Ministra Rutherford concede libertad bajo fianza a general Alejandro Villagra procesado por fraude en el Ejército

Este lunes, la ministra Romy Rutherford dejó en libertad bajo fianza -de 500 mil pesos con consulta a la Corte Marcial- al general Alejandro Villagra, quien había sido detenido la semana pasada en medio de su procesamiento por su presunta participación en la arista del fraude de pasajes y fletes al interior del Ejército.

Su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien ha insistido en los desbalances en que incurre el sistema de justicia militar, reaccionó a la medida señalando que "los derechos humanos son para todos y tienen valor universal".

De esta manera, el comandante de la Primera Brigada Acorazada "Coraceros" podrá abandonar el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde se encontraba detenido hace una semana.

La decisión de Rutherford ocurre luego de que Manríquez recurriera a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional para insistir en la libertad de su representado, la cual había sido negada por la Corte de Apelaciones tras revisar el recurso de amparo que buscaba la revocación de la detención de Villagra, procesado en la arista "Empresas de Turismo".

Por su parte, el defensor dijo que "a esta altura de los tiempos, que el autor del más deleznable de los crímenes, como puede ser por ejemplo un parricidio y violación de uno de sus hijos, tenga más derechos que una persona acusada en un procedimiento escrito y secreto por un supuesto fraude, que además tampoco configuran un delito de naturaleza militar ni menos un perjuicio fiscal, no parece admisible".

En la misma línea, agregó que el proceso militar se ha tornado "contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la Constitución Chilena vigente", argumentando que en el caso de su cliente "un tribunal se ha encargado de investigar, juzgar, detener y podría sentenciar a una persona que no ha contado con todas las herramientas para poder defenderse adecuadamente, como sí las tiene cualquier otro actor del sistema acusatorio".

"Bajo ese punto de vista, nosotros sostenemos que el respeto a los derechos humanos constituye el límite máximo del ejercicio de la jurisdicción y de la soberanía, y el procedimiento penal militar hoy vigente, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vulnera garantías fundamentales de toda persona, así sea un militar en ejercicio. Los derechos humanos son para todos y tienen valor universal", puntualizó Manríquez.