La Corte Suprema próximamente dará a conocer si acoge o rechaza un recurso de nulidad presentado por el capitán de Ejército José Faúndez, a raíz del fallo que lo condenó a 15 años de cárcel por su participación en la muerte de Romario Veloz, un ciudadano ecuatoriano que falleció tras recibir un impacto de bala de parte de una patrulla del Ejército durante el estallido social en la Región de Coquimbo.

Faúndez fue declarado culpable en 2023 por los delitos de violencia innecesaria por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad. Por lo mismo, el militar recurrió ante el máximo tribunal, instancia que ya dejó “en acuerdo” la resolución.

Pero esa no es la única batalla judicial del capitán de Ejército, pues también recurrió ante la Corte Suprema en contra del Ministerio de Defensa, dado que la cartera encabezada por la ministra Adriana Delpiano aún no visa el retiro por enfermedad que decretó la institución castrense y que decidió jubilarlo por “inutilidad de segunda clase”. Eso le permitiría recibir una jubilación acorde al grado que debería tener a medida que hubiese avanzado en la carrera militar.

El funcionario fue declarado en esa situación por la Comisión de Salud del Ejército, la que consideró que no estaba apto para volver a sus funciones, por los problemas de salud mental -dice- que sufrió durante la crisis social. “Recopilados los antecedentes estima que el trastorno adaptativo que afecta al capitán José Santiago Faúndez Sepúlveda se produjo con ocasión del servicio, producto del desempeño de sus funciones en el contexto del estallido social en el año 2019″, sostiene la resolución a la que tuvo acceso La Tercera.

La espera de Defensa

En mayo del 2024, según consta en el recurso ingresado por el abogado del funcionario, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, envió los antecedentes de la resolución de la institución a Defensa, para que se cursara el decreto que estableciera su retiro por enfermedad. Sin embargo, denuncia Faúndez, aquello -a la fecha- no ha ocurrido.

En primera instancia, el capitán condenado a 15 años de cárcel presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declare una omisión ilegal y arbitraria de parte del ministerio, por no dictar el decreto requerido para cursar su retiro. Pidió que se ordenara a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas emitir el documento correspondiente.

Durante ese proceso el tribunal de alzada requirió a la Subsecretaría encabezada por Galo Eidelstein una respuesta, desde donde apuntaron a que actualmente el proceso penal -por la condena- de Faúndez seguía en curso, lo que los imposibilita de cursar su retiro.

Por lo mismo, la Corte decidió rechazar el requerimiento del militar, dado que la justificación de Defensa “es atendible y explica de manera suficiente la situación, por cuanto es evidente que es menester contar con la situación procesal del recurrente afinada para efectos de emitir el pronunciamiento solicitado”.

El intento ante el máximo tribunal

Ante el rechazo del tribunal de alzada, recientemente los abogados del capitán Faúndez presentaron un recurso de apelación ante la Corte Suprema, para que revierta la decisión de la Corte de Santiago.

En ese escrito, el funcionario apunta a que no existe justificación que fundamente la omisión de Defensa, “lo que la torna en ilegal y además existe razón que permita razonablemente amparar la decisión de no dictar el decreto, toda vez que el dictamen de la comisión de sanidad es inapeable y no procede recurso administrativo, ni control de legalidad que pueda realizar la Subsecretaría, de modo tal que la omisión en la dictación del decreto no solo es ilegal, sino que también arbitraria”.

A juicio del capitán, la decisión vulnera el derecho de igualdad ante la ley, así como también corresponde a un acto de omisión que no tiene justificación legal. “Nos encontramos frente a un caso en el cual la administración del Estado no ha cumplido con las obligaciones (...) Tal inactividad lesiona la garantía y el derecho a la igualdad ante la ley de nuestro representado, quien debe ser tratado de la misma forma que todos los funcionarios a los cuales la Comisión de Sanidad ha declarado su inutilidad de segunda clase”, agrega el escrito.

En esa línea, la apelación de Faúndez ante la Suprema pide que se revoque la resolución en la que se rechazó su recurso de protección, que se ordene a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas dictar el decreto y que además se condene en costas a la repartición de gobierno por la omisión cometida.

La Suprema ahora debe fijar una audiencia para escuchar los alegatos de las partes y consigo decidir si acoge o no la decisión de ordenar a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a cursar el retiro por enfermedad de Faúndez, quien además espera que se resuelva su situación penal en la que se le condenó a 15 años de cárcel.