Cuarenta y un mil millones de pesos se perdieron durante el primer trimestre de este año por personas que no pagaron el pasaje en el Transantiago, según la industria. Una fuga de recursos que debería tender a detenerse cuando comience a operar hoy el "registro de evasores" del sistema, con el fin de aplicar multas aún más drásticas a quienes viajen gratis en buses y metro.

El Ministerio de Transportes implementará un programa de fiscalización especial para hacer operativa la norma por parte de inspectores de la cartera y carabineros. La tarea se realizará a través de un equipo portátil que lee el último pago de la tarjeta bip! -sea de adulto o escolar- y cuando se detecte a un infractor, sus antecedentes serán enviados al Juzgado de Policía Local. Este año ya han sido sancionadas 15.900 personas por esta conducta, mientras que se han requisado 482 pases escolares.

La norma dice que la infracción por evadir la tarifa será considerada como "grave" y que los nombres de quienes no cancelen la multa serán remitidos a un registro de usuarios, el que generó debate durante la discusión parlamentaria. Si una persona está incluida en esa lista, se le retendrán impuestos equivalentes al monto adeudado, no podrá renovar la licencia de conducir u obtener el permiso de circulación.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que la ley "no tiene considerada una marcha blanca, ni una primera fase. La evasión es un problema que afecta enormemente a nuestro sistema de transporte, por lo que, en beneficio de todos los usuarios, se requiere poder enfrentarla con todas las herramientas, lo antes posible". La secretaria de Estado añadió que disminuir la evasión (que llega a un 28%) "es una de nuestras prioridades, no solo por el daño que se le hace al sistema en términos económicos, sino porque afecta directamente a los usuarios que sí pagan el pasaje".

Datos privados

La ministra de Transportes sostuvo que a la base de datos del nuevo registro solo se puede acceder a través de la Ley de Transparencia, con algunas restricciones. Podrá ser consultado solo por personas naturales identificadas y un máximo de ocho veces en un año. Solo se explicitará si un usuario está en el registro. Además, esta información no podrá ser usada para fines comerciales o laborales. Así, también existe reserva de la información sobre menores de edad.

Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la Organización Derechos Digitales, criticó que el Estado "cree una base de datos que tiene como objetivo discriminar a las personas. Esto puede suceder cuando alguien busque trabajo y consulten esta especie de 'Dicom'". Agregó que esta información pueden ser usada ilegalmente por empresas para venderlas a firmas que requieran clasificar el nivel de riesgo de los clientes.

Jessica Matus, presidenta de la Fundación Datos Protegidos, agregó que desde la tramitación de este proyecto han planteado que se podrían generar "listas negras", pues estos antecedentes podrán ser consultados masivamente.

Carlos Melo, exsubsecretario de Transportes, añadió que el objetivo del registro fue "disuadir de esta conducta a las personas, lo que esperamos que se logre". Advirtió, además, que quienes hagan mal uso de los antecedentes, como venderlos a empresas, "serán severamente sancionados. La idea es que esto no suceda, porque los datos serán resguardados". Así, quienes vendan la información tendrán una sanción que puede alcanzar las 20 Unidades Tributarias Mensuales ($ 950 mil).

La cartera también aclaró que las personas morosas antes de la fecha en que comenzó a regir la ley no serán enviada al registro público, lo que incluye a los deudores de este año y a las 96.267 personas infractoras en 2017.

Leopoldo Pérez, diputado de la Comisión de Transportes de la Cámara, agregó que esta medida no tendrá utilidad "si no se hace un dramático mejoramiento al sistema de transporte en comunas populosas y que las empresas se hagan cargo de controlar la evasión".

Felipe Clark, gerente de Alto Evasión, sostuvo que esta ley podría ayudar, pero que habría sido más efectiva "si las personas hubieran tenido que pagar en el momento la multa por no cancelar el pasaje". También destacó que se establecen castigos más altos a quienes no cumplen con el pago de la tarifa, lo que es sancionado ahora en la ley con un grado más de pena a quienes los ataquen.