68,1%, “se observan pagos sin identificar por parte del Banco Estado, en conjunto con pagos a personas naturales, las cuales no prestaron ningún servicio a través de honorarios o sueldos, tampoco son proveedores, por lo que se desconoce a qué corresponden estos pagos”.

Otro de análisis por parte de la policía remitidos a la Fiscalía dio cuenta del estudio a los aportes recibidos por la asociación, en que Jadue oficiaba como presidente.

El objetivo de la revisión fue analizar el uso de los fondos extraordinarios solicitados a la Municipalidad de Recoleta para la fabricación del medicamento Interferón, para el tratamiento del Covid-19, la cual se basaba en un convenio celebrado con la Universidad de Concepción, del 12 de junio de 2020.

Ese estudio también dejó dudas en los investigadores, considerando el hallazgo de la policía en ese uso de fondos. “Producto de la revisión efectuada de los movimientos bancarios producidos desde la fecha del ingreso de los aportes extraordinarios de la Municipalidad de Recoleta por un total de $ 204.976.800, se evidencia que estos dineros fueron utilizados completamente en saldar las obligaciones financieras que tenia Achifarp con terceros, y que ninguna parte de estos fondos fueron utilizados para la fabricación del medicamento Interferón”, se detalla en el informe fechado el 28 de mayo.

A lo largo de su alocución, la fiscal Herrera citó una serie de declaraciones, mostró fotografías que además demostrarían el presunto cohecho que solicitó Jadue a la empresa proveedora (con donación al PC comunal), y citó pruebas sobre cómo se mal administró Achifarp por parte de los imputados.

Por ejemplo, la persecutora dio cuenta que se compró en Cuba cajas de glucómetros y tiras reactivas por $ 300 millones, los cuales quedaron guardados en bogedas y que finalmente vencieron. Según expuso la fiscal, a través de fotografías, estos insumos médicos incluso intentaron ser vendidos y terminaron botados en un vertedero.

“Nunca tuvieron recursos para pagar la deuda. Las mercaderías adquiridas nunca se vendieron, se perdieron. Nunca llegaron a los socios. Se endeudó, se llevó a la quiebra la asociación, se pagó con el patrimonio social y la mercadería nunca llegó a los socios. Nunca. Esa es la gravedad. Estábamos en julio del 2020 en pandemia. Las mercaderías eran un elemento de seguridad fundamental. ¿Y qué se hicieron? Estuvieron en las bodegas al menos hasta septiembre del 2021, todavía tenían más de 1.300 millones de mascarillas en las bodegas sin ocupar”, señaló Herrera.

Pero no fue lo único. Y es que la fiscal también reveló que luego de no poder ser vendidos los productos, un año después se hizo un remate, donde las mascarillas que se habían comprado fueron rematadas a vendedores ambulantes y comerciantes del barrio Meiggs a un precio “irrisorio”.

“Esa fue la gran negociación del presidente del directorio (Jadue) para intervenir el mercado, para mejorar la salud de los ciudadanos y para mejorar los precios en el ámbito de la salud”, concluyó Herrera.

En esta primera jornada de formalización, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solo alcanzó a presentar las pruebas de los delitos de estafa, quedando pendiente aún -entre otros- el de fraude al Fisco. Por lo mismo, esta continuará en una segunda cita, este jueves desde las 9.00 horas.

Al terminar la audiencia, el alcalde Jadue aseguró que “por lo menos (yo) percibí una presentación muy débil de la Fiscalía y me voy muy confiado a casa de que no tienen pruebas de ninguna magnitud”. Tras esas declaraciones, y al igual que como lo hizo al ingresar, la autoridad comunal fue rodeada por los medios, en una caótica salida en la cual sus adherentes y círculo cercano empujaron a la prensa.

Cuando faltaban cinco minutos para las 17.00 horas, un Nissan Pathfinder de color gris esperaba al alcalde Jadue en el frontis del Centro de Justicia. Rodeado por sus adherentes, la autoridad comunal se subió al vehículo mientras se escuchaban los vítores contra la “prensa burguesa” y del cántico “Se siente, se siente, Jadue es inocente”.