En un periodo de cinco días se contabilizaron 15 homicidios en la Región Metropolitana, todos crímenes donde se utilizaron armas de fuego, siendo en la mayoría de estos casos ataques directos contra las víctimas. Una cifra que dejó al descubierto la crisis de seguridad que vive el país y en particular la capital, razón también por la que el gobierno ha reorganizado su agenda en búsqueda de soluciones y que llevó a que este jueves el Presidente Gabriel Boric anunciara diversas medidas, como la construcción de una cárcel de alta seguridad.

Para Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social (COES), las medidas que se han anunciado las últimas horas no son suficientes, pues asegura que la única forma de atajar a las bandas de crimen organizado, que a su juicio son el origen de la crisis actual, es tener políticas anticorrupción.

El también académico de la UTEM explica que este es un problema que se viene gestando desde hace más de cinco años y que si bien se llegó a una situación límite, aún hay tiempo de solucionarlo.

¿Está pasando el país por su peor momento en cuanto a seguridad?

Sí, después de la dictadura, sí.

¿Por qué?

Porque estamos enfrentando fenómenos de crimen organizado que no conocíamos en Chile, principalmente por la llegada de organizaciones venezolanas que vienen mezcladas en una gran ola migratoria. Incluso vienen depredando a sus propios compatriotas, porque los inmigrantes son las principales víctimas de estas organizaciones criminales internacionales.

¿Cuáles son los peligros de estos crímenes?

Es un tipo de crimen organizado muy violento, muy depredador y que es aún peor que el narcotráfico, porque el narcotráfico establece relaciones comerciales con los clientes, pero cuando hay una banda que extorsiona, o que explota a personas para que ejerzan la prostitución de manera forzada, como es el caso de lo que estamos viendo en Chile, son organizaciones que no tienen ningún respeto por la vida. Por otra parte, la llegada de estas organizaciones nos encuentra en un momento donde están saliendo a la luz problemas bastante estructurales de corrupción en nuestro país y que durante mucho tiempo se mantuvieron debajo de la alfombra. La piedra angular de cualquier política exitosa para combatir el crimen organizado es seguir la ruta del dinero o flexibilizar el secreto bancario, pero hay resistencia de diversos sectores políticos.

¿Se puede poner fecha al inicio de esta crisis de seguridad?

El primer antecedente claro que hay es que Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, vivía en Renca desde principios de 2018. En el gobierno de Sebastián Piñera se desregularizó la migración venezolana y entró una cantidad de malos elementos disimulados en mucha otra gente que, efectivamente, venía a trabajar. Y por esa fecha se instala el Tren del Agua y otras organizaciones en Chile. Por ejemplo, ahora sabemos que los involucrados de la balacera del fin de semana en Lampa obtuvieron visa justo por ese tiempo. Hay un primer periodo en que esto no es muy visible, porque obviamente el crimen organizado trata de ocultar sus actividades. Luego viene la pandemia que fue una oportunidad muy importante para la expansión de organizaciones criminales, ya que una parte de Carabineros estaba dedicada a tareas de control sanitario. Y, por otra parte, la misma crisis económica obligó a mucha gente, sobre todo, población de bajos recursos, a buscar otras alternativas de subsistencia, que iban desde la participación en actividades comerciales informales hasta ilegales.

¿Hay vuelta atrás?

Diría que todavía sí, pero tampoco hay que confiarse, porque lo más preocupante, más que el aumento de los homicidios, es el aumento de la corrupción. Cuando el crimen organizado pasa de ser un fenómeno marginal a comprar autoridades o legisladores, ahí no hay vuelta atrás, esa es la urgencia de todas estas medidas de anticorrupción e investigación de flujos de dinero.

¿Y qué se podría hacer para ponerle freno a esta situación?

Las medidas que anunció el Presidente van en la dirección correcta de mayor fiscalización, coordinación y reforzamiento, pero esto no puede depender de pedir un esfuerzo extraordinario a las policías, porque también son personas y se agotan. Hay que diseñar una estrategia para inyectar mayores recursos a políticas de seguridad de forma estructural y eso es mucho dinero, y la única manera de financiarlo es mediante la detección sistemática de todo flujo de dinero ilegal, desde el lavado de dinero proveniente de crimen hasta la evasión tributaria.

En ese aspecto, ¿cómo se evita algo peor?

Lo único que ha funcionado en países que han enfrentado cosas parecidas es tolerancia cero al dinero ilegal, porque desincentiva la actividad criminal, porque si sabes que tienes una alta posibilidad de que te descubran y que incauten tus ganancias, el incentivo a cometer crímenes es mucho menor. Y segundo, es mantener las capacidades de control policial e investigativo al día.

¿Ha visto complejos en el gobierno al tratar la agenda de seguridad o tomar medidas?

Al contrario, el complejo lo veo en el Congreso, que tiene durmiendo las leyes más importantes, que son de inteligencia económica y de inteligencia del Estado, y han dilatado su tramitación de una manera insólita que uno no se explica, a menos que los legisladores que están dilatando sean financiados de forma ilegal.

¿Podría empeorar esta situación?

Por supuesto, está empeorando y si seguimos como estamos va a seguir empeorando. De esto no se puede echar la culpa al gobierno de turno ni nada, esto es algo de larga data. E, insisto, mientras no tengamos una política de tolerancia cero, a cualquier forma de dinero ilegal, esto no hay manera de pararlo.

¿Qué le pareció el anuncio de la construcción de la nueva cárcel?

Era algo que había que hacer, pero no es una solución al problema. Las cárceles latinoamericanas reproducen la criminalidad y el Tren de Aragua y organizaciones criminales similares nacieron en las cárceles y que no les importa volver a la cárcel. La única medida realmente disuasiva del crimen organizado es que sepan que no van a ganar ni un peso cometiendo un crimen.