Durante cerca de dos horas el fiscal nacional, Ángel Valencia, expuso ante la comisión experta del nuevo proceso constituyente ciertos puntos que el representante de la entidad persecutora cree que podrían mejorarse, modificarse y mantenerse de la actual Carta Magna y que van relacionados con el Ministerio Público. En primer lugar, uno de los ejes en que más énfasis puso fue el mantener la autonomía de la institución que dirige, esto con el objetivo de poder perseguir penalmente a cualquier persona y no tener una dependencia de algún poder del Estado.

“La autonomía constitucional garantiza que los y las fiscales puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad y sin estar sujetos a intimidación ni injerencias indebidas, constituyendo una garantía del acceso a la justicia de la ciudadanía y del correcto funcionamiento del sistema de justicia penal”, dijo.

A pesar de esto, Valencia plantea que la autonomía del Ministerio Público no debe ser confundida con la inexistencia del control de la sociedad civil, abogando por más participación ciudadana y rendición de cuentas ante la población. En este sentido, el fiscal nacional plantea la creación de un consejo asesor consultivo abierto a personas naturales para monitorear el trabajo de la fiscalía nacional, para evitar el “aislamiento” que mantiene con la población.

En esta línea, aseguró que la independencia económica también debería revisarse, para que de esta forma, los recursos de las fiscalías tengan compromisos presupuestarios más largos en la Ley de Presupuesto, entregando mayor independencia en la planificación de los programas del Ministerio Público.

“La dependencia financiera de una decisión de la autoridad política o del legislativo amenaza la autonomía. Desde que estoy en el cargo no he sufrido alguna presión de esa naturaleza, pero sí en teoría es una amenaza”, aseguró.

“Cuando el Presidente me designó como candidato fue uno de los peores fin de semana de mi vida. En esta oportunidad se sobrepasaron todos los límites y se afectó mi imagen”. Así definió Ángel Valencia el último proceso de designación de fiscal nacional que lo involucró, es por esto que aseguró que la elección de este cargo debería ser revisado y mejorado.

Para el fiscal nacional existen diferentes formas para elegir al representante del Ministerio Público, donde siempre deben estar presentes los poderes del Estado e incorporar la participación ciudadana. En este sentido, Valencia aseguró que la designación de un nuevo fiscal nacional no debería cruzarse con un proceso electoral.

Además, se refirió a los tiempos que debería estar en el cargo el fiscal nacional y regional, aunque de forma ambigua. “La duración no debería ser tan corto en términos de impedir que el liderazgo en el Ministerio Público incluso en sus regiones no tenga tiempo suficiente para implementar sus decisiones. Desde luego no puede ser tan largo, para impedir el dinamismo y renovación en una institución que clama por modernidad e innovación”, expuso.

Uno de los problemas que se presentan en la actual reglamentación del Ministerio Público , aseguró Valencia, es la incapacidad del fiscal nacional de aumentar la dotación de fiscales y de modificar las cantidades de persecutores en las fiscalías regionales, poniendo como ejemplo la situación en la macro Zona-norte, donde el número de fiscales es mucho menos que la cantidad de causas que se investigan y que han ido en aumento durante los últimos años.

“Como solo se pueden crear fiscales por Ley nos impide reaccionar para aumentar el número de fiscales en ciertas regiones o para situaciones como la que vivimos en Tarapacá o en los casos de violencia rural en la zona sur”, comentó.

Además, puso sobre la mesa la creación de una fiscalía supraterritorial para delitos de alta complejidad, que pueda investigar hechos independiente de la región o comuna donde estos ocurran, con el fin de administrar de mejor manera la sobrecarga de los fiscales

“En esto, existe una amplia experiencia comparada de que ciertos fenómenos delictivos transregionales o transnacionales requieren de una fiscalía que pueda intervenir en todo el territorio, desplazarse y coordinar todos los esfuerzos institucionales a fin de mejorar la persecución penal”, planteó

De esta misma forma, Valencia argumentó que con el objetivo de mejorar las investigaciones, el Ministerio Público y las policías deberían tener objetivos comunes para además, tener mejor y mayor coordinación entre ambos entes.

En esta instancia, Valencia aprovechó de marcar la diferencia con su antecesor Jorge Abott, quien tuvo una serie de diferencias con la convención constitucional, sobre todo en la norma que proponía que los procedimientos y resoluciones judiciales fueran públicas.

“No participé del proceso constituyente anterior, aunque lo seguí atentamente como ciudadano y académico. Ni menos fui parte de las reflexiones y presentaciones que autoridades del Ministerio Público realizaron en su oportunidad”, afirmó.

De igual forma, aprovechó de comprometerse a mantener el contacto con esta nueva comisión, asistir a las reuniones de las subcomisiones y seguir aportando en el debate constitucional.