Militares en la Macrozona Sur: gobierno estudia ingreso de decreto a Contraloría para que FF.AA. apoyen a policías

“Con alcances”, el contralor Jorge Bermúdez Soto tomó razón el 6 de agosto de 2019 del decreto N° 265, de 2019, del Ministerio de Defensa. La medida promovida por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en ese momento, facultó a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para colaborar en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera terrestre del país.

Esa vez no fue fácil sacar adelante el decreto para el Ejecutivo: desde la oposición acusaron su “inconstitucionalidad” y que sería riesgoso darle más atribuciones a las FF.AA. Al final, la Contraloría restringió la normativa, aclarando que las FF.AA. “se deben circunscribir a la prestación de apoyo en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen” a las policías.

Las dificultades de esa vez son factores que el gobierno -especialmente el Ministerio del Interior- está sopesando desde inicios de abril de este año, con miras a ingresar un nuevo decreto nº 265 a la Contraloría, que permita la colaboración logística, tecnológica y apoyo de transporte por las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur del país, una vez que concluya el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe (que tiene vigencia hasta este 30 de junio).

El gobierno estudia presentar este decreto ante el ente fiscalizador, luego de evaluar positivamente la realización de los patrullajes mixtos realizados por Carabineros y militares. “Tanto los patrullajes mixtos, la colaboración intersectorial, los coordinadores de Macrozona (...) la coordinación policial con los gobiernos locales, ha permitido tener avances”, dijo el 14 de abril el ministro del Interior Rodrigo Delgado, en una sesión especial en la Cámara para discutir los hechos de violencia en La Araucanía.

Además, lo piensan hacer considerando el exponencial aumento de violencia rural que se ha registrado en la zona. Según las cifras de Carabineros y la PDI, desde el 1 de enero al 4 de abril de este año, hubo 307 eventos de este tipo en La Araucanía, un 160% más que los ocurridos durante el mismo periodo de 2020 (118). Y el tipo de delito que más creció fue la usurpación de terrenos, pasando -durante el mismo periodo- de 14 incidentes en 2020 a 129 este año.

De hecho, solo en un día, el 6 de mayo pasado, se registraron cinco ataques de forma simultánea. Uno en el sector de Palo Blanco, en una faena forestal de propiedad de Mininco, donde llegaron cinco encapuchados vestidos con ropas militares, quienes intimidaron a las víctimas e incendiaron seis máquinas. En el lugar se encontró una pancarta que decía “Hueichan Auca Maipu libertad a Freddy Marileo, Emilio Berkoff, Luis Tranamil, Erick Montoya y César Millanao, presos de la revuelta”.

A 15 kilómetros de ahí, en el puente El Canelo, comuna de Lumaco, encapuchados incendiaron varios camiones forestales. Y en el sector de Cerro Partido, de la misma comuna, también quemaron más camiones. Lo mismo pasó en la Hostería Los Laureles, ubicada en la Ruta P-90, donde prendieron fuego a otros sietes camiones.

En este contexto, según altas fuentes de La Moneda, el gobierno está evaluando cuáles serían los criterios del decreto para ver en qué líneas específicas podrían apoyar las Fuerzas Armadas en la zona, como el combate al narcotráfico, el crimen organizado e, incluso, los delitos terroristas. Sin embargo, antes de tomar la decisión, Interior quiere sopesar el efecto práctico y político de la medida.

La posibilidad de introducir este decreto surge luego de que el 14 de marzo el coordinador de la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur, Cristián Barra, renunciara a su cargo luego de que en una entrevista a El Mercurio criticara el rol de las Fuerzas Armadas en La Araucanía. “Me toca reunirme con ellos como jefes de la Defensa (...) y encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados para decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, dijo Barra en esa oportunidad. En su reemplazo llegó el abogado Pablo Urquízar, quien se encuentra trabajando en un conjunto de medidas para desarticular a las organizaciones que realizan atentados.

Para Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, “ampliar el decreto 265 a la Macrozona Sur permitirá a las FF.AA. prestar apoyo logístico, tecnológico y de transporte a nuestras fuerzas de orden y seguridad en el control territorial de ciertas zonas donde hoy no impera el Estado de derecho. Los hechos demuestran que es una necesidad imperiosa dotar de mayores capacidades a nuestras policías que hoy se ven sobrepasadas por la escalada de violencia que ejercen grupos armados”.