El Ministerio de Desarrollo Social y Familia aseguró este sábado, a través de un comunicado, que “ante la solicitud del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias del ministerio, la cartera ha mostrado total disposición a entregar toda la información y antecedentes requeridos”.
Esto luego de que se diera a conocer que el jueves personal de la PDI llegó hasta dependencias del Ministerio para concretar la orden del fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Carlos Cornejo. Este último indaga la denuncia del diputado Andrés Jouannet (Amarillos) respecto a la entrega de $442 millones -en un período de cinco meses- desde la Conadi a la consultora Chikawal Limitada, creada en febrero de este año.
La diligencia fue solicitada para resguardar posible evidencia de la investigación, tras el robo de 23 computadores ocurrido la noche del miércoles.
Al llegar los detectives el jueves en la noche, consultaron a funcionarios del Departamento de Tecnología de la Información en qué lugar (nube) se alojaba la información de los convenios y si era posible hacer respaldos forenses de forma voluntaria. Los trabajadores señalaron que no era posible visar la autorización, ya que le correspondía a autoridades de mayor rango resolver sobre lo solicitado por la institución policial.
Ante la negativa, la Fiscalía solicitó autorización judicial, la que fue concedida este viernes. Así, ese día, integrantes del Cibercrimen, ya con la orden, comenzaron a realizar las copias forenses.
En el comunicado, Desarrollo Social agrega que “se ha convenido con el fiscal a cargo que por aspectos técnicos (envergadura y complejidad) y de oportunidad en la entrega, se pudiera precisar por dónde partir la entrega de la información”.
“Así se ha realizado en diversas instancias, y últimamente con información requerida vinculada a investigaciones sobre convenios con fundaciones u otros organismos colaboradores, donde el Ministerio ha aportado de manera proactiva información y antecedentes a la Fiscalía y a Contraloría”, añade el comunicado.
Además, “aclaran” que “el Ministerio de Desarrollo Social “tiene por mandato legal el resguardo de datos de millones chilenos y chilenas, almacenados en bancos de información protegidos y servidores e instalaciones con protecciones físicas y lógicas para impedir el acceso indebido de personas no autorizadas por la relevancia de los datos, por tanto, no se encuentran en notebooks y computadores personales de los funcionarios”.
