En septiembre pasado, varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes hoy en Chile se unieron para solicitar una audiencia temática en el marco del 172 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo, demandaron en la petición:  manifestar su preocupación ante la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera.

La cesión se realizó ayer en Kingston, capital de Jamaica, y los integrantes de la CIDH escucharon la exposiciones de los representantes del gobierno y de los expertos que cuestionan medidas como la expulsión de migrantes en vuelos especiales de la Fuerza Aérea de Chile (Fach)

De parte del Ejecutivo, Mijail Bonito, asesor de política migratoria del Ministerio de Interior,  lideró la comitiva de diez personas, integrada, además, por el embajador en la OEA, Hernán Salinas, y  el Jefe de la División de Protección, de la Subsecretaría de Derechos Humanos -que depende del ministerio de Justicia-, Gonzalo Candia.

Una de las intervenciones más polémicas de la jornada fue la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur, Birgit Gerstenberg, quien criticó las acciones del gobierno chileno en esta materia. La ciudadana alemana es la representante de Michelle Bachelet en América del Sur.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-se-enfrenta-comisionada-dd-hh-onu-politica-migratoria/647757/

Algunos de los temas que la ciudadana alemana cuestionó, generando la molestia del Ejecutivo, fueron la manera en que se han abordado las solicitudes de refugio, las "expulsiones colectivas" que habría realizado el gobierno, y la ausencia de una estrategia contra la trata de migrantes. "Nuestra oficina nota con preocupación que el Estado de Chile ha recurrido a expulsiones colectivas de personas migrantes por encontrarse en situación irregular (…) Llama al Estado de Chile para que ponga fin a las mismas", dijo ante la Corte.

Mijail Bonito, quien lideró el grupo del gobierno, conversó con La Tercera respecto de esta instancia y los dichos de la representante de ACNUDH.

-Su equipo calificó ayer de "irresponsables" los dichos de la representante de Bachelet para América del Sur, Birgit Gerstenberg . ¿Qué reparos tienen con sus observaciones?

Las expulsiones administrativas del año 2015 al 2017 fueron muy superiores a las judiciales. El gobierno del Presidente Piñera se ha enfocado en regularizar a los migrantes y en expulsar a aquellos que cometen delitos. Señalar que el Estado tiene debilidades vinculadas al racismo con afrodescendientes cuando se acaba de promulgar una legislación que reconoce legalmente al pueblo afrodescendiente chileno, es inentendible. Decir que hay expulsiones colectivas cuando cada persona tiene un proceso individual con todos sus derechos garantizados es derechamente falso. Eso es inaceptable y por ello solicitaremos oficialmente a la Oficina de la Alta Comisionada que acredite sus dichos. Además, dicha Oficina ni siquiera se acercó a las autoridades para pedir información al respecto, lo que no constituye una práctica habitual.

-A su juicio, ¿corresponde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie respecto de esta situación o pasa a llevar la autonomía del país?

Fue una audiencia muy respetuosa que dio la oportunidad al Estado de presentar ante la CIDH su exitosa gestión migratoria actual, de contar que se ha ordenando el desproporcionado aumento de migrantes de los últimos años con total respeto por los derechos humanos y las convenciones internacionales, así como la garantía del debido proceso y otros derechos que se establecen en el proyecto de ley.

-La comisionada Esmeralda Arosamena, encargada de la sesión de ayer, se ofreció para visitar Chile y ver la situación de los migrantes, ¿qué le parece?

Los comisionados siempre viajan a visitar los distintos estados. Chile es un país respetuoso de los derechos humanos y estamos orgullosos de los grandes avances que hemos tenido en materia migratoria. No es nada inusual la solicitud y el Estado debe determinar las formas en que se podría dar si así ello lo decide.

-La Corte ofreció, además, apoyo técnico al proyecto de ley de migraciones presentado por el gobierno y que hoy se encuentra en el Senado. ¿Lo consideran pertinente?

No existiendo en Chile vulneraciones a los derechos humanos y habiéndose dejado establecido que el proyecto de ley tiene avances extraordinarios en cuanto a respeto, protección y garantía de derechos humanos de los migrantes, resulta sumamente conveniente que un proceso legislativo de esta envergadura y apegado a los estándares internacionales transcurra con total fluidez en el marco de la institucionalidad chilena. Eso le puedo decir.

-Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que les gustaría trabajar más en conjunto con ustedes, ¿se les incluirá en el trabajo que realiza el Ministerio del Interior?

Siempre ha estado esa oportunidad: las organizaciones han participado de todo el proceso migratorio desde el día en que el Presidente Sebastián Piñera anunció las reformas. En la regularización muchas apoyaron y participaron. Directamente desde el Ministerio del Interior hay reuniones periódicas y acciones conjuntas con decenas de organizaciones. Algunas han tomado un camino de acercamiento a las reformas y otras de crítica, lo que es legítimo. En el proyecto de ley han sido atendidas todas las visiones al respecto, ha sido un proyecto con altísima participación de la sociedad civil.