Alrededor de 450 mil estudiantes tendrán acceso a la gratuidad en 2021, de acuerdo a las estimaciones de la Subsecretaría de Educación Superior, del Ministerio de Educación (Mineduc). Se trata del mayor incremento de esta política iniciada en 2016, pero que ya pasados cinco años suma nuevas instituciones y, por ende, una mayor matrícula de alumnos beneficiados.

Las cifras oficiales indican que en 2016 un total de 139.886 alumnos accedieron a la gratuidad por pertenecer a familias correspondientes al 60% de menores ingresos, mientras que en lo que va de este año existen 401 mil estudiantes con la ayuda.

La proyección del Ministerio de Educación indica que con el ingreso de siete nuevas instituciones a esta política a partir de 2021 -en total son 60 casas de estudio- se estima que habría 50 mil nuevos jóvenes con gratuidad el próximo año.

Esto implica que casi el 39% de los alumnos que estudian en la educación superior (1.151.000 estudiantes) lo hará con esta política.

Hoy, el 58% de los alumnos pertenece a universidades y un 42% a institutos o centros de formación técnica. Al inicio, este beneficio se entregaba solo en universidades y en 2017 se sumaron los recintos técnico-profesionales acreditados.

Respecto del presupuesto destinado a gratuidad, en 2021 se considera un aumento de 7% real de recursos, lo que involucra un presupuesto de $ 1,2 billones en esta área. Es decir, casi la mitad del presupuesto de educación superior corresponde al beneficio.

Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, explicó que la proyección de la cartera se basa en que hay siete nuevas instituciones que se sumaron y “al cambio de situación socioeconómica de jóvenes, que hasta ahora no habían podido acceder al beneficio, pero que producto de la pandemia serán parte del 60% más vulnerable del país”.

Vargas añadió que es importante considerar que dado el contexto económico complejo actual, este incremento “obliga a tener que hacer ajustes en otras partidas del presupuesto de educación superior”. Destacó que Chile es el país de la Ocde que más invierte en educación terciaria (5,4% del gasto público), por lo que “aumentar más ese presupuesto implicaría necesariamente disminuir otros, lo cual no parece razonable, al menos respecto de educación escolar y parvularia”.

En relación a esta política, el rector de la U. de Santiago y vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, afirmó que “ayudar a ingresar a estudiar a alumnos que no tienen ingresos es, sin lugar a dudas, y especialmente ahora con la pandemia, un gran apoyo”. Zolezzi indicó también que un problema es que hay estudiantes que no terminan su carrera en el periodo inicial, por lo que pierden la gratuidad, lo que lleva a que las instituciones no pueden cobrarles más del 50% del arancel y ello redunda en una merma de recursos.

Añadió que la expansión de la gratuidad ha llevado a que cada vez más instituciones se adscriban a ella, lo que representa nuevos ingresos para los planteles en medio de la compleja situación económica por la crisis.

Cambios

Andrés Bernasconi, académico de la Facultad de Educación de la UC y director del Centro Justicia Educacional, explicó que “los aumentos (de recursos) en cuanto a gratuidad se van a traducir en reducciones de gastos en aportes a las instituciones de educación superior. La gratuidad está creando una tensión entre el financiamiento a los estudiantes y el financiamiento a las instituciones de educación superior o del presupuesto en la investigación”.

Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, consideró que este sistema de financiamiento “no ha significado mayor equidad al sistema y genera un importante gasto fiscal regresivo”. Puntualizó que existe consenso en que debe haber un sistema de créditos contingentes al ingreso de los estudiantes, lo que implica que puedan devolver lo financiado de acuerdo a sus salarios.

En tanto, el rector Zolezzi destacó que los rectores han pedido que se postergue la entrada en vigencia de los nuevos aranceles regulados, que regirán desde 2021 (monto que entregará el Fisco por la gratuidad a cada plantel), pues ellos cubren solo parte de las inversiones de las universidades.