Ministra de la Mujer y cifras de femicidios: “No estamos logrando descender las tasas de violencia y esa es nuestra preocupación”

Este martes, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, encabezó la entrega del Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) del año 2022, donde se evidenció un aumento constante en el número de femicidios frustrados durante los últimos años.

De acuerdo con los antecedentes reportados, en 2020 se contabilizaron 151 femicidios frustrados, 163, en 2021, y 180, en 2022. Y al 18 de diciembre de este año, en tanto, la tendencia es la misma, dado que ya se acumulan 208 casos.

Al respecto, la secretaria de Estado no esconde su preocupación, sobre todo, como indica, porque la mayoría de esas víctimas había hecho denuncias previas.

¿Cómo analiza las cifras que muestra este informe?

Lo que vemos es un aumento de la calificación de femicidios frustrados, lo cual tiene un correlato con que se está logrando un mejor trabajo de calificación inmediata de los hechos. ¿Por qué? Porque hechos que antes se calificaban quizás como lesiones graves o menos graves, hoy gracias al trabajo del Circuito Intersectorial de Femicidios, en un trabajo rápido y coordinado entre los servicios, se logra avanzar. Lo que estamos viendo, entonces, es un estancamiento en la violencia porque estamos logrando eliminar el subreporte, lo que se llamaba como la “cifra oculta”, pero no estamos logrando descender las tasas de violencia y esa es nuestra preocupación.

¿Cuáles son las situaciones más complejas que se evidencian?

En primer lugar identificamos que en el 55% del total de femicidios del 2022, los victimarios presentaban denuncias anteriores y que en un 12% de los casos el agresor tenía medidas cautelares vigentes. Esa es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso que en la Ley Integral Contra la Violencia estamos buscando establecer un mecanismo de supervisión judicial de las medidas cautelares para que podamos así garantizar su cumplimiento y pertinencia, y que no solamente que se declaren, sino que se cumplan.

Desde la Red Chilena contra la Violencia piden avanzar en prevención. ¿Cómo asumen esa tarea y qué se está haciendo en ese sentido?

Hemos cambiado la forma en la que hacemos las labores de prevención. Por distintos motivos, hasta el año pasado, las orientaciones técnicas del Servicio Nacional de la Mujer permitían hacer labores de prevención, talleres, sensibilización, capacitación sólo hasta los 29 años. Y, por lo tanto, nos quedaba un montón de población fuera de esas tareas. Ahora no le hemos puesto límite porque como nos muestra el informe del Circuito Intersectorial, tenemos víctimas de todas las edades, a pesar de que la época más recurrente se da entre los 35 a los 45 años.

Respecto del deber de la prevención, lo que estamos haciendo es que en la Ley Integral hemos introducido todo un capítulo de labores y deberes del Estado respecto a la prevención en cada uno de los servicios, es decir, intersectorialmente y no sólo para el Ministerio de la Mujer. Además, estamos cambiando el foco de las campañas de sensibilización. Las últimas dos campañas del Ministerio, que son las de nuestra gestión, no han estado enfocadas en decir “denuncia, denuncia, denuncia”, sino que en mostrar cuáles son las situaciones de violencia y cómo las personas alrededor de la víctima pueden apoyarla, no ejerciendo la autotutela ni supliendo el rol que le cabe al Estado, sino que desde las actividades que son cotidianas.

¿Cómo valora el hecho de que Carabineros, PDI, el Ministerio Público y el Poder Judicial estén consolidando sus unidades de género? ¿Ha favorecido la persecución y juzgamiento de delitos que afectan a las mujeres?

En el caso de Carabineros de Chile, estamos retomando el trabajo respecto a la instalación de las salas de familia. Nos parece que son una política muy efectiva para acercar la comisaría a las víctimas. También, este miércoles, se van a graduar más de 200 funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile que fueron capacitados precisamente por nuestro Plan Prevenir. Y lo mismo respecto a la Policía de Investigaciones, donde a través del fondo de transversalización de género, hemos financiado una especialización respecto a la cuestión de la violencia en espacio digital, que es una de las especialidades que tiene la PDI.

Estamos trabajando bastante de la mano a través de esta herramienta de la transversalización de género. No es la primera vez que se hace, pero creo que le estamos dando un buen impulso.

¿Cómo se están enfrentando las falencias que se evidenciaron por parte de Contraloría al manejo de la violencia de género en pandemia?

Este año hemos realizado un rediseño de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, precisamente para ir respondiendo a las cuestiones que plantea la Contraloría, que también las plantea la sociedad civil y las mismas víctimas. Hay un ámbito en el que estamos avanzando bastante. Ya presentamos la primera maqueta que se va a ir instalando en distintas regiones del Sistema de Gestión Integrado que hemos trabajado con el Banco Mundial.

Ese fue un trabajo que empezó bajo la gestión de la ministra Mónica Zalaquett a nivel de diagnóstico. Se hizo un diagnóstico de lo que enfrentan las mujeres cuando denuncian violencia y nosotras lo recogimos y continuamos el trabajo para poder darle curso a través de innovación, para así mejorar la experiencia de la víctima para que pueda acceder a justicia.