La Congregación Salesiana informó hoy la apertura de una investigación previa contra el sacerdote José Carraro Bacchin, párroco de la iglesia Santa Ana, de Talca, por presuntos abusos sexuales cometidos entre 1992 y 1993, cuando la víctima era menor de edad. Y se le prohibió el ejercicio público del sacerdocio, como medida cautelar.
La orden recibió la denuncia el 28 de agosto y entregó los antecedentes a la fiscalía al día siguiente.
El caso del párroco Carraro, sumado al del sacerdote discípulo de Karadima, Diego Ossa -también denunciado por dos eventuales abusos cometidos antes de 2005- son los últimos de los 119 vigentes relativos a religiosos y otros miembros de la Iglesia Católica que actualmente investiga el Ministerio Público en todo el país.
En julio pasado, la unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional informó de 37 causas vigentes, las cuales, según la última actualización informada hoy por el ente persecutor, se triplicaron a 119. Se trata de indagatorias en las que se averiguan todos los grados de participación, ya sea como autores, cómplices o encubridores.
El centenar de casos involucra a 167 imputados, de los cuales 96 corresponden a sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos (no sacerdotes), 10 laicos, 20 sin información y siete obispos. Las personas investigadas también crecen, considerando que en el último catastro había solo 68 imputados.
También se sumaron víctimas. En julio se contabilizaban 104 y ahora hay 178, de las cuales 79 corresponden a niños, niñas y adolescentes, 15 adultos y otras 84 personas de quienes no se tiene mayor información, salvo que -al igual que el resto- fueron víctimas de abuso sexual por miembros de la Iglesia Católica.
Efecto incautaciones
A qué se debe este aumento de las causas vigentes por abuso, cifra que "nos duele, pero no nos sorprende", dijo el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret.
Según Luis Torres, jefe de la unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, quien ha coordinado desde un principio la recepción de antecedentes, el aumento se origina, por una parte, en que hubo más denuncias una vez que se hicieron públicos los primeros casos. Pero también a que "pudimos conocer más antecedentes en el contexto de las investigaciones, en particular en los documentos que estaban en las diócesis donde había informes que no estaban en nuestro correlato", aseveró, haciendo directa alusión a los 11 allanamientos a sedes eclesiales que ha ordenado el Ministerio Público en las regiones de O'Higgins, La Araucanía y Metropolitana.
La aparición de siete obispos como imputados también genera impacto, pues hasta ahora se conoce solo la citación en esta calidad del cardenal Ricardo Ezzati, quien mantiene pendiente su declaración ante el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien indaga un eventual encubrimiento en el caso del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.
"Puede ocurrir que aparezcan prácticas de que hubo intención de que estos casos nunca se investigaran", advirtió Torres.
Claret apuntó "al ejercicio del poder; sin cambios que limiten este poder absoluto, seguirán habiendo abusos".
Desde voces católicas, el abogado canonista Alejandro Álvarez lamentó que existan 178 víctimas a quienes "se dañó en todas sus formas, y, como dice el Papa, sus heridas nunca van a prescribir".
Agregó que "es muy positivo que esta información se transparente, dada la relevancia que tiene para la opinión pública que se conozca toda la verdad de cara a las víctimas y se pueda restablecer la justicia".
