A puertas cerradas y con máxima reserva. Así se desarrollan las negociaciones entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los representantes legales de la empresa propietaria de los terrenos del cerro Centinela en San Antonio, donde se emplaza la toma más grande del país.

Según pudo confirmar La Tercera, ambas partes se preparan para firmar un acuerdo de confidencialidad, condición para mantener operativa la mesa técnica tripartita que busca destrabar el conflicto y avanzar hacia una solución habitacional formal para más de 3.700 familias que hoy habitan el sector.

Las condiciones del acuerdo han sido abordadas en las reuniones entre el Ejecutivo y los representantes de la inmobiliaria mandatados por los propietarios Ricardo Posada y Esteban Solari. La idea es establecer un marco de reserva sobre las condiciones de compraventa del terreno, los mecanismos de financiamiento, los plazos de implementación y quien será el aval en todo este proceso.

El gobierno y los dueños de la megatoma de San Antonio establecieron una mesa de negociación formal tras la firma del protocolo que permitió suspender por seis meses la orden de desalojo judicial dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, originalmente fijada para febrero de este año.

En paralelo a la negoción que se lleva a cabo en Santiago, en San Antonio la delegada del Minvu para la megatoma, Gloria Maira realiza reuniones semanales con los pobladores de la toma buscando consolidar la organización en las cooperativas que en teoría podrían comprar los terrenos en disputa.

En esa línea, detallan desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “se está finalizando el proceso de formalización de las cooperativas. Terminado esto, viene la constitución de la federación, cuyas bases ya están siendo discutidas”.

Respecto al rol de la federación de cooperativas, explican que “permitirá articular a las 40 cooperativas y asumir la interlocución con el Minvu, el municipio de San Antonio y otros organismos públicos involucrados en el macrocampamento de San Antonio”.

En el detalle, se han formalizado 40 cooperativas, que agrupan a un total de 3.718 familias del campamento, con el objetivo que esta conformación de organizaciones permita que los mismos habitantes accedan a la propiedad del terreno a través de un modelo de compra colectiva.

10% de las familias no está en cooperativas

Sin embargo, la cantidad de familias inscritas en cooperativas aún no cubre la totalidad del catastro realizado por el Minvu hace algunos años, el cual identificó a 4.136 familias viviendo en el terreno. De acuerdo a las cifras actuales, faltan 418 familias —cerca del 10%— para que la totalidad de los habitantes estén organizados bajo este modelo.

Desde el Minvu explican que este 10% no incorporado corresponde a personas que no alcanzaron a firmar el día de la convocatoria, no se acercaron al proceso o cuya situación aún no ha sido plenamente identificada. Se trata, aseguran, de un proceso abierto, donde continuamente se suman nuevos interesados, y donde la delegación ministerial está trabajando en la identificación de estos casos para determinar en qué condiciones se encuentran.

La existencia de este proceso organizativo ha sido una de las condiciones fundamentales para el diseño de una salida negociada. En el protocolo firmado a fines de febrero entre el Gobierno, los propietarios y el municipio, se estableció un plazo de seis meses –hasta agosto de 2025– para alcanzar un acuerdo que permita evitar un desalojo forzoso, que habría afectado a cerca de 10.000 personas.

“Estamos atentos a lo que está ocurriendo con el Gobierno. Si bien estamos a la espera de los resultados —que esperamos sean positivos—, hemos respaldado este proceso, y queremos adelantar que, si esta comisión fracasa, eso no significa que se ejecutará automáticamente un desalojo. En ese escenario, buscaremos por la vía judicial que las familias no sean desalojadas”, señaló el abogado Rodrigo Valdés, representante legal de la primera cooperativa conformada en el cerro Centinela.

Por su parte, el abogado Diego Pereira, representante legal de los propietarios del terreno, declinó referirse al tema al ser consultado, argumentando que no contaba con la autorización necesaria para entregar declaraciones.

Un nuevo barrio en San Antonio

El cerro Centinela, donde se instaló el campamento a partir de 2019, alberga actualmente a miles de familias en condición de alta vulnerabilidad, incluyendo una proporción significativa de niños, adultos mayores y población migrante. Aunque originalmente el asentamiento fue considerado inhabitable por razones de riesgo geológico, en los últimos meses la estrategia del Minvu ha girado hacia la integración progresiva del territorio mediante planificación urbana y fortalecimiento institucional.

En ese marco, y según confirmó el ministerio, se está elaborando un plan de inversión pública para el sector norte de San Antonio, que incluiría proyectos de transporte, salud y educación, con la participación activa del municipio, el Gobierno Regional y otras reparticiones del Estado. El objetivo: que el asentamiento deje de ser un enclave precario y comience su transición hacia un barrio consolidado.

Además, el Minvu detalló que las cooperativas cuentan con capital inicial y cuotas de pago, lo que les permitirá postular a financiamiento habitacional bajo la modalidad de crédito colectivo. En las próximas semanas, está prevista una reunión entre las directivas de las cooperativas y las autoridades del ministerio para abordar en conjunto un plan de urbanización, desarrollo e integración del sector.