Este viernes, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) materializó la expulsión de 36 extranjeros en el primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el presente año, el que tiene como destino las ciudades de Guayaquil (Ecuador) y Bogotá (Colombia).
Según informó el Sermig, las primeras 21 personas abordaron el avión en el Grupo 10 de la FACh, en Santiago, mientras que las restantes lo hicieron en la base Los Cóndores, en Iquique. De las expulsiones, 14 fueron por orden administrativa y las 22 restantes por orden judicial.
Entre las razones para las expulsiones judiciales de las personas extranjeras que abandonaron el país, cuatro cometieron el delito de secuestro, ocho fueron expulsados por robo con violencia, tres por robo con intimidación, dos por porte ilegal de arma de fuego, dos por tráfico ilícito de drogas, uno por robo en lugar habitado, uno por hurto simple y una persona por incendio.
De los expulsados por orden administrativa, siete fueron por ingresar por paso no habilitado, cuatro por delitos asociados a la Ley 20.000 (sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas), uno por tráfico ilícito de drogas, uno por robo en lugar no habitado y uno por robo por sorpresa.
Incluido este vuelo de la FACh, en los primeros días del año se han materializado 42 expulsiones, 20 administrativas y 22 judiciales. En tanto, en 2023, se registraron 946 expulsiones, 337 de ellas administrativas y 609 judiciales.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, comentó que “las personas que hoy expulsamos del país han cometido delitos como secuestro, robo con intimidación, robo con violencia y porte de armas. Es importante señalar que, con este, ya van ocho vuelos chárter con expulsados en lo que va del mandato del Presidente Gabriel Boric”, y añadió que para el gobierno es prioritario expulsar a aquellas personas que han cometido delitos o tienen antecedentes penales.
Respecto a cómo aumentar el número de expulsiones, Thayer dijo que “es importante avanzar en la tramitación del proyecto que permite expulsar a personas que están presas por delitos asociados a la ley 20.000. Nuestras cárceles están colapsadas con personas que han cometido delitos asociados al tráfico de drogas que, actualmente, no las podemos expulsar del país hasta que terminen de cumplir su condena”.
