De manera inédita desde que se inauguró la Línea 6, Metro cuantificó las consecuencias de la suspensión de su servicio del 28 de febrero pasado, provocado por la presencia de una persona no autorizada en las vías del tren.
La empresa lo hizo a través de una querella presentada el 1 de marzo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por desórdenes públicos en contra de Sebastián Cataldo Miño, quien fue formalizado por este delito el 1 de marzo, quedando con la medida cautelar de prohibición de ingreso a la red de Metro.
En la acción legal se detalla que "a las 18.20, al interior del vagón del tren N° 13 que circulaba en la línea 6, específicamente en la estación Inés de Suárez (...) el imputado Sebastián Cataldo Miño, desciende a las vías de circulación de trenes y corre por ellas en dirección a estación Los Leones".
Según el escrito, estos hechos "significaron la interrupción del servicio de transporte por 1 hora con 58 minutos, afectando a una cantidad aproximada de 16.000 clientes, ocasionando un daño operacional calculado preliminarmente en $38.193.892 para mi representada".
La acción realizada por Cataldo, de acuerdo al texto, fue advertida por personal de Metro, que activó el protocolo de emergencia, el que consiste realizar el corte inmediato de la energía en las vías. Luego, indica la querella, se autorizó el descenso de personal de seguridad y se pidió que concurriera personal de Carabineros. De esta forma, se logró detener a Cataldo, quien fue encontrado escondido en una canaleta de desagüe.
El escrito indica, además, que para enfrentar esta situación Metro tuvo que evacuar tres trenes que estaban en servicio y con pasajeros en su interior, y realizar un recorrido parcial entre las estaciones Cerrillos y Ñuñoa. Recién, señalaron, se logró normalizar el transporte cerca de las 20.20.
Asimismo, la empresa requiere en la acción judicial que sean citados a declarar a diversos testigos, entre vigilantes privados, operadores e inspectores de seguridad, además de efectivos de Carabineros.
Diligencias
También, en el texto se pide que "se recaben grabaciones audiovisuales de seguridad y registros de salto de alarma que pudieran existir en poder de Metro".
Desde la empresa a cargo del tren subterráneo señalaron que se fijó una audiencia para el 27 de marzo para determinar la continuación o suspensión del proceso por estado mental del imputado.
En ese sentido, indicaron que "lo más probable es que con la decisión del juez penal, Metro estudie la interposición o no de acciones civiles".
