El año pasado el joven que registró más delitos, según los datos que maneja el Ministerio Público, tuvo participación en 47 ilícitos. Se trata de un adolescente de 17 años que vive en Concepción, cuyo prontuario, hasta el momento, acumula robos, hurtos, lesiones, daños y receptación, entre otros.

El caso de este menor refleja un fenómeno que se ha instalado en los adolescentes infractores: ha bajado el número de detenidos, pero existe una alta concentración de delitos por persona.

Según el boletín estadístico de la Fiscalía Nacional, en 2018 hubo un total de 28.278 menores infractores de la ley. De ellos, el 17%, es decir 4.807 jóvenes, concentró la mitad de los delitos cometidos por adolescentes en el periodo. De acuerdo al Censo realizado en 2017, el total de la población de este rango etáreo, entre 14 y 18 años, es de 971.352 jóvenes.

Según Rolando Melo, director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, la cifra demuestra que "las causas por sujeto único van al alza, el promedio de delitos que cometen los adolescentes está llegando a 1,93 ilícitos por sujeto único". En 2018, dice, el 66% de los sujetos únicos que ingresaron al sistema lo hicieron una sola vez en un año, pero cuando se observa a los jóvenes "más prolíficos, aquellos que tienen mayor cantidad de ingresos, se puede decir que el 17% de los adolescentes representa el 49% de los delitos que ingresan ese año".

El abogado detalla que existen tres factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un menor inicie una actividad delictual. El primero es el "rezago o deserción escolar, lo cual está presente en casi todos los adolescentes infractores de ley". Luego, cuando el menor tiene "hermanos o padres privados de libertad, es decir, su núcleo familiar tiene personas vinculadas al mundo del crimen". El tercer factor de riesgo, asegura Melo, es "el consumo problemático de droga". Dado este diagnóstico, Melo plantea que se necesitan "estrategias focalizadas en grupos específicos para combatir y prevenir la delincuencia".

¿Control a los menores?

El envío al Congreso, por parte del gobierno, de un proyecto de ley para reformar el control preventivo que promulgó la expresidenta Michelle Bachelet, para que ahora los jóvenes entre 14 y 17 años puedan ser objeto de éste, ha abierto un debate al respecto.

La iniciativa fue rechazada por la oposición y también por los fiscales. Un argumento puesto sobre la mesa fue que la cantidad de menores infractores de ley viene a la baja y que, en consecuencia, se necesitan otras estrategias de prevención.

Según estas cifras, desde el año 2011 a la fecha ha disminuido un 55% la cantidad de menores infractores de ley. Si en 2011 hubo 62.947 jóvenes registrados, en 2018 la cifra bajó a 28.278.

Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defensoría Penal Pública (DPP), sostiene que en el organismo están investigando por qué ha bajado tanto la cantidad de menores en el sistema. Al respecto, comenta que existen varias causas que lo podrían explicar, como por ejemplo factores demográficos y también los efectos que tuvo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Por todos estos antecedentes, dice Aranda, es importante pensar correctamente las formas para prevenir los delitos de adolescentes: "Hay que atacar los factores de riesgo. En Chile no hay una ley de protección integral de la infancia, los planes de prevención recién se están articulando y muchas veces nos hemos equivocado de vía, endureciendo las penas o castigando los delitos de manera más severa, lo que está demostrado que no es el camino".

Sobre el proyecto que envió el gobierno el viernes pasado, Aranda indica que "no hay ningún dato empírico que demuestre por qué se tiene que incluir a los jóvenes en el control preventivo". El abogado de la DPP plantea que se trata de una medida "poco eficaz" que abre la puerta a controles "arbitrarios, sin ningún efecto directo en la prevención de la delincuencia".

Rolando Melo, por su parte, advierte que el control preventivo "requiere de una muy buena evaluación previa", pero advierte que "controlar adolescentes no va a combatir la delincuencia, sino que sólo puede hacer efectivas las resoluciones judiciales pendientes que se detecten".

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