A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció hoy que ya ingresó a la Contraloría el decreto destinado a revocar el Premio Nacional de Educación 1995 a Hugo Montes Brunet (93).
El trámite comenzó el 22 de julio pasado, cuando la jefa de la cartera indicó que la decisión se adoptó "por haberse tomado conocimiento de denuncias públicas de hechos que se le atribuyen y que constan en diversas investigaciones, que son contrarios a los principios que inspiran este reconocimiento por parte del Estado".
Después de que se iniciara el proceso, el aludido tenía tres días de plazo para presentar sus descargos. Fuera de ese periodo, uno de los hijos de Montes envió una carta al Mineduc en que señalaba que su padre no estaba en condiciones de salud para defenderse.
Desde la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación elaboraron un informe al respecto, en el que se consideraron las denuncias, procesos canónicos y querellas que hoy se tramitan en la justicia civil. En este documento se da cuenta de "antecedentes de gravedad, verosimilitud, y pública notoriedad, en particular, de un procedimiento eclesiástico, en que se tuvo por acreditado el patrón de conducta imprudente de quien ha tenido responsabilidad directa y cercana en la formación de estudiantes".
En el escrito se detalla, además, que Montes "gozaba de destacadas condiciones personales y adhería definitivamente a los más elevados estándares y valores que lo habrían constituido en un auténtico maestro, admirado y apreciado por generaciones de discípulos".
Respeto a víctimas
De acuerdo con el acta del jurado de 1995, se otorgó el galardón al educador luego de considerar "sus destacadas condiciones personales y su definida adhesión a los más elevados valores lo constituyen en un auténtico maestro, cuya labor ha sido admirada y apreciada por numerosas generaciones de discípulos".
Cubillos explicó que "hoy en la ley no está establecida la forma de revocar un Premio Nacional, pero sí en el derecho administrativo existe la forma jurídica de revocar un decreto, porque nos paree que era también un acto de reconocimiento y respeto a las víctimas".
El diácono fue denunciado públicamente por presuntos abusos a menores. El 9 de julio pasado, el abogado que representa a los exalumnos del colegio San Esteban, Juan Pablo Hermosilla, presentó una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables por eventual encubrimiento en estos casos.
