El aumento oficial de extranjeros en Chile, acompañado de una cifra aún no definida de indocumentados, sería motivo del incremento de denuncias realizadas por inmigrantes como víctimas de vulneraciones a la normativa laboral, según las organizaciones de la sociedad civil promigrantes.

De acuerdo a dichas entidades, esta situación está directamente relacionada con el crecimiento en denuncias y multas por vulneración laboral del trabajador foráneo. Como respuesta a esta realidad, los organismos han solicitado al gobierno que inicie un proceso de regularización extraordinario de personas, lo que impediría que los extranjeros se expongan a riesgos en su seguridad, así como al atropello de sus derechos.

Según información de la Dirección del Trabajo, la cifra de denuncias ha aumentado casi al doble entre 2016 y 2017. En tanto, el monto de las multas cursadas por la propia Dirección del Trabajo en contra de empleadores advertidos en estas prácticas creció de $ 804 millones a $ 1.277 millones en los últimos dos años.

Según Rodolfo Noriega, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, "los problemas de abuso laboral y vulneración de trabajadores extranjeros tiene directa relación con la irregularidad migratoria".

En este sentido, el dirigente explica que el plan nacional para combatir la irregularidad e informalidad que proponen al gobierno contempla formalizar a todos los extranjeros indocumentados, con objeto de evitar que "muchos empleadores se aprovechen de esta situación",

"De esta manera no habría pretexto para que los extranjeros tengan relaciones laborales informales. Si la gente estuviera documentada no existirían este tipo de situaciones", enfatiza Noriega, quien explica que la irregularidad migratoria "lleva a los inmigrantes a quedar en situación de carencia laboral", dos aspectos que cree "se alimentan mutuamente".

Según estimaciones presentadas por la Coordinadora de Acción Migrante, el número de foráneos que habitaría el país de forma ilegal sería cercano a los 200 mil extranjeros. Sin embargo, desde el gobierno han descartado dar una cifra oficial y reiteran que este número se conocerá una vez se informen los resultados definitivos del Censo 2017.

De acuerdo a Eduardo Cardoza, presidente del Movimiento de Acción Migrante, "la irregularidad atrae trabajo precario y todos los inconvenientes con respecto a los derechos de los migrantes".

Cardoza coincide con otras entidades en la necesidad de promover un proceso extraordinario. No obstante, considera que esta sólo sería una solución parcial al problema real que hoy enfrenta la inmigración.

"Consideramos que la irregularidad que hay, en su enorme mayoría, tiene que ver con la legislación. La regularización no es la respuesta definitiva. Ya se ha realizado en otras dos ocasiones, lo cual demuestra que la ley existente genera irregularidad. Eso hay que cambiarlo. Eso no le hace bien a la migración", agregó.

Desde el retorno a la democracia, en Chile se han realizado dos procesos de regularización extraordinaria. En 1998, durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y en la primera administración de Michelle Bachelet, en 2007. En aquellas oportunidades se regularizó la situación de 22 mil y 46 mil extranjeros, respectivamente.