Tribunal decreta prisión preventiva para el exalcalde de San Ramón formalizado por presuntos delitos de corrupción

El 15° Juzgado de Garantía decretó esta tarde la prisión preventiva para el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera por los delitos de cohecho reiterado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero mientras ejercía como edil de esa comuna capitalina.

En la ocasión, la jueza Marcela Dattas Zapata dio por acreditados los delitos imputados por el Ministerio Público contra Aguilera, al señalar que, en este momento de la investigación, “existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que (el ex alcalde) ha participado en los tres delitos que hoy se le han imputado”.

Al justificar la medida cautelar, la magistrado indicó que “los delitos por los cuales fue formalizado el señor Aguilera, para esta jueza, no son cualquier delito. Son delitos cometidos mientras ejercía un cargo público y no un cargo menor”.

“Aquí se ha puesto en juego el estado de derecho, se ha puesto en juego la democracia, porque estos son los delitos que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema, el daño que se genera al estado de derecho es un daño que, estimo, no es posible cuantificar. Aquí claramente son delitos de corrupción”, agregó la magistrado.

En este sentido, destacó que “aquí no solamente importa la peligrosidad en cuanto a la pena asignada al delito, importa el daño que se le ocasiona a los bienes jurídicos afectados por este tipo de ilícitos”.

“Es por esto que considero que la libertad del imputado si constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, independiente de que ya no ejerza la función” de alcalde, cerró la jueza Marcela Dattas, quien ordenó que se emitiera a la PDI una orden de arresto en contra del ex alcalde, a pesar de la petición de la defensa, la cual solicitó que Aguilera pudiera presentarse de forma voluntaria al recinto que determinara el tribunal, aludiendo a su condición de diabético al señalar que necesitaba proveerse de medicamentos. Finalmente, desde la Fiscalía Sur informaron que el ex alcalde Aguilera se entregó en horas de esta noche a la Brigada Anticorrupción de la PDI.

El tribunal, además, dictaminó que sea Gendarmería quien determine el lugar donde Aguilera cumplirá la prisión preventiva, considerando el perfil criminológico del imputado. Asimismo, ordenó establecer medidas para resguardar la integridad física y síquica de Aguilera.

Tras la decisión del tribunal, el fiscal Víctor Núñez indicó que “tras los antecedentes presentados por la Fiscalía Sur en la formalización realizada en la causa por corrupción del exalcalde de San Ramón, por los delitos de enriquecimiento ilícito, de más de $263 millones, cohecho por $17 millones, y lavado de activos, entre el año 2013 y 2017, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado, despachando incluso una orden de detención en su contra”.

“Asimismo, se formalizó a su ex jefe de gabinete en el municipio (Daniel García) por lavado de dinero, quien quedó con las cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Igualmente se mantiene la prisión preventiva contra el tercer imputado en la causa (el ex concejal José Miguel Zapata), que fue detenido y formalizado en el mes de mayo pasado cuando intentaba salir del país por vía aérea”, agregó.

Tras conocer el fallo, el actual edil de San Ramón, Gustavo Toro, afirmó en su cuenta de Twitter que “hoy cerramos un ciclo y nos enfocamos en construir una linda comuna”.

La audiencia continuará a las 10 horas de mañana martes 27 de julio, en la cual se discutirá el plazo de la investigación.

Durante esta jornada se realizó la audiencia de formalización de la investigación contra los imputados por presuntas irregularidades en la Municipalidad de San Ramón, entre ellos el exalcalde Aguilera.

El Ministerio Público imputó al exjefe comunal los delitos de cohecho reiterado, entre 2014 y 2016; enriquecimiento ilícito, que habría ocurrido desde enero de 2013 hasta septiembre del 2017; y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.

Como partes querellantes se sumaron también el Consejo de Defensa del Estado (CDE); el actual alcalde de San Ramón, Gustavo Toro; el excandidato del Frente Amplio para la alcaldía, Miguel Bustamante, y su par de RN, David Cabedo.

La audiencia estaba anteriormente fijada para el pasado 5 de julio. Sin embargo, Aguilera no se conectó a la formalización y su defensa presentó antecedentes médicos para justificar su inasistencia.

La jueza Marcela Dattas Zapata finalmente resolvió aceptar la presentación y dio por justificada su ausencia en la instancia, fijando así la nueva fecha para llevar a cabo la audiencia.

El proceso judicial se enmarca, además, a días de que se repitieran las elecciones municipales en 65 mesas de la comuna. Esto luego de que el Tricel determinara la existencia de irregularidades durante el proceso electoral de San Ramón del 15 y 16 de mayo, que le habían dado la reelección a Aguilera. Sin embargo, en la repetición parcial de los comicios, finalmente ganó Gustavo Toro (DC). El exalcade intentó anular los resultados, pero el Tricel no acogió este requerimiento.

Al inicio de la audiencia de formalización, la defensa de Miguel Ángel Aguilera sufrió un primer revés: se pidió que no se transmitiera la instancia por el canal de Poder Judicial y además que se discutiera previamente la incompetencia del tribunal. Ambas solicitudes fueron desestimadas.

Una vez zanjado lo anterior, comenzó la exposición de los antecedentes por parte del Ministerio Público en voz de los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez y Leonardo Zamora.

Sobre los hechos de enriquecimiento ilícito, se señaló que entre enero de 2013 y septiembre de 2017, Aguilera habría recibido depósitos reiterados en dos de sus cuentas corrientes, configurando un “incremento patrimonial injustificado” de más de $263 millones de pesos. Parte de ese monto, poco más de $39 millones, habrían sido realizados en 20 depósitos por caja de parte de Daniel García.

Junto con ello, y sobre los delitos de “cohecho pasivo”, se presentaron antecedentes que apuntan a irregularidades en adjudicaciones de licitaciones en la comuna.

“El imputado, en su calidad de empleado público y alcalde de la Municipalidad de San Ramón, solicitó y/o aceptó un beneficio económico para sí por haber omitido un acto propio de su cargo, que es ejercer sus facultades generales de fiscalización y supervigilancias internas (...) y velar por la observancia del principio de probidad administrativa dentro del municipio, así como por haber ejecutado los actos y celebrado los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad”, indicaron.

Para “disimular el origen ilícito de los bienes provenientes de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho cometidos por sí mismo” -detalló por su parte el fiscal Zamora-, el exalcalde habría realizado distintas maniobras como “ocultamiento por fraccionamiento” del dinero.

Finalmente -luego de que el tribunal decretara arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en contra de García-, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Aguilera. Esto, argumentando que su libertad representa un peligro a la seguridad de la sociedad y también por peligro de fuga.

Según afirmó el fiscal Núñez, “las obligaciones que incumplió y las omisiones en las que incurrió (Aguilera) al momento de suscribir los contratos administrativos, los decretos alcaldicios y su deber genérico de guardar la probidad en el municipio”, sumado a las “maniobras evidentes, ratificadas por los propios imputados, en cuanto a que había un ánimo de disimular la manera en que se gastaba el dinero, la manera en como ingresaban las cuentas y la manera en como se giraban”, justifican -a juicio de la Fiscalía- el decreto de esta medida cautelar.

Los querellantes también se adhirieron a la solicitud de prisión preventiva en contra del exalcalde Aguilera.

Por su parte, uno de los argumentos que utilizó la defensa de Aguilera para justificar su enriquecimiento fue una promesa de compraventa de su inmueble en la Florida, con fecha en el año 2014. Sin embargo, la Fiscalía acusó posteriormente que la documentación presentada para acreditar dicha promesa sería falsa.